Antenas: barajar y dar de nuevo

El esperado -y demorado- encuentro entre representantes de la comuna y de la Cooperativa Popular de Electricidad dio sus frutos. Los concejales de la oposición, luego de reunirse con los directivos de la entidad solidaria, hicieron pública su voluntad de revisar la cuestionada ordenanza sobre las antenas. De inmediato, la bancada oficialista y un funcionario del Ejecutivo, como si hubieran estado esperando esa señal, se sumaron a la iniciativa.
Con ese principio de acuerdo, ahora la discusión derivó hacia la mejor forma de reencauzar las cosas para barajar y dar de nuevo. Si todo marcha bien en unos días más el Concejo Deliberante sesionará para sancionar una nueva ordenanza que contemple los intereses de la empresa más importante de la ciudad: la CPE, que no solo es propiedad de todos los santarroseños sino que, y nada menos, no tiene finalidad de lucro.
Se podrá cerrar entonces un capítulo nada feliz en la historia política de esta capital que comenzó con el tratamiento y la aprobación a toda velocidad y en una única sesión de una norma destinada a reglamentar la instalación de antenas en los espacios públicos. Fue tan acelerado el trámite que ni siquiera se llevó a cabo una consulta con la cooperativa a pesar de que la entidad es prestadora de los servicios de internet, TV por cable y telefonía fija y hace mucho tiempo viene luchando contra poderosos intereses que quieren cerrarle el paso a la incorporación de la telefonía celular. De ahí el fuerte -y justificado- enojo de los miembros del concejo de administración de la CPE.
A pocas horas de sancionada la norma una gran multinacional, Telecom, presentó un pedido de factibilidad para instalar varias antenas en la ciudad. También se supo que representantes del Grupo Clarín se reunieron con funcionarios municipales. Con semejantes visitantes abalanzándose sobre la ciudad era esperable la reacción de la CPE y, simultáneamente, resultaban preocupantes las declaraciones de algunos ediles y funcionarios de la comuna que insistían en hablar de “igualdad de condiciones”, como si esa aspiración fuese posible entre actores tan desiguales y con un Estado que se declaraba prescindente al mejor estilo neoliberal.
Para peor, el intendente, lejos de contribuir a arreglar las cosas las complicó todavía más. En lugar de aplicar una dosis de prudencia, posponer la promulgación de la norma y reunirse con las autoridades de la CPE hizo todo lo contrario: ninguneó al consejo de administración y sancionó la ordenanza. También hizo oídos sordos a los pedidos de realizar una audiencia pública, una herramienta de consulta que siempre defendió cuando militaba en la oposición.
Ante semejante nivel de obstinación los concejales opositores hicieron lo que todos esperaban: reunirse con la cooperativa, informarse y reconocer que había que desandar el camino. El oficialismo acompañó y ahora los santarroseños esperamos que, finalmente, la norma sea revisada para que se prioricen los intereses de nuestra comunidad por encima de las poderosas corporaciones foráneas que sabemos muy bien cómo operan. Nuestra capital ya sufrió un monopolio en la prestación de la TV por cable y lo pagó muy caro; y no es una metáfora.