Argentina ya no es líder internacional en la materia

RETROCESOS EN DERECHOS HUMANOS

El vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia fue un baldón para los familiares y organismos de derechos humanos, pero también para el prestigio internacional de Argentina en la materia. Aun así, los genocidas condenados siguen presos.
IRINA SANTESTEBAN
Apenas una semana les duró la alegría a los genocidas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que los beneficiaba con el “2×1”. Una semana después de conocida esa infame sentencia, un mar de gente la sepultaba en la Plaza de Mayo y otras ciudades del país, incluso en plazas de otros países.

No para genocidas.
Empujado por ese dictamen inapelable de una abrumadora mayoría, al Congreso no le quedó más remedio que votar en ambas cámaras una ley precisando lo obvio: que el beneficio del 2×1 no se puede aplicar para condenas por delitos de lesa humanidad. En Diputados, con 211 votos a favor y uno solo en contra -el impresentable diputado salteño Alfredo Olmedo-; y luego el Senado, rechazaron las pretensiones de los represores de gozar de un beneficio otorgado en el máximo tribunal por una mayoría ajustada de tres cortesanos.
Como se sabe dos de ellos fueron designados por el presidente Mauricio Macri, primero con decretos de necesidad y urgencia y luego con un trámite en el Senado, que convalidó aquel irregular nombramiento. A Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se les sumó Elena Highton, quien fuera designada de manera más honrosa, pero con una deuda de gratitud hacia el macrismo, al no apelar el Estado el fallo que le hiciera lugar a su amparo, para no retirarse luego de cumplir los 75 años, como dispone la Constitución Nacional.
El directamente beneficiado era Luis Muiña, un represor con actuación en el centro clandestino de torturas que funcionara en el Hospital Posadas, Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense.
Pero de inmediato quisieron colarse muchos de los condenados por esos delitos aberrantes e imprescriptibles. En una primera lista, había anotados 278, según una nómina provisoria elaborada la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General.
Fue muy bueno que en distintos juzgados, cámaras y fiscalías del país empezaran a conocerse fallos adversos a esas posibles libertades. Ello da muestras de las reservas democráticas y legales que existen al interior del Poder Judicial, pero también que los magistrados no pueden ignorar la marea de indignación que recorrió el país, incluyendo a prácticamente todos los partidos políticos y sus bases electorales, y hasta una buena parte de los votantes del PRO. No así sus dirigentes, que el 10 de mayo tuvieron un Ausente en la concentración multitudinaria convocada por los organismos de Derechos Humanos, con la consigna “Señores jueces: Nunca más, ningún genocida libre”.

En Córdoba tampoco.
La última derrota de esas pretensiones de los condenados se conoció ayer en Córdoba, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa ciudad resolvió no conceder el beneficio del 2×1 al genocida Luciano Benjamín Menéndez. Este tiene un récord de condenas: 12 a prisión perpetua y otras dos “comunes” de 15 y 25 años de cárcel, en otros juicios, todos ellos dentro de las diez provincias que componen la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército que comandaba durante la dictadura militar.
La decisión del Tribunal se basó, entre otros fundamentos, en considerar “inaplicable la derogada ley 24390” más conocida como la del “2×1”, según la cual, transcurridos dos años de detención preventiva sin juicio ni condena, cada año se computaba doble para el reo. El revés no fue sólo para Menéndez sino también para los condenados Jorge Ezequiel Acosta y Gino Padován, otros dos militares con actuación en Córdoba en el centro de tortura y exterminio “La Perla”.
En Córdoba eran 20 los ex represores que habían solicitado que se les computen como dobles los años en prisión sin sentencia, y hasta ahora los fallos adversos fueron expresamente para cuatro de ellos: Arnaldo “Chuby” López, Menéndez, Jorge Acosta y Oreste Padován, pero todo indica que el resto de los represores tendrá una respuesta negativa similar. La gran mayoría de ellos tiene sobre sus espaldas condenas a prisión perpetua en varios fallos dictados en Córdoba, el primero de los cuales fue en 2008 y el último, el de la Megacausa La Perla, finalizado en agosto de 2016.

En otras provincias
Otro represor que vio frustrada su intención de beneficiarse con el “2×1” fue Juan Antonio Azic, de actuación en la ESMA y apropiador de bebés en los casos de Victoria Donda y Laura Ruiz Dameri, además de torturas a otros secuestrados.
Por su parte el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín denegó la excarcelación del ex comisario Carlos Caimi, condenado por torturar y secuestrar a una decena de personas durante la dictadura. Además de rechazar que aquella norma legal fuera de aplicación en estos casos, destacaron que la misma “podría implicar una conmutación de pena”.
Tampoco tuvieron suerte las presentaciones del ex comisario Miguel Etchecolatz, lugarteniente del general Ramón Camps en el circuito platense, ni el sacerdote Christian Von Wernich, que hasta hace poco oficiaba misas en el penal donde estaba recluido antes de beneficiarse con un traslado. Etchecolatz está litigando por obtener el beneficio del arresto domiciliario invocando razones de salud, con fallos a favor y en contra, y recursos de apelación, por lo que ese pedido aún no se ha podido concretar.
En La Plata hubo también pedidos de aplicación del 2×1, y en Tucumán, el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la pretensión del represor Carlos Eduardo Trucco, en base al informe del Fiscal Federal Nº 2 Pablo Camuña quien había pedido que se declare inconstitucional la aplicación del “2×1” a represores.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires no acogió el pedido de excarcelación del represor Víctor Gallio, apropiador del nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela. La defensa del nieto recuperado por Abuelas había solicitado que en caso que Gallo fuera liberado, Madariaga Quintela tuviera protección por el fundado temor a represalias. Dicho sea de paso, si aquellas libertades se hubieran ido produciendo, cosa que afortunadamente no ocurrió, se estimaba que mil testigos, querellantes y nietos recuperados iban a reclamar custodia policial permanente.

Panorama desolador.
Aunque fue una muy buena noticia que la reacción popular y ciudadana haya logrado parar el fallo de la Corte, la situación de los derechos humanos en la Argentina ya no es lo que era hace unos años, cuando en todo el mundo se reconocía a nuestro país como líder en materia de respeto a los Derechos Humanos.
En este marcado retroceso, merece un justo reconocimiento la decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, de quitarle el título de profesora honoraria a Elena Highton de Nolasco, tras su desafortunado voto en el fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo, que intentó extender el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Esta situación fue corroborada por las opiniones críticas formuladas por la misión de la ONU, durante la visita de diez días que hizo a la Argentina, al estado de los derechos humanos. Se trata del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, cuya delegación estuvo integrada por las expertas Elina Steinerte, de Letonia, y Stondjil Adjovi, de Benin. La delegación recogió testimonios en Chubut, Buenos Aires y Jujuy, entrevistando a unas 200 personas, según se informó en la conferencia de prensa brindada el pasado 18 de mayo.
Uno de los informes más esperados por los organismos argentinos era la opinión sobre la detención de Milagro Sala, donde se ratificó el dictamen de octubre de 2016, cuando se calificó la detención de la dirigente jujeña como “arbitraria” y se reclamó su liberación al gobierno de Mauricio Macri.
El informe del Grupo de Trabajo también criticó que el 60 por ciento de los detenidos en las cárceles argentinas están con prisión preventiva, así como las amplias facultades que tiene la policía para detener preventivamente a personas por presunción de delitos o para identificación.
La delegación de la ONU manifestó en la conferencia que “los más humildes y vulnerables tienen mayor probabilidad de ser detenidos” y que recibieron información de “privación de la libertad en el marco de protestas sociales”.
Por otro lado, el 22 de mayo arribaron a Buenos Aires los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que celebrará su 162ª reunión extraordinaria aquí. Si bien el presidente de la CIDH, Francisco Equiguren, aclaró que durante el período de sesiones “no se trata ningún asunto propio del país anfitrión, pero esta estadía permite tener, antes de las audiencias, reuniones de contacto con las autoridades y con la sociedad civil para conocer sus problemas”. Expresó que es muy difícil “que la sociedad entienda que uno viene a su país y se va a ocupar de todo menos de las cosas del país, son cosas que los diplomáticos podemos comprender, pero los pueblos tienen sus expectativas”.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y otros organismos aprovecharán la ocasión para dar su opinión sobre el mal momento que el gobierno nacional está haciendo pasar a los derechos humanos. La lista es extensa: prisión de Sala, protocolo represivo, ataques a pueblos originarios, despidos y suspensiones, supresión de conquistas sociales, represión de la protesta social y Carpa Docente, desfinanciamiento a programas, negacionismo de los 30.000 desaparecidos, fallo de la Corte por el “2×1”, campañas contra Gils Carbó y jueces probos como Rafecas y Freiler, compra de armamento y un largo etcétera.