Balbín: el procurador que se tuvo que ir

SUS INVESTIGACIONES MOLESTARON DEMASIADO

Ari Lijalad* – El ahora ex funcionario dejó firmada una crítica auditoria sobre el auto perdón de Macri de 70.000 millones al Correo y avanzaba en investigar las coimas pagadas por Odebrecht en Argentina, vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento. Carrió en silencio.
El ahora ex procurador del Tesoro Carlos Balbín tuvo que renunciar mientras intervenía en dos investigaciones de vital importancia para los intereses de Mauricio Macri: Correo Argentino y Odebrecht. Balbín estaba obligado a intervenir en la causa que desató el mayor escándalo de la gestión Macri: la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial por la deuda de Correo Argentino. Antes de su salida forzada, Balbín dejó firmada una auditoría crítica de la actuación de la gestión Macri en este expediente.
Por otro lado, Balbín había empezado a investigar sobre los destinos de las coimas pagadas por Odebrecht, entre otros casos, para quedarse con la licitación del soterramiento del tren Sarmiento, proyecto al que Macri le asignó vía decreto 45.000 millones de pesos. En ese proyecto, Odebrecht es socio de Iecsa, la constructora que hasta hace poco estaba en manos del primo de Macri, Angelo Calcaterra, y que ahora compró Marcelo Mindlin, dueño de Edenor. Todo indica que Balbín fue forzado a renunciar. Era eso o convertirse en el virtual abogado de los intereses personales y financieros de Macri, su familia y sus empresarios amigos. En su lugar, Macri eligió a un ex abogado del Grupo Macri.

Las coimas brasileñas.
Balbín se interesó por el caso Odebrecht y las posibles coimas que el gigante brasileño otorgó para quedarse con obras en varios países, incluida la Argentina. Tanto es así que se reunió con Sergio Rodríguez, quien conduce la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), “órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración nacional”. La reunión fue por iniciativa del fiscal Rodríguez, para tocar el tema Odebrecht. Desde la PIA, Rodríguez lleva adelante una profunda investigación sobre el Lava Jato que sobrevuela distintas causas que obran en la Justicia que involucran a Odebrecht. Rodríguez le pidió una reunión a Balbín a través de un oficio donde le detalló las distintas causas que involucran a Odebrecht, los datos que hizo públicos el Departamento de Estado norteamericano, la legislación anticorrupción vigente y la necesidad de un trabajo en conjunto para, entre otras cosas, que el Estado recupere dinero de esas coimas o de lo que pagó por esas licitaciones supuestamente arregladas.

Millones de razones.
Según informó el Departamento de Estado, entre 2007 y 2014 Odebrecht pagó coimas en Argentina por más de 35 millones de dólares a intermediarios para que se los dieran a funcionarios que tenían la responsabilidad de hacer las contrataciones. Esto involucró al menos tres proyectos de infraestructura en los cuales esta corporación brasileña tuvo beneficios por aproximadamente 278 millones de dólares. El punto 50 del documento del Departamento de Estado refiere a pagos entre enero de 2011 y marzo de 2014 por aproximadamente 500.000 dólares a un intermediario. Esto coincide con el monto por que cuál fue denunciado Gustavo Arribas, actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Entre otros fundamentos legales que detalló la PIA para pedir la reunión con Balbín está el Decreto 1023, firmado por Fernando De La Rua el 13 de agosto de 2001, pocos meses antes de renunciar. El artículo 10 del decreto lleva el título Anticorrupción, y establece que se puede rescindir un contrato si hubo pago o incluso ofrecimiento de dinero o cualquier dádiva. O sea, si esto se comprueba, puede caerse el contrato por el soterramiento del Sarmiento. Hay 45.000 millones de razones para que el Gobierno, Odebrecht, Iecsa, Mindlin y demás beneficiarios de este proyecto no quieran que esto avance.

Una reunión.
Balbín aceptó reunirse con Rodriguez por este tema. La reunión fue a principios de abril y también participó la subprocuradora del Tesoro Susana Elena Vega. En la reunión se evaluaron las estrategias legales que podía tomar el Estado frente a Odebrecht. Por ejemplo, si era conveniente contratar un estudio de abogados en Brasil o las vías legales para que el Estado recupere dinero de estas maniobras.
Es difícil que esta reunión haya caído bien dentro del gobierno, pero la cuestión no terminó ahí. La noticia del alejamiento de Balbín la reveló Laura Manfredi en Nuestras Voces el sábado 22 de abril. El día anterior Balbín le había enviado un oficio a la PIA solicitando medidas de investigación vinculadas a Odebrecht. Es decir, que la reunión con la PIA tuvo consecuencias: Balbín quiso impulsar una investigación incómoda para el gobierno, para ex funcionarios, para el primo presidencial Calcaterra y para el empresario Mindlin. Demasiados intereses.

Con el Correo no.
El 30 de marzo pasado Balbín fue notificado de que, como procurador del Tesoro, debía intervenir en la causa por la deuda de Correo Argentino, o sea, un juicio en el que la familia Macri y el Estado están enfrentados. Pero, según consta en el expediente de este juicio por la deuda del Correo, recién el 21 de abril la jueza María Lila Gomez Alonso de Díaz Cordero tuvo por asumida la defensa del Estado por parte de Balbín en función del decreto 201/2017. Este decreto fue firmado por Macri el 22 de marzo, y establece que el Estado Nacional tiene que ser representado por el procurador del Tesoro en los juicios en que el presidente, vicepresidente, el jefe de Gabinete o cualquier ministro tenga un conflicto de interés. Claramente esto se cumple en el caso de Correo Argentino: Macri está de los dos lados del mostrador. Lo cierto es que Macri firmó el decreto 201 y cambió las reglas en medio del escándalo del Correo para, por un lado, ganar tiempo en un año electoral y, por otro, darle intervención a un funcionario que depende de él, como es el procurador del Tesoro, aunque en el caso de Balbín la cuestión se complicó.
En una entrevista con Radio Mitre, a los pocos días de que Nuestras Voces revelara el escándalo por la condonación de la deuda a la familia presidencial, Balbín declaró: “se plantea un conflicto de intereses, más allá de que no intervenga el presidente en el trámite”. Aclaró además que estaban trabajando en los decretos para regular la intervención del Estado en estos conflictos de interés, que finalmente se publicaron un mes más tarde y que le asignaron al procurador la responsabilidad de intervenir en el tema.

Otras renuncias.
La cuestión que empujó la salida de Balbín del Gobierno fue justamente su intervención, que más que proteger a Macri lo que hizo fue investigar. Por un lado, Balbín aceptó rápidamente los pedidos de la PIA de iniciar sumarios administrativos sobre los funcionarios que intervinieron en la causa Correo y de realizar una auditoría de todo el expediente del Correo. La rapidez no es un dato menor: desde el gobierno, en su afán de proteger a la familia Macri, pretendían que todo lo relacionado a esta causa se demorara lo más posible por el año electoral. El estudio del expediente estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración del Tesoro, cuyo responsable, Guillermo Alfredo García, renunció junto con Balbín a pesar de que era un funcionario de larga carrera dentro del organismo. Esta auditoría, según fuentes de la Procuración, revela un mal desempeño de parte del ministro de Comunicación Oscar Aguad en la defensa de los intereses del Estado, lo que contradice la versión oficial del Gobierno.
La auditoría quedó firmada por Balbín y García. Los dos renunciaron y también los dos Subprocuradores del Tesoro, Susana Elena Vega y Orlando Javier Moreno. La incógnita es qué hará el gobierno y el nuevo procurador del Tesoro con su contenido.

El abogado del Estado y de Macri.
Según Clarín, Macri eligió al reemplazante de Balbín con la venia de Elisa Carrió. La diputada tiene un poder de fuego mediático que Macri quiso aplacar. En 2016 Carrió publicó en su Twitter: “Carlos Balbín es la persona más honrada, estudiosa y buena persona que he conocido en el derecho administrativo”. Ahora cambió de opinión: se reunió con Macri y, hasta el momento, no dijo nada sobre la salida de Balbin.
Para reemplazar a Balbín, Macri se decidió por un abogado alineado a sus intereses, Bernardo Saravia Frías, hasta ahora secretario Legal y Técnico del Ministerio de Hacienda. Saravia Frías es socio del estudio que lleva su apellido. Con un master en la Universidad Austral y otro en la Universidad de Illinois, trabajó para el Bank of America entre 2003 y 2008.
Pero lo más notable es la lista de clientes de su estudio. Entre ellos figura el Grupo Macri, con lo cual ahora será abogado del Estado en un juicio contra el Grupo Macri. Quedará en manos de la Oficina Anticorrupción digitada por Laura Alonso determinar si existe conflicto de intereses. Alonso, previsora ante lo notorio del vínculo Macri-Saravia Frías, le envió una carta con “recomendaciones preventivas” sobre conflicto de interés y le solicitó “la nómina de clientes a los que ha brindado servicios en los últimos tres años”. La Ley de Etica Pública marca que los funcionarios deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
La lista de clientes de Saravia Farías incluye bancos investigados por delitos financieros: el BNP Paribas y Merrill Lynch. Pero además de tener grandes empresas como clientes, en sus registros figura como director o gerente en varias más: Tierradentro Minerals, Netco Argentina, Skyonline, Telecom, Caldén Viejo, Nextel, Netizen, Boston Overseas Financial Corporation, Boston Securities Sociedad de Bolsa y Boston Asesores de Seguros. Fue socio de Tesoro Resources, Tierra Tucumán, Tierra Exploration y Eritown Corporation. También escribe en La Nación, desde donde defiende al gobierno.
*Nuestras Voces.