Bahía Blanca y la lucha por democratizar la Justicia y la Universidad

El caso del juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, demuestra los fuertes vínculos del Poder Judicial con la dictadura, y la dificultad de su democratización, a más de 30 años de recuperada la democracia.
IRINA SANTESTEBAN
A pesar de encontrarse acreditado por la información proporcionada por el Ministerio de Defensa, que el hoy integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, actuó como PCI (personal civil de inteligencia) del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura militar-cívica, no sólo no ha podido ser removido de los cargos que ocupa en el Poder Judicial bahiense, ni en la Universidad Nacional del Sur, sino que además ha ganado juicios en contra de sus denunciantes, a quienes les reclama sumas de dinero en concepto de "daño moral".

 

RECOMENDADO.
Montezanti se desempeñó entre el 1 de enero de 1981 y el 1 de junio de 1982, como "asesor universitario" del Destacamento de Inteligencia 181, dependiente del Batallón 601, según datos aportados por el propio Ejército y que obran en las numerosas denuncias. Las han efectuado el gremio de los empleados judiciales, el profesor y magister de la UNS, Dante Patrignani y organizaciones de derechos humanos de Bahía Blanca.
Para ingresar al servicio de la inteligencia del Ejército, los aspirantes debían ser "recomendados" por otro integrante de esa dependencia. Según los registros obrantes en su legajo, a Montezanti lo recomendó el coronel José Osvaldo "Balita" Riveiro, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, prófugo de la Justicia y condenado en Francia por su participación en "Plan Cóndor".
A raíz de un boletín que difundiera la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, en los Tribunales de Bahía Blanca, Montezanti se sintió "ofendido" en su buen nombre y honor, y demandó a la secretaria general de esa sede, Graciela Diez Paz. La Cámara Civil de Bahía Blanca hizo lugar a su reclamo y condenó a la sindicalista a pagar 70.000 pesos como "indemnización" por haberlo comparado con los jefes de los campos de concentración. Lamentablemente, a fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró "inadmisible" el recurso presentado por la defensa de Diez Paz, y el fallo quedó firme, con lo cual la gremialista deberá pagar al juez denunciado la suma reclamada.

 

ESPÍAS.
Las personas que actuaron como PCI durante la dictadura, fueron verdaderos "informantes" de las fuerzas armadas. Sus actividades servían para que los grupos de tareas persiguieran y secuestraran a militantes y otros ciudadanos, para llevarlos a los centros clandestinos de detención, donde eran torturados y en la mayoría de los casos, luego desaparecidos.
El capitán del Ejército, José Luis d´AndreaMohr, quien fuera un fuerte crítico de la actuación de su fuerza durante la vigencia del terrorismo de Estado, y pasado a retiro forzoso en 1976, definió a las tareas de inteligencia que desarrollaba el Batallón 601 como "el sistema nervioso de la dictadura" y en su libro "Memoria de Vida" expresa que los PCI eran los que recolectaban la información de las ciudades, se infiltraban entre las organizaciones, partidos políticos, barrios, gremios, universidades, etc.

 

JUICIO ACADÉMICO.
El profesor Dante Patrignani, de la Universidad Nacional del Sur (UNS), impulsa la separación de Montezanti de esa Casa de Estudios, donde es docente del Departamento de Derecho. A su juicio, "la sola pertenencia de Montezanti a la inteligencia de la Dictadura, su actuación como 'colaboracionista' de un régimen genocida, es suficiente para separarlo del cargo".
Y en relación al papel que le cupo a esas tareas de inteligencia, cita al fiscal Abel Córdoba, actual titular de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal (Procuvin) y que se desempeñara en la Unidad Fiscal de Asistencia para las causas contra el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.
"La inteligencia militar en Bahía Blanca, comparada con otras regiones de la Provincia de Buenos Aires, fue particularmente meticulosa y exhaustiva. Es algo que los peritos de la Comisión por la Memoria nos dicen. La Inteligencia que se hizo en Bahía Blanca es enormemente superior y exhaustiva a la que se hizo en Mar del Plata o La Plata, por ejemplo. Los documentos que hemos podido recuperar de Inteligencia dan cuenta de eso, de un poder de infiltración realmente enorme", sostuvo Córdoba.
Para el profesor Patrignani, los antecedentes de Montezanti son más que suficientes para que, mediante el Juicio Académico, se lo separe de los cargos que ocupa en la UNS. En 2011 impulsó en la Asamblea de la Universidad del Sur una resolución que restringía el acceso a la casa de altos estudios de quienes hayan integrado los planteles de PCI de la dictadura. Esa resolución fue aprobada por el máximo órgano universitario. A renglón seguido, Patrignani pidió el juicio académico contra Montezanti, pero esa presentación fue rechazada por el Consejo Departamental de Derecho.
A su vez, Montezanti recurrió a la Cámara Federal que él mismo integra, manifestando que le afectaban "derechos adquiridos" y sus pares del Poder Judicial ordenaron a la Universidad no avanzar en el proceso de juzgamiento hasta no resolver la queja. Fue una medida cautelar que se prolongó durante tres años, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que cesara, y que continuara el trámite del juicio académico.
Como las autoridades del Departamento de Derecho se niegan a iniciarlo, Patrignani ha presentado un recurso ante el Consejo Superior de la UNS, para que se cumpla con lo dispuesto por la Corte Suprema, y se proceda al Juicio Académico contra Montezanti, atento los antecedentes sobre su actuación como PCI durante la dictadura y la resolución del Consejo Superior que expresó la voluntad casi unánime (con unas pocas abstenciones de asambleístas del Departamento de Derecho) de la comunidad universitaria, que consideró repudiable la participación de civiles en las tareas de inteligencia de la dictadura.

 

ANTECEDENTE EN CÓRDOBA.
En su escrito, Patrignani menciona el antecedente del Jury de Enjuiciamiento que en marzo de 2011 se realizó en Córdoba contra el Asesor Letrado Penal, José Luis Santi, también integrante de las listas de PCI que difundiera el ministerio de Defensa en enero de 2010.
En esa oportunidad, la denunciante fue la autora de este artículo, como titular del Gremio de los Judiciales cordobeses, y la presentación se hizo por ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que, luego de girar las actuaciones a la Justicia Federal, que dispuso pedir informes a la jefatura del Ejército, remitió los antecedentes de Santi al jurado de enjuiciamiento.
Este procedimiento, que tiene por objetivo juzgar las conductas de magistrados y funcionarios judiciales, se realizó mediante audiencias públicas, a las que no asistió Santi. Y finalmente el día 22 de marzo de 2011, el ex espía fue destituido de su cargo en el Poder Judicial cordobés.
Para Patrignani, y cita textual en su recurso, es muy importante lo que expresó en esa oportunidad el Fiscal General de Córdoba, Dr. Darío Vezzaro, para fundamentar su pedido de destitución de José Luis Santi: "la pertenencia al organismo de inteligencia al servicio de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado no es algo menor, ya que "la información y documentación que mantenía la clasificación de secreto, no obedecía en ese entonces a la protección de intereses legítimos de un Estado democrático sino que, tal como se sostiene en el Decreto nacional 4/2010, sirvió para ocultar el accionar ilegal del gobierno de facto". Para el Fiscal cordobés "el perfil del agente de Inteligencia respondía al de un sujeto que, necesariamente, comulgara con la ideología sustentada, en ese entonces, por el Gobierno de facto, que implicaba, entre otras cosas, el uso de la violencia política y física, ejercida desde el Estado, contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder en ese momento".

 

DESIGNACIÓN EN EL SENADO.
Montezanti ocupa el cargo de vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca porque el Consejo de la Magistratura lo avaló en 2002, luego de concursarse el cargo y formar parte de la terna que fue girada al Senado de la Nación, donde el titular del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, luego de analizar antecedentes e impugnaciones, propuso elevarla para que el entonces presidente Eduardo Duhalde procediera a su designación.
Obviamente, en esa oportunidad no se analizaron los antecedentes del ex PCI, al servicio del Destacamento 181 de Bahía Blanca, dependiente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Es que fue recién en enero de 2010, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, que se diera a conocer el listado de quienes habían actuado como personal civil de inteligencia durante la dictadura, con la sola excepción de los que habían actuado en actividades relacionadas con el conflicto por las Islas Malvinas.
De la lectura del legajo personal de Montezanti, se desprende que "realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas", respondiendo a órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.
El legajo revela que ingresó en ese carácter por recomendación de Riveiro, quien a fojas 30 afirmó bajo juramento: "Lo conozco en profundidad con el tiempo y asiduidad de trato suficientes para avalar sus condiciones morales, ideológicas y familiares (...) Por lo expuesto el causante es apto para ingresar como personal Civil de Inteligencia".
Riveiro, además de actuar en la represión del terrorismo de Estado, como muchos otros militares argentinos y latinoamericanos, fue luego asesor y entrenador de los grupos criminales que financió la CIA para hacer la guerra y desestabilizar al gobierno sandinista de Nicaragua, en los años ´80,desde sus bases en Honduras.
Esa fue la "recomendación" que tuvo el actual camarista y profesor universitario Montezanti, para ingresar, en 1981, al Batallón de Inteligencia de Bahía Blanca.