Brasil: el golpe de los corruptos

La corrupción acompaña a la mayoría de los diputados y senadores de Brasil después que la oligarquía criolla logró con artimañas sacar a la presidenta Dilma Rousseff. El dinero mal habido ha salpicado a los denominados intocables, debido al control y el poder que ejercen en esa inmensa nación sudamericana. Durante meses se preparó el golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil, con el objetivo de devolverle el país a la fuerte burguesía criolla, eliminar los programas sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar el sistema neoliberal que ignora los beneficios para las grandes mayorías. Consumado el impeachment en la Cámara de Diputados que lo aprobó por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo al Senado y, al sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su cargo por seis meses.
Resulta indignante que de los 21 senadores que dictaminaron contra Dilma, ocho de ellos están implicados en el caso de corrupción de Petrobrás. A estos se sumaron otros legisladores involucrados con el objetivo de que fuera enterrado el caso Lava Jato por desfalcos y malversaciones a la empresa estatal Petrobrás. En manos del Tribunal Supremo Federal están cuatro de los hasta ahora "intocables": el ex presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y ex ministro, Romero Jucá, el ex presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el ex presidente de Brasil José Sarney, todos bajo acusación de obstruir las investigaciones sobre Petrobrás. La oligarquía criolla y los políticos de derecha buscan la privatización de Petrobras y eliminar los grandes logros sociales de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Datos reveladores.
Según la ONG Anticorrupción Transparencia Brasil, de los 594 miembros de las dos cámaras, el 59% registra cargos y condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura. De los 513 congresistas, 303 tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas. Ya son tres los ministros del presidente Michel Temer que han caído a solo un mes de la salida de Dilma. Los tres presionaban y trataban de chantajear a jueces y políticos para que no continuaran las investigaciones de corrupción en la empresa petrolera.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido del cargo acusado por varios delitos como mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos y uruguayos, malversación de fondos y otros. Cunha amenazó con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos a Temer si es condenado. Temer no se queda atrás y negocia un acuerdo con la Justicia pues está acusado de hacer una donación de 428 mil dólares de origen irregular y ser beneficiado con 1,2 millones de dólares por parte de un constructor.
Temer y todo su aparato oligárquico se han lanzado a tratar de eliminar las medidas de Lula y Dilma a favor del pueblo. En esa línea, presionan para recortar los presupuestos para la salud y educación; eliminar empleos en el sector público; elevar la edad jubilatoria; privatizar numerosas empresas estatales, entre ellas Petrobrás y cancelar la construcción de miles de viviendas pactadas por la administración anterior.

Destruir conquistas.
Durante los gobiernos del PT se generaron casi 6 millones de puestos de trabajo que elevaron el poder adquisitivo de los brasileños. La pobreza bajó del 26% en 2002 a 8,7% en 2015. El presupuesto para la educación en 2015 alcanzó el 15,57% del presupuesto, mientras en la salud se amplió la cobertura médica al 85% de la población menos favorecida. Desde hace 12 años el programa Bolsa Familia brinda apoyo a 53 millones de hogares pobres y a 17 millones de niños en edad escolar.
or corrupción, sino por haber irrespetado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita los gastos del Estado para los proyectos sociales, pero en contraposición, permite pagos de grandes fortunas a los banqueros. En resumen, es el llamado golpe blando que derrocó a una presidenta elegida democráticamente con respaldo de 54 millones de votos por parte de parlamentarios, muchos de ellos imputados por corrupción, desfalco y lavado de dinero. (Hedelberto López Blanch Rebelión).