Atuel: dictamen contundente

La Procuración General de la Nación dio un paso de enorme trascendencia al rechazar las objeciones de Mendoza y dictaminar que La Pampa tiene razón en su pretensión de que intervenga la Corte Suprema de Justicia para poner fin al daño ambiental provocado por el corte del río Atuel. Pero tan importante como avalar la aceptación de esta nueva causa para que sea tramitada ante el máximo tribunal de justicia del país fueron los argumentos que expuso la PGN, al demoler todos los cuestionamientos que interpuso la provincia cuyana en su intento de bloquear el avance de esta nueva presentación pampeana.
La parte mendocina apeló a una batería argumental que buscó cerrarle a La Pampa el camino hacia la CSJ. Con esa pretensión alegó que el asunto central del litigio ya había sido resuelto con la sentencia del año 1987, por ese motivo sostuvo que se estaba en presencia de “cosa juzgada” y que no correspondía habilitar el inicio de una nueva causa. La provincia cuyana atacó la competencia de la Corte en esta instancia, cuestionó la “legitimación activa” de nuestra provincia de llevar a cabo el planteo y, consecuentemente, rechazó que Mendoza pueda ser considerada responsable de los daños planteados en la actual demanda.
Una por una, la Procuración pulverizó todas las tesis cuyanas. Dijo que no puede hablarse de “cosa juzgada” porque la materia central de la demanda es otra: el gravísimo daño ambiental provocado en una extensa superficie provincial a causa de la interrupción de los caudales del río; y, además, sostuvo que esta vez La Pampa centró su presentación en el punto 3) de la sentencia de 1987 que instaba a las partes a “crear un ente administrativo común” para dar cumplimiento a lo resuelto en el fallo “y para encarar las obras que en el futuro sean de su interés”. Como es bien sabido, ese “ente administrativo” -una denominación que designa lo que corrientemente se conoce como “comité de cuenca”- nunca se pudo constituir por la obstinada negativa de Mendoza a sentarse con La Pampa para manejar en forma concertada un río que es “interprovincial”, tal como lo estableció la Corte en aquella misma sentencia.
Ahora sí quedaron abiertas las puertas para que la CSJ pueda proceder a analizar los términos de esta nueva presentación pampeana. Otra vez estará en la cúpula de la Justicia argentina una cuestión que no solo le debe interesar a los pampeanos, a pesar de son las víctimas más castigadas. Se verá esta vez si es posible poner límites a los abusos cometidos por un Estado provincial en perjuicio de otro; si los agraviados por decisiones unilaterales e inconsultas tienen las puertas abiertas para hacerse oír y demandar de los poderes de la república una solución para poner fin a una iniquidad.
En estos días en que el Atuel pasó de ser un cauce vacío a un torrente desbordado de agua, sin que las autoridades de Mendoza se consideren obligadas a avisar a La Pampa sobre un cambio tan drástico que puede poner en riesgo vida y bienes de los pobladores de la cuenca, adquiere especial relevancia este dictamen de la Procuración en favor de la competencia de la Corte Suprema para resolver el casi centenario conflicto.

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