Blanqueo para lo que el Estado no puede controlar

LA MORALINA DE LOS CRITICOS AL PROYECTO

El Estado lucha contra la contradicción de establecer normas de control que no puede hacer cumplir porque las clases dominantes las eluden. Todo blanqueo expresa la impotencia del Estado para hacer cumplir su propia ley.
EDUARDO LUCITA*
El Congreso de la Nación está tratando el proyecto de ley llamado “De reparación histórica para jubilados y pensionados”. Un paquete de medidas enviado por el Poder Ejecutivo que escudándose en el pago a los juicios a jubilados, ciertas reformas impositivas y apoyo a Pymes, busca pasar un nuevo blanqueo. Se ha ocultado que este blanqueo como tantos otros vuelve a demostrar la impotencia del Estado para hacer cumplir ciertas normas y leyes preestablecidas.
La también llamada “ley ómnibus” ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y de modificaciones, impuestas por la oposición y aceptadas si demasiados peros por el oficialismo. Es que un hecho inédito -un ex secretario de Estado tratando de ocultar millones de dólares en un convento a las tres de la mañana, que expuso con toda crudeza la corruptela generalizada- aceleró el tratamiento. Diputados le dio media sanción por amplio margen -162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones- y ahora regresa a Senadores donde se espera sea aprobado el próximo miércoles 29

El proyecto.
El proyecto enviado por el ejecutivo contiene un blanqueo de capitales denominado “Ley de amnistía fiscal”, compuesto por un régimen de exteriorización de bienes (blanqueo) y otro de regularización de deudas y condonación (moratoria) pero lo más significativo es que para lograr su aprobación el proyecto se escuda detrás de una “regularización de las deudas con los jubilados”, de una reforma previsional y una propuesta de jubilación mínima muy lejos de la canasta básica.
Estos últimos contenidos han sido analizados y cuestionados desde distintas perspectivas, en esta nota queremos centrarnos en el blanqueo para bienes y dinero, que tanto en el país o en el exterior, no han sido declarados. No tanto en los detalles instrumentales que ya han sido profusamente difundidos, sino en aspectos más generales relacionados al hecho de que una y otra vez el país tenga que recurrir a blanqueos y moratorias.

Hijo de la necesidad.
¿Qué es lo que motiva este nuevo blanqueo y moratoria, cuando no pocos funcionarios del gobierno nacional e integrantes de Cambiemos se habían pronunciado enfáticamente en contra en otras oportunidades? No otra cosa que la falta de inversiones, el fracaso de la prometida “lluvia de dólares” que caería sobre el país una vez levantado el mal llamado “cepo” cambiario. Lo único que hasta ahora ha ingresado son capitales especulativos y financieros, atraídos por las altas tasas que paga el BCRA, que permite hacer rápidas y suculentas ganancias que no se consiguen en otras partes del mundo. Este ingreso de capitales financieros, junto con otros provenientes de las exportaciones más el nuevo endeudamiento -en solo dos meses entre la Nación y las provincias el país se endeudó en 23.000 millones de dólares- está provocando un atraso del tipo de cambio que vuelve a hacer perder competitividad internacional.
Los estímulos para logar cierto éxito con la exteriorización de fondos -las primeras estimaciones oficiales llegaban a los 60 mil millones de dólares, ahora rebajados a 20 mil- es como siempre la eximición de impuestos, multas e intereses, un plan de pagos a la AFIP de hasta 60 cuotas y reducción del impuesto a los Bienes Personales, que el macrismo pretendió eliminar en 2019. A último momento y en forma escandalosa se coló un artículo por el que se transfiere la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia al de Hacienda. Arriesgue el lector quiénes se beneficiarían de este cambio.

Una larga historia.
Así nos encaminamos al quinto blanqueo desde el regreso del régimen democrático (Alfonsín en 1987, Menem en 1992 y CFK en 2008 y 2013. Conviene recordar que ninguno fue demasiado exitoso, no superaron en promedio los 4.000 millones de dólares, cada uno. Si se tiene en cuenta los miles de millones que están fuera del circuito productivo (217 mil para el Indec, unos 400 mil según estimaciones privadas) es lógico concluir que todos fracasaron.
Para la historiografía económica el país acumula desde 1890 a la actualidad unos 92 casos de blanqueos y moratorias sea con objetivos fiscales o de repatriación de capitales. Este dato más que se duplicaría si se le sumaran los provinciales y municipales. Tomado en conjunto es una muestra acabada de la debilidad del Estado frente a una burguesía que está siempre “líquida”, es decir, que siempre tiene una cantidad de dinero disponible para retirar del circuito productivo.

Un recurso global.
A partir de la crisis mundial de los años setenta del siglo pasado se constituyó una plétora de capital financiero que dio lugar a la llamada financiarización de la economía y con ella la creación de una serie de instrumentos financieros que permitieron una exacerbada acumulación de capital ficticio y la proliferación de los llamados paraísos fiscales. En una columna editorial de hace dos años atrás el New York Times comentando cómo las multinacionales aprovechan todos los rescoldos de la globalización destacaba “el uso agresivo que hacen de los refugios fiscales y otras tácticas de evasión que se han convertido en procedimientos habituales”.
La globalización de lo que el economista español Ramón Tamames llamara mercados de reemplazo -tráfico de armas, trata de personas (no solo prostitución sino venta de niños y tráfico de órganos) y narcotráfico (actividades todas cuyo principal problema consiste en legalizar los dineros acumulados)- completan el cuadro que impulsó la creciente necesidad de los blanqueos a nivel global. Recurso que en los últimos años ha sido aplicado en distintas formas y con distintos resultados por países como España, Alemania, Bélgica o Italia.
Podría agregarse un cuarto mercado de reemplazo: el fútbol. Un mercado legal que mueve enormes cantidades de dinero, que trata a los jugadores como verdaderas mercancías, que recauda enormes sumas por entradas, por derechos televisivos, por el merchandising y que muchas veces las transacciones de jugadores levantan serios interrogantes acerca del origen de los fondos por lo abultado de los montos en juego.

Impotencia estatal.
Como todo blanqueo o moratoria éste ha levantado críticas de tono moral: “se beneficia a los evasores en detrimento de los cumplidores”; “falta de rigor en aplicar las leyes”; “no lo comparto pero es una necesidad” dicen cínicamente unos y otros. Una definición que se aproxime a la realidad de la legalización de capitales o moratorias impositivas podría ser aquella que lo defina como un recurso de los Estados que, en determinadas circunstancias, buscan que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas, defraudación o evasión fiscal se incorporen al circuito productivo-financiero sin diferenciación alguna con el capital resultante de la acumulación según las normas legales. Es decir de aquel capital que se considera obtenido “honradamente”.
Más allá de la evolución y mayor complejidad del Estado en más de un siglo y medio, éste no ha perdido su función original de ser el representante general de los intereses del capital. Es una construcción social que encierra la contradicción de establecer normas de control de los capitalistas, que luego no puede hacer cumplir. Sencillamente porque sus mandantes, léase clases dominantes, eluden esas leyes y normas una y otra vez. Detrás de esta moralina se oculta lo fundamental: que todo blanqueo o moratoria es expresión de la impotencia del Estado para hacer cumplir sus propias disposiciones.
Conviene recordar que en los años kirchneristas salieron del circuito productivo unos 80 mil millones de dólares, en lo que va del actual gobierno continúa la sangría, cierto es que a un ritmo todavía menor. Es que la evasión fiscal, la defraudación y la corrupción están inscriptas en el ADN de nuestra burguesía y sus necesidades de acumulación de capitales. Aunque claro está que el problema es el sistema.

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

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