Barajar de nuevo

El desafío lanzado por el intendente de Victorica fue recogido por el gobernador de la provincia. El jefe comunal planteó, durante el acto de inauguración de un barrio de viviendas en su localidad, la necesidad de rediscutir la coparticipación municipal, es decir, los fondos del tesoro provincial que se distribuyen entre todas las localidades pampeanas de acuerdo a un esquema que incluye, entre otros índices, el número de habitantes y el nivel de recaudación por el cobro de las tasas municipales.
Nunca fue un tema sencillo el de la distribución de recursos económicos entre los municipios. El color político de los intendentes y su mayor o menor afinidad con el gobierno provincial -siempre a cargo del justicialismo desde el retorno de la democracia en 1983- influían sobremanera en lo que debía ser un reparto equitativo de los dineros públicos. Un paso adelante se dio con la llamada “ley Garay” -por el diputado que la impulsó- que logró establecer un piso a distribuir entre las comunas. No fue sencillo aquel trámite que tuvo lugar en medio de fuertes disputas internas en el PJ pero aportó mayor oxígeno y previsibilidad a los intendentes.
Lo que el jefe comunal victoriquense planteó ahora es blanquear los ingresos reales de cada municipio pues en muchos casos éstos son “alterados” por otras actividades económicas que despliegan y que se suman al cobro de las tasas por servicios. El gobernador aceptó el reto y consideró como positiva una nueva discusión la cual, expresó, deberá ser protagonizada por los propios intendentes.
Con el nuevo pacto fiscal como telón de fondo, con una relación nada apacible entre Provincia y Nación que ha determinado más de un caso de discriminación a la hora de la distribución de los recursos entre los estados provinciales, aparece como oportuna esta reapertura de la discusión sobre la coparticipación municipal. Los intendentes saben, mejor que nadie, que cualquier acuerdo será mejor que volver a aquellos tiempos en que debían fatigar los pasillos del Centro Cívico para suplicar ante los escritorios no siempre sensibles a sus demandas.

No se entiende
Autoridades provinciales y municipales se encuentran enfrascadas en una polémica con respecto a la calidad del agua que toman los santarroseños. Días atrás desde el Ministerio de Salud se advirtió sobre la presencia de algunos focos de enfermedades digestivas y dérmicas detectadas en algunos barrios de la ciudad que fueron atribuidos a contaminación por líquidos cloacales. De inmediato desde la Municipalidad se informó que los análisis realizados en varios puntos de la red de agua potable de la ciudad no detectaron presencia de contaminación.
En verdad, resulta auspicioso que tanto en la Provincia como en el municipio muestren preocupación por el bienestar de los santarroseños y, todavía más, que se esmeren por mantener informada a la población. Pocas cosas tienen tanta relevancia como la atención de la salud pública. Lo que no se entiende es esta suerte de desencuentro que se advierte entre los dos ámbitos oficiales a la hora de proponer acciones y comunicaciones en forma coordinada, como si la pertenencia a dos jurisdicciones diferentes del Estado planteara diferencias insalvables.
En el contacto con la prensa las autoridades provinciales expresaron que es “complicado trabajar en conjunto” con la comuna y se habló de “trabas”. Desde el municipio en tanto se dijo “desconocer” aquellas expresiones.
Ya se sabe que Santa Rosa se encuentra con su sistema cloacal colapsado y su red de agua potable es un colador que alimenta las napas y las acerca a la superficie; una combinación que implica alto riesgo sanitario y todavía más con la temporada de calor dando sus primeros avisos.
¿No alcanza este cuadro inquietante para convencer a unos y otros que lo mejor es “tirar en yunta”?