Atuel: Nación muy lejos de la equidad

La declamada “propuesta superadora” sobre el conflicto del río Atuel, que ordenara la Corte Suprema de Justicia, de la que estaba por vencer el plazo acordado para su elaboración, es una muestra cabal de cómo bajo un montón de conceptos más o menos explícitos se puede disimular un fondo claramente favorable a la provincia de Mendoza. Toda ella deja de lado la realidad y los fundamentos pampeanos para encubrir un favoritismo para con la posición cuyana. Ni la constitución de un obligado y esencial comité de cuenca, ni el modesto caudal solicitado por La Pampa, ni un manejo acorde y compartido del río por parte de ambas provincias, ni la recomposición del ecosistema… Nada, ni siquiera un mínimo reconocimiento al siglo de sustracción de caudales y el enorme daño demográfico figura en las conclusiones a las que llegó el documento elaborado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
Paralela a la mezquindad del documento de ese organismo es llamativa la fugaz presencia de su titular en la reunión; a esta altura de los acontecimientos parecería que el secretario Beresiartúa (que en su momento se ausentó de la audiencia de conciliación, desairando a la Corte Suprema) no tiene inconvenientes en disimular, o directamente desoir, los conceptos centrales que los jueces avalaran en aquel momento: unidad de la cuenca, recomposición ambiental, complementación técnica en aspectos que conciernen a la hidrología…
Para peor el valor obtenido por los técnico del organismo nacional surge de “evaluaciones sobre expresiones conocidas, las que arrojaron una dispersión de resultados”; de los promedios de esas ignotas evaluaciones se estimó un mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo. Como tamaño caudal no debió conformar las ambiciones de la contraparte cuyana, el valor próximo (nótese que condicionado a “intervenciones inmediatas”) se apeló a un impreciso modo condicional de expresión según el cual a posteriori se llegaría “al o los valores asociados a la recomposición del ecosistema, que podría aproximarse al valor antes mencionado”. El caudal propuesto a entregarse en lo inmediato sería entonces de 2,2 metros cúbicos por segundo, poco más o menos del que suele traer el río sin que nunca puedan los pampeanos saber a qué obedece.
Con semejantes resultados los “criterios conceptuales” que alimentaron el documento resultan irónicos: mejoramiento de la oferta hídrica; sostenibilidad de los caudales fijados/acordados por las jurisdicciones; fortalecimiento institucional para la gobernanza de la cuenca, y adaptación a los extremos climáticos. Para implementar tan discutibles medidas Nación ofreció una suma que parece acorde con su evaluación del problema: apenas 700.000 pesos.
Con lo visto hasta aquí parece evidente que ante la fijación por parte de la Corte de conceptos que aparecieron en su momento como equitativos, los manejos técnicos y políticos se han encargado de desvirtuarlos sin hacer prácticamente aporte alguno al problema. En lo institucional se destaca la propuesta de creación de una nueva comisión interjurisdiccional, también integrada por Nación, con una media docena de organismos relacionados, entes todos que sirven para eludir un concepto mucho más moderno, sencillo y efectivo: comité de cuenca.
Ante el panorama que plantea este documento claramente favorable a Mendoza no queda más que aguardar qué resolverá ahora la Corte Suprema de Justicia. En esa instancia están cifradas ahora las esperanzas pampeanas después de atravesar casi un año de tratativas en donde, claramente, no se vieron tres partes involucradas sino dos: La Pampa en soledad por un lado y, del otro, Mendoza y Nación tirando en yunta. ¿Será justicia?