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Amarga experiencia

El reciente comunicado gubernamental sobre la reunión de las provincias integrantes de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó da para varias consideraciones y, por cierto, nada positivas.
En principio puede señalarse la falta, siquiera de mención, en la nómina de provincias integrantes, de la provincia de Catamarca, donde se inicia el curso. Esa ausencia, que inexplicablemente también aparece en documentos oficiales de nuestra provincia y ha sido señalada repetidas veces por entidades afines, parece ser ya una constante aceptada, por más que la certifiquen documentos geográficos de la Nación y en mayor o menor medida, integra la cuenca fuera de toda duda.
Otro rasgo negativo de la reunión fue la no presencia de las provincias de La Rioja y San Luis, la primera de ellas esperable, ya que comparte con los sanjuaninos el criterio de que las aguas son del territorio que atraviesan y la segunda porque, pese a que años atrás se sentía perjudicada en sus intereses (las grandes e importantes lagunas de Guanacache fueron desecadas por el mal uso de afluentes) parece haber abandonado aquella postura y adoptado una indiferencia acorde a los intereses de las demás provincias cuyanas.
En esta singular reunión en pro de un comité para una cuenca que integrarían seis provincias, paradojamente estuvieron solamente tres, dos de ellas que se niegan a reconocer los derechos de los estados de aguas abajo. En una ya necia postura siguen sosteniendo que la cuenca y su condición sistemática no son tales, sino que «que el escurrimiento es esporádico aguas abajo». Ni más ni menos que la absurda teoría del «zanjón de desagüe» que manejara años atrás el doctor Guillermo Cano, adalid de la postura mendocina, para con un río que originalmente superaba en sus caudales medios a los del Colorado.
Semejante opinión negó también el estudio de impacto ambiental a producir por las obras sobre los afluentes ya que, en el estrecho criterio cuyano, niega «el marco de la Ley de Obras Hidráulicas, que es de aplicación obligatoria al hablar de un recurso interjurisdiccional», considerando que ese impacto solamente alcanza hasta las lagunas de Guanacache.
En una lectura más profunda esta última consideración conlleva un riesgo a futuro para la provincia de Buenos Aires, que sólo ha manifestado un interés en el ordenamiento de la cuenca cuando se vieron directamente afectados sus intereses. Recuérdese al respecto que, en uno de los períodos de superabundancia de agua, cuando los caudales llegaron al Curacó y este aportó sales al Colorado, los asustados usuarios y directivos de Corfo, la entidad de regantes del valle inferior del Colorado, llegaron a proponer una incursión de corte paramilitar a La Pampa a los efectos de desviar el cauce natural del aportante. Ahora, con su indiferente ausencia, Buenos Aires parece no advertir que, más tarde o más temprano y en vista de la imprevisible naturaleza, alguna vez la circunstancia se repetirá.
Con semejantes posturas, es obvio que el punto más importante de la reunión, la creación de una entidad institucional para la cuenca, fue terminantemente rechazado por Mendoza y San Juan, que solamente pretenden «una comisión para realizar estudios, pero no para la conformación de un organismo de cuenca».
Sobre esa clase de organismos, de funcionamiento inútil y sine die, La Pampa tiene amarga y larga experiencia.