Atuel: la historia vuelve a repetirse

Siempre son malas las noticias que, con relación al agua, nos llegan de Mendoza. Y esta vez no es la excepción. En forma unilateral, sin informar a La Pampa y en pleno litigio judicial ante la Corte Suprema, el gobierno de la provincia vecina autorizó a una empresa petrolera de capitales extranjeros a utilizar agua de la cuenca del Atuel para explotar yacimientos mediante el controvertido método del fracking.
Hace pocos días este diario había informado sobre otra iniciativa: la exhumación de dos viejos proyectos de embalse sobre el curso del Atuel. El debate fue promovido por los operadores turísticos y, por supuesto, entre los cuyanos nadie consideró pertinente siquiera una consulta a los habitantes del castigado territorio pampeano. Tan naturalizado tienen en Mendoza que el río es una propiedad exclusiva que, ni siquiera cuando discuten sobre el uso del agua para fines recreativos tienen en cuenta el tremendo daño ambiental y económico provocado en La Pampa por su corte unilateral.
Pero ahora las cosas son un tanto distintas pues en el caso del uso petrolero de las aguas del río Salado -principal tributario del Atuel- también hay perjudicados en la propia Mendoza. Los regantes al considerarse afectados porque se pierde parte del caudal, y las organizaciones ambientalistas porque ven alarmadas que se omitieron los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas que exige la ley. Ahora que el daño también involucra a los propios mendocinos, ¿podrán ellos ponerse, aunque sea por un minuto, en la piel de los pampeanos y comprender sus reclamos?
En el terreno político es de aguardar que en breve el gobierno y las organizaciones ambientales de nuestra provincia expresen públicamente su rechazo ante este nuevo atropello. Pero también se abre otra línea de acción: no sería ocioso elevar un informe adicional a la Corte Suprema para que los jueces adjunten al expediente un nuevo caso que desnuda en forma palmaria el modo de operar de Mendoza con el río interprovincial que es objeto central de la demanda. Durante la audiencia de conciliación -que no concilió nada- se pudo apreciar que algunos jueces de la CSJ pusieron incómodos a los abogados mendocinos con relación a un tema nada menor: la vieja estrategia cuyana de pretender desconocer la autoridad de la Corte para intervenir en esta disputa interprovincial.
Este caso pone al descubierto en forma categórica el punto medular de la disputa interprovincial que volvió al seno del máximo tribunal argentino: la imposibilidad de hacer recapacitar a los mendocinos con respecto a la necesidad de lograr un entendimiento mutuamente beneficioso en el uso de un recurso natural compartido, que supere los antagonismos estériles y que opere en favor de la integración de dos de sus Estados provinciales que forman parte de un mismo territorio nacional.
En síntesis, y como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. Pero ahora con un agravante: se pretende destinar agua del Atuel para una práctica extractiva tan contaminante que fue prohibida en los países centrales por sus dañosas consecuencias ambientales.