Argentina de remate

Tres abogados denunciaron al Presidente por poner en riesgo la soberanía nacional al aceptar como garantía de la deuda externa que está tomando las enormes riquezas naturales del país. El crecimiento desmesurado del endeudamiento promovido por el macrismo puede llegar a comprometer muy seriamente el futuro de los argentinos. Pero si se llegara a una situación de default -como vaticinan no pocos economistas ante el aumento gigantesco de la deuda- esta vez las consecuencias serán mucho más graves que en las ocasiones anteriores. El gobierno volvió a aceptar, a pesar de los antecedentes nefastos, que sean tribunales de Nueva York o de Londres los que diriman eventuales juicios con los acreedores. Y por si no bastara con semejante concesión al poder económico extranjero esta vez se llegó a un extremo que ni la dictadura ni el menemismo habían aceptado: que los recursos naturales del país -yacimientos de gas y petróleo, de oro, de litio, entre otros- puedan ser embargados ante un eventual cesación de pagos.
En otras palabras: si en los próximos años un futuro gobierno no puede asumir el pago de la abultada deuda que va a dejar el macrismo, los jueces norteamericanos o ingleses que puedan llegar a intervenir -de la misma forma que lo hizo Thomas Griesa en la demanda de los fondos buitre de Paul Singer- ya no necesitarán correr detrás de la fragata Libertad o algún otro bien móvil que se desplace por el mundo. Podrán poner la bandera de remate sobre el megayacimiento Vaca Muerta o la mina de oro de Veladero o las reservas de litio de la Puna entre tantas otras riquezas que integran el patrimonio natural de todos los argentinos.
Los abogados denunciantes le apuntaron al decreto N° 29 del 11 de enero firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Luis Caputo que autoriza al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por 20 mil millones de dólares. Los bienes del Estado contemplados en los artículos 234 (denominados bienes no comerciales) y 235 (mar territorial, ríos, islas, espacio aéreo, etc.) del Código Civil quedaron protegidos bajo el paraguas de la inmunidad soberana; no así los que figuran en el artículo 235 (minas de oro, plata cobre, piedras preciosas, hidrocarburos, etc.) que quedaron expuestos a eventuales demandas por controversias legales con los acreedores.
En el texto de la denuncia contra el Presidente por “defraudación a la administración pública y abuso de autoridad” los abogados advirtieron que se pusieron “los recursos y riquezas naturales del país” como “garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación”. Y añaden: “La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de la soberanía el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos y solo sirve para financiar la fuga de divisas”.
La denuncia es de una gravedad inusitada y muestra a los argentinos las consecuencias del accionar de una coalición de grandes empresarios que ostensiblemente gobierna de espaldas a las mayorías y en beneficio exclusivo de un selecto club de ricos y poderosos. La gran pregunta que surge ante esta encrucijada es si el Congreso estará a la altura de su responsabilidad para frenar este proceso de entrega de la soberanía nacional o prevalecerá la obediencia debida.