Argentina, en retroceso en materia tan sensible

LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

El juzgamiento de los militares y las condenas a los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado, puso a Argentina a la vanguardia en materia de respeto a los Derechos Humanos. En los últimos dos años, esa posición ha ido en franco retroceso.
IRINA SANTESTEBAN
La semana pasada, un grupo de referentes de derechos humanos, artistas, personalidades de la cultura y legisladores dieron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, en defensa del Estado de Derecho, y para denunciar que la democracia y el pluralismo se encuentran “en peligro”.
Estuvieron el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el filósofo Horacio González, los actores Pablo Echarri y Cristina Banegas; el titular de la CTA, Hugo Yasky; y el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, entre otros.

La democracia, en peligro.
En la conferencia se puso en cuestión el grave retroceso en el sistema democrático argentino, que se evidencia en la detención sin condena a funcionarios procesados del último gobierno, las presiones a jueces que dictan fallos adversos al poder y a favor de los trabajadores, la represión violenta contra los integrantes de la comunidad mapuche en Chubut, la muerte de Santiago Maldonado en medio de un operativo de desalojo de ruta de la Gendarmería, etc.
Aunque el gobierno minimizó esta movida, y los medios oficialistas se encargaron de denostar a algunos de sus participantes, fue un golpe para el gobierno, que ya viene siendo severamente cuestionado en materia de respeto a los Derechos Humanos.
Organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han tomado el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala, quien luego de una breve detención domiciliaria fue obligada a volver a su prisión en Alto Comedero, a pesar del dictamen de la Comisión Interamericana, que había desaconsejado esa medida porque consideró que corría peligro su vida.
La intervención de organismos internacionales denunciando la actuación de poderes internos, son un bochazo en el legajo de Argentina, que hasta hace muy poco era un país con excelentes calificaciones en materia de respeto a los Derechos Humanos.

Los DDHH en la región.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene su origen en la creación misma de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1948, cuando se firmó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En 1960, en ese mismo ámbito se suscribió la Convención Americana de DDHH, conocida como Pacto de San José de Costa Rica y se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estos organismos internacionales, aunque muchas veces actúen favorablemente a los intereses de los pueblos de la región, no son “neutrales”. En el caso de la OEA estuvo siempre bajo el claro predominio de los Estados Unidos, y por eso en 1961 expulsó de su seno a Cuba, luego de la invasión a Playa Girón por parte de mercenarios financiados por la CIA, que fueron rechazados por los revolucionarios al mando de un joven Fidel Castro. Habrían de pasar más de 40 años para que esa organización permitiera el reingreso de Cuba, pero esa medida fue rechazada por el gobierno de Raúl Castro, porque su lugar en la región estaba en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), en donde no hay preeminencia de ninguna nación por sobre otra.
LA CIDH. Aún con la impronta pro-yanqui, la OEA cobija en su seno a dos organismos: la Comisión Interamericana de DDHH, que tiene su sede en Washington; y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), que está localizada en San José, Costa Rica, que han tenido buena actuación en materia de defensa de los derechos humanos en la región latinoamericana.
La primera se encarga de analizar las violaciones a los derechos humanos a través de sus relatorías por países, investiga las acusaciones contra los Estados y contra individuos, y si se confirman, realiza recomendaciones a los gobiernos para que cesen en esas conductas y se proceda a su reparación. Si estas recomendaciones no son cumplidas por los Estados o si el caso tiene una gran importancia para la región, la Comisión envía los casos a la Corte Interamericana.
La CIDH tiene funciones jurisdiccionales y consultivas y es el organismo responsable de asegurar la observancia de las disposiciones de la Convención Americana de DDHH, así como de interpretar el derecho regional (tratados y convenciones) en materia de Derechos Humanos.

Los que no firman.
Algunos países no suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos EE.UU. y Canadá, países que no le reconocen jurisdicción ni a la Comisión ni a la CIDH para actuar dentro de sus territorios.
Se entiende porqué, entonces, el presidente Mauricio Macri subestima y hace caso omiso a las recomendaciones que viene formulando tanto la Comisión como la Corte, en materia de violaciones a los DDHH en nuestro país. En su afán por “volver al mundo”, se esfuerza por copiar el mal ejemplo del país del norte en esa materia.
El caso de los EE.UU. es muy ejemplificativo del doble discurso que impera en algunos ámbitos del Derecho Internacional, pues en su afán de domesticar a países como Cuba, China, Venezuela, Irán, Corea del Norte, etc., los acusa de no respetar los Derechos Humanos y la democracia. Sin embargo, son conocidas las constantes violaciones que cometen las fuerzas armadas norteamericanas en todo el mundo, denunciadas en foros internacionales, sin que se ruboricen siquiera por esa “doble vara” con la que juzgan a los demás.
En lo interno, al no permitir la jurisdicción de los organismos como la Corte Interamericana, el gobierno norteamericano demuestra su falta de respeto hacia las normas del derecho internacional, como la situación en las cárceles o los condenados que permanecen largos años en el “corredor de la muerte”, por citar sólo algunos ejemplos. Y eso que entidades como la OEA fueron creadas bajo su influjo, y para afianzar su dominio en la región latinoamericana, a la que considera su “patio trasero”.

Jurisdicción internacional.
Los Estados firmantes del Pacto de San José están obligados ante el Sistema Interamericano de DDHH a armonizar sus ordenamientos jurídicos internos, sus políticas públicas y sus prácticas judiciales con las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contenidos en la Convención Americana.
Y si no cumplen con esa obligación, pueden ser denunciados por cualquier organización y/o ciudadano, generando la intervención de la Corte Interamericana de DDHH, que puede emitir desde una recomendación hasta una condena.
Por ello el Sistema Interamericano de DDHH está considerado una restricción al ejercicio del poder del Estado, pero es una limitación positiva, que es contraída voluntariamente por el Estado signatario como parte del compromiso con la defensa de los DDHH en la región.

En el poder judicial.
Durante el gobierno kirchnerista, la Corte Suprema de Justicia fue muy clara respecto a la preeminencia de los Derechos Humanos en los fallos judiciales. El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti disertó en diversas oportunidades sobre la política judicial en relación a los procesos contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el imperio del terrorismo de Estado.
Sin embargo, demostrando que cuando cambia el poder político, también cambia el judicial -y por ello no es independiente-, Lorenzetti ya no pronuncia esos discursos.
El reciente fallo “Orellano” que habilita sólo a los sindicatos con personería jurídica para el ejercicio del derecho de huelga, se contradice con anteriores resoluciones de la misma Corte, favorables a la libertad sindical, incluso para los delegados gremiales y los afiliados a sindicatos con simple inscripción gremial. Esa sentencia, producida en contra de un trabajador despedido del Correo Argentino que había participado de asambleas no convocadas por el sindicato del sector, es un claro giro jurisprudencial que deja sin defensa a quienes están peleando en defensa del empleo, muchas veces sin el acompañamiento de sus dirigentes sindicales.

Contra los laburantes.
La ofensiva del gobierno contra los jueces del fuero laboral, llegando incluso a calificar de “mafia” a quienes litigan defendiendo los derechos de los trabajadores, forma parte de esta subestimación de la actual administración de Cambiemos, por el respeto a los derechos humanos.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos en el Pacto firmado en la Asamblea de Naciones Unidas en enero de 1976, están considerados como los Derechos Humanos de “segunda generación”, y deben ser respetados también por los Estados firmantes, entre ellos, Argentina.
En ese Pacto, los artículos 6 y 7 reconocen el derecho al trabajo, al salario digno, a igual remuneración por igual tarea para las trabajadoras, a la jornada laboral que asegure el descanso, a vacaciones periódicas pagadas; y a fundar sindicatos y afiliarse libremente. El artículo 7 reconoce expresamente el derecho de huelga, y refuerza las normas contenidas en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo suscripto en 1948. Por último, el artículo 9 reconoce el derecho a la seguridad social.
Estos derechos económicos, sociales y culturales, forman parte del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, están vigentes en nuestro país y deben ser respetados. Que un gobierno cuyos funcionarios provienen mayoritariamente del sector empresario no lo haga, no es de extrañar.
Lo lamentable es que los trabajadores y sus dirigentes sindicales no estemos en la calle para defenderlos.