Argentina: ajuste, militarización y alineamiento con EE.UU.

LA SEGURIDAD Y LOS NEGOCIOS EN LA NUEVA GEOPOLITICA

Las nuevas “relaciones carnales” con EE.UU. implican la instalación de bases militares, compra de equipamiento bélico y entrenamiento para garantizar la “seguridad”.
Desde su llegada a la presidencia, Mauricio Macri ha impulsado un viraje del país hacia el neoliberalismo puro y duro: medidas de ajuste y austeridad que están teniendo fuerte impacto negativo en la vida cotidiana de la clase media y clases populares. Este giro ha sido acompañado por una serie de lineamientos orientados a “garantizar la seguridad”, que se traducen en un aumento de la presencia de las fuerzas policiales en las calles y en un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas, con un rol activo en la seguridad interna. Todos estos aspectos marcan un quiebre respecto de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, caracterizados por una política de derechos humanos sumamente crítica respecto del rol jugado por las FF.AA. en la seguridad interna durante los gobiernos cívico-militares.
El gobierno está dispuesto a propiciar la militarización de la seguridad adscribiendo a los lineamientos de la guerra antinarcóticos, con las consecuencias que esto puede tener considerando el saldo que esta guerra está dejando en Colombia, México y América Central. El alineamiento con EE.UU. en materia de seguridad permite visualizar la injerencia en asuntos internos, como la agenda de seguridad.

El negocio de la seguridad.
En el marco de esta decisión de otorgar un rol más protagónico a las FF.AA. en la seguridad interna, llegaron en julio a la Argentina la mitad de los doce aviones Beenchcraft T-6C Texan II que compró el gobierno de Macri a EE.UU. Se afirma que con la llegada de estos aviones, los Embraer EMB-312 Tucano que eran utilizados para entrenamiento, serían enviados al norte del país para formar a efectivos en tareas de vigilancia y control aeroespacial en las fronteras con Paraguay y Bolivia. Estas acciones pueden ser justificadas en el marco de la guerra antinarcóticos, pero contribuyen a la militarización de la frontera con países de donde proviene la migración concebida como “indeseada” por la gestión del PRO, si consideramos las medidas implementadas por el actual gobierno para controlar la migración limítrofe.
En nota del Departamento de Defensa de EE.UU. (2016) que autorizaba la venta de los aviones se plantea que el Ejército argentino se embarcó en un ambicioso camino hacia la modernización de su material militar, y que esta transacción contribuirá a la política exterior y la seguridad nacional de EE.UU., al mejorar la seguridad de un “importante aliado no perteneciente a la OTAN”.
La compra de armas a EE.UU. y el alineamiento a su política de seguridad hemisférica se hicieron visibles desde las visitas del ex-presidente Barak Obama y del vicepresidente John Kerry (2016), cuando se firmaron una serie de acuerdos de cooperación que incluyeron temas como: apertura comercial, intercambios educativos, sector energético, asistencia en la Triple Frontera, coordinación de misiones militares en Africa, creación de Centros de Fusión de Inteligencia, cooperación entre fuerzas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, entre otros.
El Comando Sur celebra este acercamiento: “la relación entre EE.UU. y Argentina dio un importante paso adelante cuando el recién elegido presidente argentino, Mauricio Macri, solicitó la inclusión de Argentina en el Programa de Asociación del Estado (de la Guardia Nacional) a principios de 2016”. Desde entonces, la Guardia Nacional de Georgia ha impartido cursos de entrenamiento a fuerzas de seguridad argentinas.
Luego de este anuncio se establecieron compromisos para misiones médicas entre la Fuerza Aérea de EE.UU. y la Fuerza Aérea de Argentina. En evento con sede en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial de Argentina, en septiembre de 2016, se realizaron reuniones sobre ayuda humanitaria y respuesta a desastres, evacuación aeromédica y otros temas. También entre el 12 y 14 de marzo de este año se realizaron en Puerto Belgrano las Maritime Staff Talks (MST). El evento anual de la VI Flota del Comando Sur tuvo sede por primera vez en Argentina desde 2008.

Igual que Colombia.
Un importante think tank estadounidense en temas de seguridad y defensa destaca que en el primer año del gobierno de Macri, el gasto militar anual de Argentina aumentó del 0,86% del PBI en 2015 al 0,96% en 2016. Ese aumento modesto, de 6.200 millones de dólares, ubica al país al lado de Colombia, como los únicos de la región que aumentaron este gasto. El informe sugiere que “hay razones para creer que Argentina podría continuar invirtiendo en sus FF.AA.”. También se destaca que la cuestión del gasto militar argentino implica más que consideraciones domésticas: “Si el señor Macri reconstruye las Fuerzas Armadas, adquirirá una herramienta adicional para promover la reintegración del país en la comunidad internacional y para demostrar la utilidad de la Argentina como aliada de la Casa Blanca”.
En 2017 el gobierno de Macri solicitó a EE.UU. unos 10 helicópteros Chinook, utilizados en la guerra de las Malvinas, 16 Black Hawk UH60 y 26 helicópteros Bell412. Los tanques pedidos: 182 tanquetas tipo M1128, M1130, M1132 y M1139 como los utilizados por las FF.AA. estadounidenses en Israel. Y, por último, la demanda de lanzamisiles Javelin para derribar tanques y avionetas.
Además de los cursos de entrenamiento por parte de la Guardia Nacional de Georgia, se suman el acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, y el acuerdo para crear un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia. La instalación de la base en Misiones pretende controlar la Triple Frontera en donde se encuentra la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, el acuífero Guaraní. Y la de Ushuaia tiene en miras el agua congelada de la Antártida, otra de las reservas más grandes del mundo. Por último, se suma la base de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en donde se encuentra el yacimiento argentino más grande de gas shale, Vaca Muerta, donde ya trabajan empresas como Exxon y Chevron. La explotación de Vaca Muerta podría reconfigurar la geografía del gas en América del Sur en detrimento de Bolivia, que en los últimos años ha surtido de gas a Argentina y Brasil.

Una larga lista.
Pero no se trata únicamente de negocios vinculados a la seguridad. La lista de empresas estadounidenses con negocios en la Argentina es bien larga. Un indicador de ello son los CEOs que asistieron a la celebración del día de la independencia estadounidense a la Embajada (además de los numerosos funcionarios del gobierno actual que también celebraron la “independencia” de EE.UU., acto que da cuenta de la dependencia argentina): Alejandro Díaz, de Ancham; Pablo Cattoni de Dow; Eleonora Rabinovich, de Google; Cristoff Poppe, de United Airlines; Dante Ramos, de Chevron; Martin Kaindl, de Instituto Argentino del Gas y Petróleo; Mauro Williams, de Mars; Guillermo Lockhart de Iron Mountain; Francisco do Pico, del grupo Peñaflor; Esteban Bicarelli, de la Fundación Universitaria Río de la Plata; Eduardo Pelazza, de Jacobs; y Esteban Agost Carreño, de Cadibsa.
Un informe de la Cepal, menciona que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina creció 253% en 2017, respecto al año anterior, llegando a 11.517 millones de dólares, inversión que, en el marco de una feroz desregulación, en lugar de crecimiento impulsó la salida de capital especulativo, dejando la economía argentina con alta inflación y en recesión, profundizando la concentración de la riqueza y dinamizando pocos sectores, entre ellos el energético.
En 2017 tres empresas controlaron el 72% de las inversiones del país en el petróleo: YPF, Pan American Energy y Total Austral. Le sigue en inversiones Exxon Mobil que tiene presencia en Vaca Muerta. Shell también anunció que incrementará sus inversiones para 2019 hasta por 300 millones de dólares tan solo en los pozos que tiene en Vaca Muerta, convirtiendo así a este yacimiento en el más importante para la Argentina.
La influencia estadounidense se percibe más allá de los negocios, atravesando varios ámbitos de la política nacional. Asistieron al evento por la independencia de EE.UU., la jueza de la Corte Helena Highton de Nolasco, los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Julián Ercolini y Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros. Casanello o Bonadio son protagonistas de la persecución judicial a funcionarios del gobierno anterior, particularmente de Cristina Fernández de Kirchner. Esto, en un contexto nacional y regional de creciente judicialización de la política acorde a las reformas judiciales, asesorías y cursos de capacitación para la “modernización” de los aparatos judiciales de América Latina impulsados por diversos agentes del gobierno estadounidense, como la USAID o el Departamento de Justicia de EE.UU.

Bases estratégicas.
La militarización de la seguridad interna es acompañante obligado del viraje hacia el neoliberalismo y el malestar social consecuente -que se traduce en el incremento de manifestaciones, paros, etc.- que el gobierno desea reprimir, acallar o contener en favor de una estabilidad para el bienestar de los negocios. Además de los datos expuestos considérese que en el mes de julio último, Macri aumentó un 20 por ciento el salario de personal de las FF.AA., dejando en claro quiénes son los guardianes del “cambio”. Por otra parte, esta tendencia, inscripta en los lineamientos para la seguridad impulsados desde EE.UU., facilita la estandarización de los “problemas de seguridad” (y las soluciones) requisito fundamental para lograr una “agenda de seguridad consensuada” a nivel hemisférico que sume clientes para el complejo industrial militar estadounidense.
En estas nuevas “relaciones carnales” con EE.UU., será importante seguir la instalación de las bases militares que intentarán desplegar un mayor control directo en territorios ricos en recursos energéticos, minerales y sobre el acuífero Guaraní. (Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García. Extractado de Celag -Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica-).