Ataque a un juez

El ataque contra el juez federal Daniel Rafecas protagonizado por la flor y nata de la derecha económica, periodística y “cultural” es otra muestra más del clima enrarecido que campea en el país. Hace pocas horas se conoció que el fiscal Federico Delgado debió abandonar su cátedra en una universidad privada porteña cuestionado por sus “ideas de izquierda”; el juez Sebastián Casanello padeció una inusitada persecución mediática y operaciones de inteligencia con acusaciones falaces y más recientemente la jueza Martina Forns fue acusada -con términos ofensivos inusuales en el ámbito tribunalicio- por la Corte Suprema a raíz de su desempeño en la suspensión del tarifazo al servicio de gas natural.
Cuando asumió, el Presidente de la Nación dijo que no quería jueces obedientes al poder político y se comprometió a garantizar el desempeño independiente del Poder Judicial. Pero las presiones que vienen soportando los magistrados que se desenvuelven según aquel deseo expresado por el jefe de gobierno dan por tierra con el enunciado. La solicitada contra Rafecas exigiendo su remoción está firmada por varios altos funcionarios nacionales, legisladores oficialistas, periodistas y dueños de grandes medios porteños, intelectuales orgánicos del macrismo, ex funcionarios delarruístas y grandes empresarios rurales e industriales. Es la más acabada representación del campo ideológico conservador que se haya reunido para poner sus nombres en una iniciativa conjunta. Un reconocido analista político no descartó la actuación de embajadas extranjeras y de los servicios de inteligencia en la operación.
El motivo de la furiosa solicitada publicada ayer es el nuevo rechazo de Rafecas a darle lugar a la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa decisión del juez oportunamente fue respaldada por no pocos colegas: Servini de Cubría, Lijo, Canicoba Corral y la Cámara Federal; y por los más destacados juristas del país: Maier, Zaffaroni, Arslanián y Moreno Ocampo.
Este respaldo de semejante estatura jurídica no fue obstáculo para impedir la rabiosa ofensiva motorizada por quienes, sin sonrojarse, se autoproclaman custodios de las virtudes republicanas.

Otra vez el secreto
La censura que aplica el ministro de Seguridad impide que los ciudadanos de esta provincia -que con sus aportes impositivos le pagan el sueldo- conozcan qué sucedió con el comisario Fabián Cortés. El oficial, con un legajo intachable y destacados logros a lo largo de su carrera pasó, entre gallos y medianoche, de ser un miembro del cuerpo aplaudido por sus superiores a poco menos que un ex policía.
El jefe de la fuerza, consultado por el periodismo, mantuvo sin fisuras los votos de silencio que hoy se han impuesto desde la cúpula ministerial. Solo dijo que es una “decisión” del titular de Seguridad y que el comisario “venía trabajando bien” al frente del área de toxicomanía. No es una afirmación que le correspondería a un alto oficial que es retirado de sus funciones.
Bajo el mando de Cortés tuvo lugar hace muy pocos días un operativo que permitió incautar un cargamento de droga de alta pureza y realizar varias detenciones. Unánimemente el procedimiento fue catalogado de “exitoso” y coronó el esfuerzo de mucho tiempo de arduas tareas de inteligencia. Pocos días antes el comisario había sido distinguido por su desempeño al frente de la estratégica división que tiene a su cargo el combate al narcotráfico. Esos antecedentes tornan en extremo sospechoso el intempestivo decretazo ministerial y dejan a la población sin respuestas ante un cambio tan abrupto.
La Constitución obliga a los gobernantes a dar publicidad de sus actos. Cuando eso no ocurre se lesiona el derecho de los ciudadanos de conocer lo que hacen sus representantes en el Estado. Pero todo indica que a nadie le preocupa demasiado esa falta grave que daña la calidad institucional de nuestra provincia.

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