Alzamiento contra la voluntad popular

La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán de anular las elecciones en esa provincia constituye un gravísimo acto institucional. Desconoce la voluntad popular legal y legítimamente expresada en las urnas y se arroga una autoridad que no posee, pues pertenece a la Junta Electoral que es el único órgano extra poder que podría tomar semejante medida de acuerdo con la ley y la Constitución.
Para hacer más grave este golpe judicial, el tribunal tucumano basó su estrafalaria resolución en cinco argumentos, cuatro de ellos de origen periodísticos: una nota de Jorge Lanata, una agresión a un camarógrafo, declaraciones a la prensa del gobernador y un informe del diario tucumano La Gaceta. La quinta “prueba” remitió a una única urna abierta y cerrada en la Junta Electoral.
Un reconocido constitucionalista deploró el fallo diciendo que para la cámara tucumana tuvieron más valor algunos informes periodísticos que las actas firmadas por los fiscales. Por no decir que estas últimas fueron ratificadas por el escrutinio definitivo que confirmó, con muy leves diferencias, el resultado del provisorio que otorgó una holgada ventaja del Frente para la Victoria sobre el opositor Acuerdo para el Bicentenario.
El fallo concitó la algarabía del arco político más conservador y de los medios de prensa que representan sus intereses, encabezados por los diarios Clarín y La Nación que aplaudieron la sentencia y la calificaron de “histórica”. Con esta reacción desmesurada, esos sectores se encolumnan con sus similares de otros países de América Latina que, impotentes para llegar al gobierno a través de las urnas, resolvieron transitar el peligroso atajo de dinamitar a los gobiernos legítimos que surgieron de la voluntad popular y atacar al sistema electoral boicoteándolo con fuertes campañas que siembran desconfianza y hasta acciones delictivas. En la quema de urnas de Tucumán participaron activamente dirigentes y militantes de esa oposición enardecida que hoy festeja con la anulación de los comicios.
No existe ningún antecedente de invalidación de elecciones en los 32 años de democracia. A pesar de que no faltaron denuncias graves, nunca un tribunal de la Justicia había desconocido un proceso electoral desde 1983 a la fecha. Sucede que una cosa es fraude y otra, clientelismo, diferencia que prefirió pasar por alto la cámara tucumana. Por otra parte, ninguna de las dos fuerzas mayoritarias tucumanas está en condiciones, desde una pretendida ingenuidad virginal, de acusar a la otra por maniobras clientelares.
Los bolsones reaccionarios que anidan en el Poder Judicial están activos y no desaprovechan oportunidad para actuar. Hoy en Tucumán procedieron en sintonía con los que ayer en Buenos Aires fogonearon la escandalosa operación del caso Nisman, o los que anteayer frenaron la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales, o los que, en todo tiempo y lugar, boicotean cualquier intento por democratizar los anquilosados mecanismos de la aristocracia judicial. En este caso, como expresó un jurista, “se desconoció en forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente”. Nada menos.