América latina y la deuda de las cárceles

En los sistemas penitenciarios de América Latina las personas presas conviven con la inseguridad, el hacinamiento extremo e incluso la muerte, lo que contradice en los hechos un gran logro de la región: la abolición de la pena de muerte en prácticamente todos sus países.
"La pena de privación de libertad puede transformarse en muchos países latinoamericanos, en la práctica, en una pena de muerte", sentenció Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La abolición legal de la pena capital es de larga tradición en la región y, de hecho, Venezuela fue el primer país del mundo en hacerlo, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882. Actualmente, solo dos países, la mantienen en su legislación: Cuba y Guatemala, y su última aplicación se produjo en 2003 en la isla caribeña.
Sin embargo, este avance contrasta con la realidad al interior de las cárceles latinoamericanas, donde la situación actual es muy grave según expertos y organizaciones de derechos humanos.
Altos niveles de violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los presidios, y gravísimas violaciones a derechos humanos, son algunos de los componentes con los que se enfrentan día a día las personas privadas de libertad en la región, denuncian.
"En América Latina existen problemas crónicos que afectan a los sistemas carcelarios y que no han sido adecuadamente enfrentados ni mucho menos resueltos por los estados", añadió el italiano Incalcaterra.
Coincidió en ello la peruana Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, para quien los sistemas penitenciarios latinoamericanos se encuentran en crisis.
"El último informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo entrega datos muy concretos sobre la situación de sobrepoblación, de hacinamiento, de sobre representación de presos preventivos, de frágil institucionalidad en muchos países y dificultades en la implementación efectiva de programas de reinserción social", precisó Espinoza a IPS.
En el caso de Brasil, organizaciones humanitarias denunciaron condiciones crueles, inhumanas y degradantes habituales al interior de sus recintos penales, además de numerosos informes de tortura, con prácticas como semiasfixia con bolsas de plástico, palizas y descargas eléctricas. Añadieron en la mayoría de los casos están implicados miembros de la policía militar del Estado.
Los altos niveles de sobrepoblación propiciados por el recurso sistemático a las penas privativas de libertad en detrimento de medidas alternativas, y la falta de infraestructura adecuada, son algunos de los problemas crónicos que afectan a los sistemas penitenciarios de la región.
A ello se suma "la falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación adecuada, sanidad, y las condiciones generales de detención no acordes con los estándares mínimos aceptados internacionalmente", dijo el representante de Acnudh.
"Esta situación alimenta la violencia carcelaria, incluidos casos de tortura, y constituye una afectación directa a la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad", enfatizó.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 había en la región 943.000 personas privadas de libertad, de las que 354.000 estaban en prisión preventiva, en espera de juicio o sentencia.
Los casos más críticos eran los de Bolivia, con 84 por ciento de la población reclusa sin sentencia, seguido por Paraguay (73,1 por ciento), Panamá y Uruguay (65 por ciento), Perú (58,8 por ciento), Venezuela (50,3 por ciento) y Guatemala (50,3 por ciento).
Como resultado suceden tragedias como la que sucedió el 8 de diciembre de 2010 en Chile, la mayor de la historia en las cárceles del país. En un incendio murieron 81 internos, la mayoría por su primer delito, variados de tipo menor.
Entonces el penal de San Miguel tenía una población de 1.875 reclusos, cuando su capacidad era para 632, lo que equivalía a 197 por ciento de sobrepoblación.
Chile es el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, con 318 internos por cada 100.000 habitantes, frente a la latinoamericana de entre 100 y 150 presos promedio y la europea de entre 60 y 100.
(Marianela Jarroud, IPS)