Astiz y Acosta, como los demás genocidas, no deben quedar en libertad

“Día de vergüenza nacional”, sintetizó la presidenta de la Nación sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal que ordenó la libertad de unos veinte represores. No se trata de una cuestión sólo legal sino ante todo política.
EMILIO MARIN
No pudo haber desconocimiento en los dos camaristas que fallaron a favor de la libertad del connotado lote de genocidas, ni casualidad alguna que su resolución se conociera el 18 de diciembre. Ese día Cristina Fernández y representantes de organismos de derechos humanos, con mucho público en general, entregaban las distinciones “Azucena Villaflor” al destacado escritor Osvaldo Bayer y a Sara Rus, madre de Plaza de Mayo, en el antiguo edificio de la ESMA, convertido en Espacio de la Memoria.
En esas condiciones era evidente que el fallo de la Cámara de Casación Penal, disponiendo la libertad de once genocidas que habían actuado en ese lugar, cuando era la tenebrosa ESMA, y de otros represores como el ex juez Víctor Brusa y el general Ramón G. Díaz Bessone, en otras dos causas, iba a tener un efecto bomba.
Y lo tuvo. La repercusión política, mediática y judicial fue impresionante, lo que demuestra la vigencia que tienen en Argentina las consideraciones sobre derechos humanos. En otro tiempo y lugar quizás la noticia hubiera tenido menor impacto. Acá y ahora no, que los represores de avenida Libertador 8.100 pudieran irse a su casa esperando un juicio que nunca llega, y que salieran del penal de Marcos Paz donde están alojados, golpeó a muchas conciencias.
No fue tanto un cachetazo a la mejilla, como dijeron algunos dirigentes de organismos humanitarios sino un golpe mucho más tremendo. Pero dialécticamente ese fallo logró su contrario. Desde el mismo palco, tanto Bayer como la jefa de Estado dijeron lo suyo y comenzaron el contraataque.
El autor de “Los vengadores de la Patagonia rebelde” dijo: “y ahora unos jueces nos han querido dar una bofetada dejando en libertad a los más cobardes asesinos, justamente a los que estaban aquí, pero no van a triunfar, los vamos a combatir con las leyes y la democracia, y esos asesinos no van a salir más de las cárceles, y vamos a seguir luchando por los derechos humanos de los niños de las villas de emergencia”. Con esa última acotación, el escritor pasó el aviso en contra de la campaña por la criminalización de la niñez pobre que encabeza el kirchnerista gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
“Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial”, manifestó la presidenta, diciendo que se avergonzaría si a estos genocidas terminaran juzgándolos en otros países. Fue una referencia a la condena en ausencia que registra Alfredo Astiz en Francia por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Los organismos de derechos humanos, incluso aquellos que no estaban presentes en la ceremonia del Espacio de la Memoria por considerarlo demasiado “pegado” al gobierno, repudiaron unánimemente la resolución de Casación Penal. Hacía tiempo que no se veía tanto acuerdo en los organismos. Casación lo hizo posible. Y, demostrando que los represores son conscientes de su desprestigio nacional y mundial, hay que dejar constancia que no hubo muestras significativas de alegría por sus liberaciones, excepto en sitios como Seprin. Hasta los fascistas se cuidaron de decir esta boca es mía.

El debate jurídico.
El fallo en cuestión fue votado por mayoría por los miembros de la sala II de la Cámara de Casación: Guillermo Yacobucci, Luis García y Gustavo Mitchell.
Los dos primeros se basaron en que la ley Nº 24.390, que reglamenta la prisión preventiva, establece un plazo de dos años para mantener a alguien detenido sin una condena y admite una prórroga de un año. Estos plazos estaban vencidos en la causa de los chacales de la ESMA.
Mitchell, en cambio, argumentó que no podía procederse a la libertad de los once genocidas por resultar peligrosos para el proceso, o sea por el riesgo de profugarse, destruir pruebas, intimidar a testigos y querellantes, etc.
Como suele ocurrir en estos casos, la biblioteca jurídica está dividida y hay argumentos a favor de una y otra postura.
Socialmente hablando, el punto de vista de la ajustada mayoría del tribunal significa un escándalo. Estamos hablando de la ESMA, el mayor de los 340 centros clandestinos de detención según el inventario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
En su libro “Como los nazis, como en Vietnam”, Alipio Paoletti dedica su capítulo VI a “ESMA, crueldad y perversión”. Allí califica a Astiz de “un mediocre soldado que descolló en la represión, secuestró a la adolescente Dagmar Hagelin tras dispararle por la espalda; se infiltró en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz; fue factor importante en el secuestro y asesinato de las monjas francesas (…) no resistió ni una hora a las fuerzas británicas que llegaron a desalojar las Georgias” (pág. 155).
Más jerarquía que ese represor ostentaba el “Tigre” Acosta, jefe del grupo de tareas 3.3.2., quien decía a los torturados que delataran a sus compañeros y fueran colaboracionistas con la Armada. Caso contrario “se van para arriba con el pentonaval”, una clara admisión de que utilizaban la inyección de pentotal para dopar a los prisioneros y subirlos a los aviones para luego arrojarlos vivos al mar, que fue el método preferido con el que se deshicieron del grupo de capturados en la iglesia de la Santa Cruz y demás desaparecidos.
Frente a esta clase de criminales no hay que vacilar en tomar partido por la mitad de la biblioteca jurídica que aconseja agotar los recursos para que sigan presos.

Que continúen en Marcos Paz.
Estos reos están desde el año pasado en Marcos Paz pues en años anteriores gozaron de condiciones excepcionalmente favorables en bases de la Armada.
Y allí, en Marcos Paz, deberían continuar detenidos porque como recordaba el doctor Claudio Orosz, querellante de la causa Menéndez en Córdoba, en libertad son “peligrosos para el proceso”. En esto coincidía con la resolución que firmaba en minoría el camarista Mitchell.
En cambio algunos comunicadores del grupo Clarín, como el conductor de “El juego limpio”, se apresuraron anteanoche a sugerir la libertad de los “delincuentes”, con el argumento de que también los delincuentes tienen ese derecho de tope en la prisión preventiva en democracia.
Nelson Castro estaba confundiendo de delincuentes. Una cosa es alguien que robó y hasta mató a alguien, en una causa penal común. Y otra muy distinta es este lote de criminales seriales, genocidas, que asesinaron a miles de personas siguiendo un plan de terrorismo de Estado, en delitos de lesa humanidad.
Para graficarlo, es como si a Adolfo Hitler, en el caso de haberlo tomado preso vivo, se lo hubiera liberado a los 3 años porque se demoró el juicio y le correspondía el beneficio del “dos por uno”.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, pidió ayer al Consejo de la Magistratura que comenzara el trámite de juicio político a los dos camaristas que votaron la libertad de los detenidos en la causa ESMA y a los miembros del Tribunal Oral Federal 5 (Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías) que tuvo frenada esa causa el último año. Duhalde el bueno, no confundir con el otro, anunció un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que tome cartas en este expediente y acelere el juicio a los represores, fijando fecha del mismo e impidiendo las libertades los procesados.
Como reaseguro contra esas libertades, se informó que el fiscal Raúl Pleé apeló el fallo de Casación. Su apelacion tiene efectos suspensivos, o sea que hasta que se la resuelva suspende la resolución de Casación.
Astiz y los demás no saldrían en lo inmediato en libertad. Pero si no se implementan las medidas pedidas por la secretaría de DD HH de la Nación y los organismos de derechos humanos para acelerar los juicios, y si por otro lado el Congreso no aprueba leyes que favorezcan ese nuevo tratamiento y modifiquen lo que sea necesario de la ley 24.390, entonces ese fantasma tan temido reaparecerá en el corto plazo, en esta causa, en la del I Cuerpo de Ejército o en otra. Lo ideal es lo pedido por los organismos: un solo juicio por cada Centro Clandestino de Detención o circuito represivo, para simplificar testimonios y recursos. Aún se está a tiempo de aprobar esa solución tan resistida por el sector de la justicia lenta y cómplice de los represores, como era evidente en la Cámara de Casación Penal presidida por Alfredo Bisordi.