Amplia mayoría se opuso al tarifazo de Aranguren

Obligado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno no tuvo más remedio que convocar a la Audiencia Pública, una instancia obligatoria previa a fijar aumentos en los servicios públicos.
IRINA SANTESTEBAN
La audiencia tuvo el sello del PRO: se excluyó de la lista de expositores a centenares de ciudadanos y organizaciones que se habían inscripto en regla; sólo hubo audiencias en siete ciudades del interior, además de la ciudad de Buenos Aires: Salta, Rosario, Paraná, Córdoba, Mendoza, Santa Rosa y Neuquén; los espacios elegidos para las audiencias fueron vallados y acordonados con fuertes operativos policiales, que incluyeron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería; se requisaba a todos los que ingresaban, tanto corporalmente como sus pertenencias; no se permitió el ingreso de muchas personas que deseaban presenciar un evento de tanta importancia.
Ni tan pública ni tan democrática, resultó la Audiencia para que el ministro de Energía explicara las razones del nuevo cuadro tarifario y que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil pudieran plantear sus opiniones.

 

Mera formalidad.
Entre las numerosas objeciones que hizo la Corte Suprema a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía -y que luego determinaran su anulación-, estaba la falta de realización de la audiencia pública previa al nuevo cuadro tarifario. En el fallo dictado en la causa "Cepis c/ Ministerio de Energía-Amparo", los jueces dispusieron que debían ser materia de la Audiencia Pública "todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución". Y establecieron que "la audiencia no es un evento destinado a que se notifique lo ya decidido", en obvia referencia a que el evento no se transformara en mera formalidad.
Lamentablemente, esto es lo que ocurrió, pues el primero de los expositores, Juan José Aranguren, en su intervención de 20 minutos explicó cuál iba a ser el nuevo cuadro tarifario a partir del 1° de octubre, sin dejar la posibilidad de alguna modificación, en base a las opiniones de quienes hablarían después de él. Había 373 expositores, entre ciudadanos y organizaciones, que tenían mucho para decir al respecto.

 

Tarifas en dólares.
Aranguren dijo que el 1° de octubre el precio del gas en boca de pozo iba a pasar de 1,29 dólares el millón de BTU (medida equivalente a 27 metros cúbicos), a 3,42. Y que habría aumentos semestrales hasta llegar en octubre de 2019 a 6,78 dólares. Al estar dolarizado el precio, los argentinos que percibimos nuestros ingresos en pesos, tenemos que sumar a los aumentos ya anunciados, la devaluación prevista en el proyecto de presupuesto 2017 que presentó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay al Congreso de la Nación, de un 30%.
Por ello, muchos de los expositores cuestionaron que el aumento vaya a ser del 203% como prometió el ministro. Se trata de un "promedio" y la devaluación impactará en los bolsillos de los usuarios, a la hora de pagar la factura del gas.

 

Subsidios cero.
Otro de los ejes de la intervención de Aranguren fue que en una primera etapa se iban a reducir los subsidios (a los usuarios) de un 80% a un 50%, hasta llegar, en 2019 a "subsidio cero".
En todos los países del mundo se subsidia la energía que consume la población, sea gas, sea eléctrica, o el transporte, porque forma parte de las políticas públicas de cualquier Estado, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en particular de los menos favorecidos. Pero para el gobierno del PRO, los subsidios a los usuarios serían los culpables del bajo precio del gas, y por esa razón, las empresas no habrían podido cumplir con las inversiones que debieron hacer.
Eso no es cierto. La tarifa del gas residencial está subsidiada, pero nada dice el ministro de los subsidios que reciben las empresas, las que se niegan (y el gobierno no las obliga) a informar sobre su real rentabilidad.
Se les asegura un precio en boca de pozo de 4,72 dólares, a partir de este año, aunque el precio que pagaban los usuarios era inferior y seguirá siéndolo incluso después del 1° de octubre (de 1,29 a 3,42 dólares). ¿Quién paga la diferencia entre lo que se le cobra a los usuarios y lo que se le paga a las empresas? El Estado. ¿Entonces por qué no se reconoce que también las empresas están subsidiadas? Y ello sin explicar, ni el ministro ni los representantes de las empresas que también expusieron, cuáles son los costos reales que tienen en la producción del gas.

 

Rentabilidad secreta.
El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), que estuvo representado por Federico Bernal, había pedido con anterioridad a la realización de la audiencia que el gobierno revelara los datos de la rentabilidad de las petroleras y gasíferas, y acusó al gobierno de haber dejado el Ministerio de Energía a merced de las empresas. Por ejemplo se refirió al subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, como "un señor que durante los últimos diez años representó a empresas de distribución y transporte de gas y electricidad en sus demandas contra el pueblo argentino ante el Ciadi".
Bernal negó que la producción de gas estuviera cayendo; y para sostener que en realidad con el gobierno anterior se iba camino al autoabastecimiento, citó los datos que aportaron el ministro de Energía de Neuquén, y los representantes de YPF y Total, que hablaron luego de Aranguren. Y eso se logró, dijo el vocero de Oetec, con políticas eficientes de subsidios para que las empresas inviertan y sin saquear los bolsillos de los usuarios con tarifas imposibles de pagar.

 

Hay que ahorrar.
Toda la intervención de Aranguren estuvo a tono con las declaraciones de Mauricio Macri, cuando tratan de justificar el tarifazo del gas. Los argentinos somos "derrochones" y nos gusta andar "en pata y remera" en nuestras casas...
Basándose en que la demanda aumentó en los últimos años, sacan una conclusión falsa, con datos sesgados. Es cierto que la demanda aumentó, pero fue porque se incorporaron 2,3 millones de nuevos usuarios a la red de gas domiciliaria. Y eso también sale de los números de Energía, porque de 5,7 millones de usuarios, en 2004, se pasó a 8,1 millones, que hay actualmente.
Para el representante del Oetec, lo que está pasando es un Golpe de Estado, porque una cámara de empresas se ha apoderado del Ministerio de Energía y está llevando a cabo "políticas energéticas propias de modelo neoliberal".

 

Derecho humano.
Para Macri y Aranguren la energía es una mercancía. Ambos son empresarios y como tales, generan e implementan políticas tomando al gas, el petróleo o la electricidad, como bienes que deben ser vendidos al precio que fije el mercado, obviamente con ganancias para las empresas que representan. Ese supuesto "libre juego de la oferta y la demanda" deja afuera a los usuarios, que son los que, al final de la cadena, pagan la tarifa del gas. Bueno, así funciona el capitalismo.
Pero el gas es un recurso natural que forma parte de la soberanía nacional, es propiedad del pueblo argentino, a pesar que esté privatizado desde hace más de 20 años, con Carlos Menem y el "diputrucho".
Es un derecho humano, porque su uso es vital para el desarrollo de una sociedad, y para que la población tenga una buena calidad de vida.
Como se dijo en la audiencia, el gas sirve para "cocinar y calefaccionarse". Si mandan a ahorrar, están diciéndole a la población que no tiene que comer, o que debe comer menos, y en invierno, pasar frío.
Este invierno fue largo y con temperaturas tan bajas como hacía más de 60 años no se daban; hubo un incremento de las muertes por hipotermia. En criollo, muchos argentinos se murieron de frío, en un país que tiene recursos naturales suficientes para que ello no ocurra.

 

Ministro cuestionado.
La pertenencia de Aranguren a Shell, fue mencionada por numerosos expositores, entre ellos esta periodista, para cuestionar los intereses que representa, en particular los de una empresa inglesa, en momentos en que el gobierno de Macri quiere firmar con el Reino Unido convenios comerciales dejando bajo un "paraguas" el reclamo de la soberanía sobre las Malvinas. Tal cual lo hizo Menem en los '90.
Ayer el presidente habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y se refirió a la "amistad" con Gran Bretaña, se pronunció por solucionar pacíficamente las controversias internacionales, pero en ningún momento pronunció la palabra "soberanía".
La audiencia no fue televisada en directo por ninguno de los canales de televisión, ni la televisión pública ni los privados. No les interesaba mostrar a la población un debate sobre un tema tan trascendente. Los programas políticos siguen atosigando a los ciudadanos sobre los casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, pero no informan lo que está pasando con las empresas que se enriquecen con nuestros recursos naturales, mientras los argentinos, los verdaderos dueños de esos recursos, debemos pagar tarifas excesivas que dejarán a muchos sin acceso a ese recurso.

 

Final abierto.
La realización de la audiencia, aunque era un requisito que el gobierno tenía que cumplir, no le puso punto final a este problema. La mayoría de los que se opusieron a los argumentos de Aranguren para justificar el aumento de la tarifa del gas, en particular los que pertenecen a organizaciones sociales, vecinales, de consumidores, etc., prometieron seguir la pelea para resistir el tarifazo.
Luego del aumento que ya está previsto para el 1° de octubre, en abril de 2017, antes del próximo invierno, habrá un nuevo incremento tarifario, sin audiencia previa.
Es evidente que cuando los ciudadanos no puedan pagar las facturas del gas, el servicio será cortado. No habrá tarifa social para tantos hogares.
Habrá seguramente nuevas presentaciones judiciales de recursos de amparo y seguirán las movilizaciones callejeras.