Ataque mafioso

El ataque a balazos contra el frente de una vivienda rompió la habitual calma de Miguel Riglos y vino a reactualizar un problema que nunca termina de superarse: la mafia de los prestamistas y sus habituales despliegues de violencia.
Con frecuencia este diario aborda la cuestión porque, lamentablemente, también con frecuencia aparecen sus consecuencias. El recordado “crimen de Villa Martita” fue el hecho más resonante de los últimos tiempos -pero no el único- vinculado a esta actividad que florece en las sombras y que, por una parte, significa un negocio muy próspero para algunos pocos que tienen grandes fortunas y, por la otra, una trampa para quienes caen en sus redes acuciados por la necesidad o por no evaluar los riesgos.
Se trata de una actividad que tiene todos los ingredientes que caracteriza a las mafias. Actúa al margen de la legalidad, aplica pactos de silencio, amenazas, agresiones físicas e incluso la “pena de muerte”. Es un muy buen “negocio” para los prestamistas. Los intereses usurarios que aplican a sus víctimas son infinitamente superiores a los ya muy altos que hoy se observan en el mercado bancario. Por lo tanto esta actividad ilegal permite el enriquecimiento desmedido de unos pocos que hacen valer su propia ley por la cual pueden llegar hasta el asesinato.
No debería ser tan difícil en un medio pequeño como el nuestro detectar estas actividades para neutralizarlas. Pero para ello se requeriría de una Justicia más expeditiva y, sobre todo, de una policía que ponga sus energías en investigar lo verdaderamente importante en lugar de distraerse acosando a agencias de automóviles con operativos absurdos o involucrándose en infinidad de nimiedades. Esa distracción de la fuerza en naderías puede parecerle bien a algún infatuado ministro pero poco y nada aporta a la seguridad de la provincia. En cambio, cuestiones mucho más graves y “pesadas” como el narcotráfico o la mafia de los prestamistas no parecen recibir la atención privilegiada que merecerían por parte de quienes están para proteger a la sociedad.

Historia conocida
El gobierno nacional decidió adelantar la desregulación del mercado de los combustibles, prevista para el año que viene, y ahora serán las empresas petroleras las que fijarán el valor de las naftas y el gasoil. Tanto los voceros oficiales como sus amigos de la prensa porteña se apresuraron a decir que “no se espera un aumento en los surtidores”. Desde luego que ese pronóstico se cumplirá en el corto plazo, especialmente por las elecciones del 22 de octubre, ya que a ninguna de las patas del trípode en cuestión: oficialismo, petroleras y grandes medios, se le ocurriría escupir para arriba y ensombrecer las perspectivas electorales amarillas.
Pero los argentinos que tienen memoria -y algunos años- saben que semejante medida no puede traer nada positivo para las amplias mayorías de la sociedad. Retirar al Estado de su función de control y atar el precio de los combustibles a los valores del mercado internacional y a las fluctuaciones del dólar significa, indefectiblemente y a pesar de los aplausos de los gurúes económicos televisivos, quitarle al país una herramienta fundamental para defender su economía.
Todos saben que los combustibles cumplen un rol estratégico en la actividad económica del país. No solo porque la industria extractiva es importante sino porque influyen decisivamente en la formación de los precios de la mayoría de los productos que consumimos. Sabemos muy bien adónde nos llevó la experiencia “liberadora” del menemismo. Este gobierno de CEOs aplica las mismas recetas fondomonetaristas aunque con mayor entusiasmo. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta hacia dónde nos dirigimos y quienes serán los ganadores y los perdedores de este experimento.