Barrera obsoleta

El controvertido megadecreto que firmó el presidente de la Nación despertó expectativas en nuestra provincia sobre la barrera sanitaria que impide la comercialización de carne con hueso pampeana al sur del río Colorado. Un medio de comunicación de Río Negro fue el disparador de esas especulaciones que circularon en los pasillos del Centro Cívico y motivaron un pedido de aclaración al Senasa, el organismo que tiene a su cargo la lucha contra la aftosa.
La respuesta no tardó en llegar en forma de "mala noticia": todo sigue como hasta ahora porque el DNU presidencial -que ya fue motivo de infinidad de críticas y hasta fue considerado inconstitucional porque pretende derogar 19 leyes y modificar otras 140- no introdujo ningún cambio sustancial en la normativa que rige el funcionamiento de la barrera: solo anuló la vieja legislación que ya estaba obsoleta y se superponía con las nuevas disposiciones sanitarias.
De todos modos, esta suerte de "acto fallido" político sirvió para volver a instalar el tema en este enero nada tranquilo con fuertes calores, incendios, cortes de agua y pelea por el Atuel. Le vino bien al gobierno pampeano para reactualizar su reclamo ante las autoridades nacionales por lo que considera una barrera comercial -y por lo tanto reñida con la Constitución Nacional- antes que sanitaria.
El actual gobierno nacional se dice defensor a ultranza de libre comercio, está derogando toda la normativa proteccionista y abriendo las importaciones como pocas veces antes -incluso con graves secuelas para la industria nacional y el nivel de ocupación- y promueve en todos los foros derribar las barreras que entorpecen la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, en el interior del territorio nacional sigue defendiendo una barrera que hoy dejó de tener justificación desde el punto de vista de la sanidad, como lo aseguran los especialistas, y aparece como un muro para defender intereses sectoriales de una región en desmedro de otra.
Parafraseando al funcionario del Senasa que habló de "legislación obsoleta", lo que hoy aparece como digna de ese calificativo es la propia barrera sanitaria del río Colorado.

En picada
Mientras el verborrágico secretario de Medios, Hernán Lombardi, pasea por los canales de TV y los periodistas ultraoficialistas no le hacen ninguna pregunta incómoda, los datos duros muestran una caída estrepitosa en las audiencias de los medios públicos y despidos al por mayor entre sus planteles de empleados.
En diciembre y lo que va de enero se aceleraron las cesantías y retiros "voluntarios" en los medios del Estado. En Radio Nacional, la TV Digital Abierta, Pakapaka, Encuentro y DeporTV suman 289 los trabajadores que se quedaron en la calle. Sin embargo un comunicado oficial se permitió decir que el gobierno "sigue trabajando para que, más que nunca, los medios del Estado puedan llegar a todos los habitantes en un marco de libertad de expresión y pluralidad de voces".
Para refutar ese relato duranbarbesco nada mejor que acudir a los datos duros. Las últimas encuestas dan para Radio Nacional y Canal 7 las mayores caídas de audiencia, por lejos, frente a sus competidores. La radio oficial perdió en 2017 un 23 por ciento de oyentes en tanto la TV pública bajó un 25 por ciento de telespectadores.
En su discurso, el secretario no hace otra cosa que defender su gestión permitiéndose hablar de la importancia de los medios públicos, pero con sus actos desdice cada una de sus palabras. Primero se dedicó a expulsar a los periodistas "indeseables" -en nombre de la "pluralidad", desde luego- y después a achicar los planteles profesionales y técnicos. Los poderosos medios privados porteños, agradecidos por su desempeño tan eficaz a la hora de reducirles la competencia, no hacen otra cosa que felicitarlo y aplaudir su gestión.