Aumenta espionaje a periodistas en EE.UU.

UN TRIBUNAL SECRETO QUE TRABAJA A DESTAJO

En el “país de la libertad” el gobierno espía a periodistas y ciudadanos con una enorme maquinaria secreta. Con Trump se multiplicó este acoso.
Alberto López Girondo
El gobierno de EE.UU. viene forzando al límite las reglas de un tribunal secreto para espiar y perseguir a periodistas, según documentos obtenidos tras una demanda de dos ONG dedicadas a defender la libertad de prensa. La primera lectura diría que todo esto es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra uno de sus objetivos: los medios y el periodismo en general. Sin embargo no es así: el tribunal en cuestión fue creado hace 40 años durante el gobierno de Jimmy Carter a instancias de una propuesta del senador Ted Kennedy. Las primeras revelaciones sobre este sistema de vigilancia saltaron a la luz en 2013, durante la administración de Barack Obama. El ingrediente ahora es que estas prácticas no solo prosiguieron sino que en manos de Trump se potenciaron.
Amparados en la Ley de Libertad de Información estadounidense, la Freedom of the Press Foundation (FPF, Fundación para la Libertad de Prensa) y la Knight First Amendment Institute (KFAI, Instituto Knight de la Primera Enmienda, la que garantiza la libertad de prensa) de la Universidad de Columbia, obtuvieron los documentos que prueban de qué modo las autoridades siguen vigilando a periodistas mediante ordenes FISA (por Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera).

Vieja historia.
El FISA surgió como propuesta de Ted Kennedy , el hermano de los dos líderes demócratas asesinados en los años 60, el presidente John y el procurador general Robert. Corría el año 1977 y el tema de la libertad de prensa estaba en el candelero luego de la arremetida del republicano Richard Nixon primero contra los diarios que publicaron los Papeles del Pentágono y luego por la revelación del Escándalo de Watergate, que finalmente lo obligaría a renunciar, en 1974.
Ambos sucesos llevaron al debate el modo en que un gobierno puede utilizar los servicios de inteligencia para vigilar a sus propios ciudadanos. Porque la seguridad interior está en manos del FBI, pero ese organismo necesitaría que un juez le dé una orden escrita para intervenir teléfonos y poner el ojo sobre una persona. Y un magistrado necesita tener alguna sospecha o fundamento para autorizar esa medida.
No era así como había actuado Nixon. El debate, en plena Guerra Fría, fue qué hacer entonces cuando había sospecha de actividad de organismos extranjeros dentro del país sin que se enteren de los tienen en la mira. La propuesta de Kennedy fue crear un tribunal secreto que estudie la necesidad expresa de algún organismo estatal que lo requiera y dé la orden respectiva. Todo legal.
La ley FISA fue firmada por Carter el 25 de octubre de 1978 y establece la creación de un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC (por Foreign Intelligence Surveillance Court). Ese tribunal está integrado por once jueces nombrados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Otra normativa aprobada ese año, las llamadas Cartas de Seguridad Nacional, permiten al FBI recoger información privada sobre los estadounidenses sin su consentimiento, y si bien fueron declaradas inconstitucionales por la jueza estadounidense Susan Illston en 2013, siguen vigentes.

Corte en las sombras.
La corte secreta tomó mayor relevancia luego de los atentadas a las Torres Gemelas, el 11-S de 2001, porque de inmediato se aprobó la Patriot Act (Ley Patriota) que bajo la excusa de perseguir el terrorismo, clausuró muchas de las libertades civiles consagradas en la tradición estadounidense. La corte en las sombras comenzó a trabajar a destajo y casi no puso objeciones a lo que le reclamaban las autoridades.
Si FISA nació como intento de legalizar la intervención del propio gobierno sobre sus ciudadanos en el contexto de la Guerra Fría y luego de la guerra de Vietnam, en estos últimos años las filtraciones y cuestionamientos a gobierno estadounidense se multiplicaron.
Durante el gobierno de Obama (2010-2016) Julian Assange lanzó WikiLeaks, donde en 2010 el soldado Bradley (luego Chelsea) Manning filtró millones de documentos sobre atrocidades cometidas por tropas de EE.UU. en Irak. Manning terminó preso y Assange está refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para no ser sometido a la ley en EE.UU. Fue durante ese gobierno que Edward Snowden en 2013 desnudó la manera en que la NSA espía a todo el mundo en todo el mundo mediante todos los aparatos electrónicos que utiliza un ciudadano común.
En ese mismo año se supo que el gobierno de Obama había intervenido unas 20 líneas de la agencia de noticias Associated Press (AP) para determinar quién había filtrado información secreta sobre una operación en Yemen contra un activista de Al Qaeda. El procurador de Justicia, Eric Holder, tuvo que salir a dar explicaciones. Las filtraciones son un tema que desvela a mandatarios desde los affaires de Nixon en los 70 y de Obama entre 2010 y 2016. Ni qué decir de Trump, cuando hace unos días Bob Woodward, el mismo que saltó a la fama con la investigación de Watergate, publicó un libro con revelaciones de su gestión que solo podría conocer mediante fuentes cercanas al presidente. Y cuando el mismo día el Times publicó una columna sin firma de un funcionario suyo que no lo deja bien parado.

“Asombroso”.
El actual fiscal general Jeff Sessions, dijo ante el Congreso que hay en curso 27 investigaciones sobre filtraciones, de las que no dio precisiones. Ben Wizner, un abogado de la ONG ACLU (American Civil Liberties Union, por Unión Estadounidense para las Libertades Civiles ), se alarmó. “En toda la historia del país, solo ha habido una docena de enjuiciamientos por filtraciones”, dijo el letrado, que también representa a Snowden. “Si el número 27 es real, es asombroso”.
“El hecho de que las investigaciones se mantuvieron en secreto durante la administración de Obama es motivo de gran preocupación. Ahora, el presidente Trump ha expresado repetidamente su odio por los medios y su fiscal general Jeff Sessions ya ha triplicado la cantidad de investigaciones sobre fugas desde la era de Obama. ¿Ha utilizado la administración Trump órdenes judiciales de FISA para apuntar a periodistas con vigilancia? ¿Si es así cuando?” reclama Timm, de la Freedom Press Foundation. (Tiempo Argentino).