Apenas un maquillaje

El jurado de enjuiciamiento que está sometiendo a proceso al fiscal general de General Pico, Carlos María Salinas, por su actuación en el cargo desde que se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal y en el caso Sofía Viale, tendrá mañana el punto final. Inesperadamente han surgido voces alertando que la destitución del funcionario por mal desempeño e incumplimiento de los deberes que se tenía por descontada, podría trocar en una absolución. A esta altura nada puede sorprender si se observa como una película, y no como una fotografía, el pensamiento de quienes están al frente de la Justicia pampeana.
Las presuntas inconductas de Salinas no parecen ser un hecho nuevo. En la ‘cocina’ del Poder Judicial todos saben quién es quién, y todos saben qué hizo o dejó de hacer el acusado en más de tres décadas como funcionario judicial. Lo lamentable, para la sanidad de ese poder, es que Salinas sea juzgado ahora, cuando su destino es la jubilación.
Que mañana se dicte una sentencia estableciendo que es culpable o inocente no le cambiará una coma al funcionamiento de una institución que, más allá del ascenso en los últimos años de una nueva generación en cargos intermedios, no ha modificado demasiado su manera de pensar. De hecho, la semana pasada, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Elena Victoria Fresco, lo dijo expresamente en su paso por la Legislatura con sus polémicas palabras sobre los ‘delincuentes’ menores.
Algo muy parecido ocurrió años atrás cuando el propio STJ ordenó una auditoría a un juzgado de Santa Rosa, que estaba a cargo del juez Carlos Omar Jorge, recién cuando renunció y no antes, a pesar de que también se conocía desde hacía tiempo el gran atraso que mantenía en la tramitación de las causas penales.
¿Más ejemplos? Desde otro costado, la rapidez con que el Poder Ejecutivo aceptó el pedido de retiro voluntario del juez Gustavo Jensen para eludir el jury por el otorgamiento de la figura del avenimiento (luego eliminada del Código Penal) en el caso Carla Figueroa.
Nadie discute que en la Justicia hay personas idóneas y trabajadoras, tanto funcionarios como empleados, que pelean desde adentro para ofrecer un mejor servicio con las herramientas que tienen o que les dejan tener. De hecho, puertas adentro se escuchan muchas voces que reclaman mayor energía en la cúpula y que raramente son oídas.
Lo que se plantea aquí es una cuestión de fondo, debate que también se ha instalado en el ámbito nacional, acerca del pensamiento profundo y la cercanía a la sociedad que demuestran quienes deciden si una persona va presa o queda en libertad, si puede abortar tras ser violada, si le corresponde una indemnización mínima o millonaria por un accidente o si está en condiciones de adoptar un hijo.
En este contexto, resulta paradójico que hoy el gobernador de la provincia critique, aunque sea tenuemente, a Fresco cuando él fue quien la impulsó para el cargo hace tres años. En ese momento, desde esta misma columna, se plantearon interrogantes sobre esa designación. No por las cualidades profesionales de la actual ministra, sino porque el mandatario dejó pasar una buena oportunidad para una renovación generacional en la punta de la pirámide del Poder Judicial.
La realidad muestra que la política vigente es acudir al maquillaje, disponer retoques y priorizar lo corporativo antes que promover un debate profundo, establecer desde arriba definiciones claras y sancionar la indolencia y la falta de compromiso. Pero en este punto debe decirse también que la Justicia no está sola. Cuenta con la complicidad institucional de los otros poderes. De hecho, solo pelean entre sí por cuestiones presupuestarias y creación de nuevos cargos. Pero en el fondo todos prefieren mantener el statu quo frente a la imperiosidad necesidad de avanzar por un servicio de justicia más equitativo, independiente y cercano a la sociedad.