Ante el fracaso de un paradigma

Casi imperceptibles en el cúmulo de noticias diarias, se conocieron recientemente dos casos originados en distintas localidades pampeanas, en los que la policía detuvo a jóvenes que se encontraban en posesión de pequeñas cantidades de marihuana. En ambos casos las detenciones fueron precedidas de un cierto despliegue y seguimiento policial, basado en la "actitud sospechosa" observada por los agentes del orden.
Los casos varían levemente entre sí. En uno de ellos, se trataba de un único joven, que llevaba consigo seis gramos de cannabis. En el otro, dos jóvenes fueron sorprendidos con cinco "porros" y en aparente actitud de consumirlos en un parque público.
Como es sabido, conforme la legislación vigente, una persona que se encuentra en posesión de droga en cantidades mínimas -presumiblemente, para consumo personal- no recibe pena alguna, y aunque es sometida a proceso, a lo sumo el juez le indica un tratamiento para la adicción.
Igualmente sabido es que hace ya cinco años, la Corte Suprema dictaminó que el consumo de marihuana en el ámbito de la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que señala que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".
Ello implicó declarar la inconstitucionalidad de la pena de la tenencia para el consumo en privado, con el fundamento de que "se debe proteger la privacidad de las personas adultas para decidir cuál es su conducta y, en el caso, si desean tener o consumir drogas". Vale decir, entonces, que al menos en uno de los procedimientos llevados a cabo esta semana por la policía provincial, no sólo fue injustificada la detención de la persona implicada, sino que además, se violó su derecho a la intimidad y a la libertad ambulatoria, lo que la habilitaría a demandar al Estado.
Desde luego, no todos los casos son iguales. El consumo ostensible de drogas en un lugar público mal puede ser considerado como un acto íntimo. Tampoco parece plausible este tipo de actividades cuando se involucra en ellas a menores de edad.
Sin embargo, y ante la reiteración de este tipo de procedimientos, convendría acaso preguntarse si, a nivel local, no sería necesario un cambio de directivas con relación a la actitud que debe seguir la policía respecto de los presuntos consumidores de estupefacientes.
No es un secreto para nadie que la así llamada "guerra contra las drogas" instaurada por el presidente norteamericano Richard Nixon en 1971, ha sido un completo fracaso, y un dispendio monumental de recursos públicos. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico, siguiendo la más elemental lógica capitalista, no han parado de crecer, al punto de jaquear la estabilidad y hasta la existencia misma de varios Estados. En contrapartida, en muchos países las cárceles se poblaron de consumidores, algunos de ellos adictos, que más que delincuentes son víctimas, y requieren servicios médicos, no penitenciarios.
Un país vecino ha legalizado el consumo de marihuana, y ha establecido un sistema estatal para su comercialización. Y mientras en muchos estados de EE.UU. se ha seguido una tónica similar, crece en el continente el consenso sobre la necesidad de avanzar en el sentido que lo ha hecho aquí la Corte Suprema.
Ante toda esta evidencia, parecería de sentido común que, existiendo en la provincia delitos graves -por poner los ejemplos de las últimas semanas: coimas, estafas, homicidios, violencia de género, etc.- las autoridades competentes decidieran administrar mejor los recursos policiales, abandonando viejos paradigmas cuyo fracaso está comprobado.