Apenas un número

El día en que la selección nacional de fútbol obtuvo su primer triunfo en el Mundial de Rusia quedaron en la calle casi cuatro centenas de periodistas de la agencia Télam. La coincidencia no fue obra de la casualidad sino del libreto duranbarbesco que el gobierno sigue a rajatabla para desconcertar a la opinión pública, como también lo fue la argumentación esgrimida para cometer semejante desguace.
Alegar que “hoy ganó el periodismo” o que “ganó el futuro de la agencia Télam”, como afirmó el responsable político de los medios estatales, es de un cinismo inigualable en este último ataque al sistema público de comunicación. Lo mismo que hoy, amplificado, se observa en la agencia oficial es lo que ayer se vio en Canal 7, Radio Nacional o los diversos espacios de producción de contenidos audiovisuales.
La persecución política quedó otra vez al descubierto cuando se dijo que los cesanteados “no responden al perfil” deseado, naturalizando que una administración de gobierno puede despedir por esa causa a un agente del Estado. Esa mirada digna del ámbito privado es la que prima en el macrismo que, desde su llegada, puso en marcha un sistemático plan de despidos de empleados públicos como no se tenga memoria en la historia reciente del país.
La demolición de áreas estratégicas del Estado sigue vigente y es notorio que ahora se intensifica a partir del nuevo acuerdo con el FMI que entre sus recetas impone, como es bien sabido, reducir la esfera pública y aumentar la masa de despedidos con la evidente finalidad de precarizar sin demasiada resistencia las condiciones laborales en el país.
Fuentes gremiales estiman que desde diciembre de 2015 cerca de tres mil periodistas han perdido sus empleos. Hoy es el propio gobierno es que suma un “aporte” directo a esa masa de nuevos desocupados ratificando, una vez más, que para el cumplimiento de sus objetivos los asalariados constituyen no más que un número en una planilla.
Los medios públicos desempeñan un papel esencial en los Estados democráticos como lo muestra la tradición europea. Pero la ideología que sustenta el macrismo va por otros rumbos, como tantos hechos lo demuestran.

Difícil convivencia
La autoexclusión de la comunidad menonita de las normas y leyes con que se rige la sociedad pampeana es un hecho de vieja data. El tema, que ha vuelto a salir a la luz recientemente, fue expuesto por este diario hace ya varias décadas, en el que acaso haya sido el primer extenso reportaje al respecto; ya por ese entonces los colonos -en la palabra de su líder- dejaron claramente establecido que ciertas pautas de convivencia no contaban para ellos. Cuando poco después se procuró un cambio de opinión, especialmente en lo referido a la educación formal de los hijos e hijas, amenazaron con levantar su asentamiento y marchar en procura de horizontes más permisivos. Ante esa alternativa la Provincia hizo la vista gorda.
El problema vuelve a aparecer ahora con trazos más gruesos porque a la no concurrencia a la escuela por parte de los menores de la comunidad -un derecho y un deber de los chicos que viven en este país- se suman el trabajo infantil y la violencia de género, producto de una tradición cultural y religiosa anclada en el pasado y que prefiere ignorar los avances en la materia. Por otra parte, quienes viven en la vecindad han hecho oir sus quejas por la competencia desleal que se plantean en algunos rubros industriales en el que lo colonos, hay reconocerlo, son buenos trabajadores pero rechazan someterse a los controles laborales y legales obligatorios.
La situación es delicada; la comunidad menonita, como cualquier otra, tienen el derecho de desarrollar su vida cultural de acuerdo a sus principios, pero siempre que estos no colisionen con los principios consagrados en la legislación y bajo los cuales se rige el estado derecho. Las excepciones, como lo demuestran los hechos, no hacen más que complicar las cosas.