Bebés robados: debe investigarse urgente

El caso de los bebés irregularmente adoptados y entregados al nacer por quienes intervinieron en el parto ha tomado ribetes de escándalo. Esa situación, que ha aflorado en el norte pampeano, trasciende a nuestra provincia porque ante la denuncia de quienes han encontrado su verdadero origen parental (una media docena de personas) hay sospechas fundadas de que en otros lugares de la región también existen víctimas de procedimientos irregulares que afectan su verdadera identidad.
Hay que reconocer que la metodología no puede considerarse nueva; desde siempre hubo rumores -algunos de presumible certeza- de que existían casos de recién nacidos entregados a familias sin hijos aunque, según comentarios, se trataba de madres de muy bajos recursos y con cuya anuencia se efectuaba la entrega.
El caso denunciado en General Pico es muy distinto. Aquí, de acuerdo a lo expresado por uno de los denunciantes, “se trata de una banda de médicos, enfermeras, parteras, pediatras y empleados del Registro Civil, donde nadie hacía nada gratis”, según señaló uno de quienes fueron dados en tan irregular adopción, hoy ya adulto. Como prueba irrefutable, esta persona se ha reencontrado con sus padres biológicos después de casi cuarenta años con lo cual deja al descubierto el proceder delincuencial y no duda en decir que su caso no es único. Por eso agrega: “robaban los bebés a familias humildes y jóvenes para venderlos, después les pueden buscar distintas frases o matices, pero esta es la realidad”.
Si los hechos que se están investigando son ciertos, como todo lo indica, el delito se vería agravado por el trámite “comercial” que tuvo ya que, siempre según el denunciante, quienes participaron en el mismo habrían recibido dinero. Para peor deben añadirse las mentiras expresadas a las madres y los familiares en cuanto a que las criaturas entregadas habían muerto en el parto. Resulta llamativo que uno de los profesionales implicados haya reconocido públicamente esa entrega de niños, aunque no el cobro de dinero, y haya calificado su proceder como “un acto de amor”.
Semejante expresión es muy difícil de comprender pues los actos se concretaron con engaños y sin conocimiento ni aceptación de las familias biológicas. Sin exagerar bien puede compararse con el proceder -y la explicación- de los militares de la última dictadura al pretender justificar el robo de bebés nacidos de madres cautivas, y desaparecidas luego, muchos de los cuales todavía permanecen en el anonimato o con identidades cambiadas. Hablar de “amor” ante semejante accionar resulta incomprensible además de repudiable.
El conocimiento de la propia identidad es uno de los derechos primordiales de las personas. De ahí que todos esperan una intervención firme y sin demora de la Justicia. Son nada menos que once denuncias efectivas y varias sospechas potenciales que arrojan un manto de dudas sobre un nutrido grupo de personas entre quienes se encontraban profesionales y otras que ocupaban cargos públicos. Por la misma “inocencia” y “caridad” que alegan como atenuante es que la Justicia debe expedirse en forma rápida, ejemplar e inapelable.