Cada vez peor

Todos los días se suman nuevos sectores con sus reclamos ante las penurias económicas que deben afrontar. Ahora le tocó a los hoteleros de la provincia quienes, a través de uno de los dirigentes de la asociación que los nuclea expuso con claridad las dificultades que los agobian. Poniendo como ejemplo su propio establecimiento el empresario no necesitó demasiadas palabras; los pocos números que brindó fueron más que suficientes para dar una idea de los graves problemas que afectan a la actividad. Baja pronunciada en la ocupación de habitaciones a lo largo del año, aumento sideral de las facturas de los servicios públicos, lo mismo con el precio de los insumos, competencia desleal de nuevas alternativas de alojamiento que no están registrados ni cumplen con la normativa legal ni el pago de impuestos. Y como consecuencia de todo ello una fuerte caída en la mano de obra ocupada, lo cual repercute negativamente en un escenario social ya muy afectado por otras actividades que se encuentran en pleno retroceso.
Nuestra provincia, como todo el interior del país, se encuentra hoy padeciendo las consecuencias de un programa económico -si es que puede llamarse así- que beneficia a muy pocos -aunque muy poderosos- sectores económicos y perjudica a los que no pertenecen a esa elite. Hasta el intendente municipal santarroseño acaba de reconocer que no va a poder afrontar el aumento salarial establecido para compensar la pérdida frente a la inflación.
Salarios y jubilaciones vienen cayendo sin parar ante la escalada de los precios que se dispararon con la última y brutal devaluación, y con ello el consumo se ha derrumbado hasta en los artículos básicos de la canasta familiar. Este enfriamiento de la economía que ni siquiera atempera la inflación -como cabría esperar de acuerdo al recetario de los economistas ortodoxos- es letal para las actividades económicas de nuestro medio que dependen del mercado interno y que son, por lejos, la mayoría.
En este escenario tan complicado el comercio, la hotelería, las pequeñas empresas de diversos rubros que conforman el grueso de la actividad económica no agropecuaria están siendo especialmente castigados. Lo peor es que el futuro -de la mano del Fondo Monetario Internacional y de un gobierno que se aferra al catecismo neoliberal como único camino- aparece todavía más oscuro.

Un número
La noticia de que en Mendoza cayó un 30 por ciento el número de fincas bajo riego en actividad confirma las sospechas de los pampeanos. Hace tiempo que el gobierno y ONGs de nuestra provincia vienen demandando a los cuyanos que revelen cuál es la superficie real bajo riego con las aguas del río Atuel. Esa respuesta fue siempre retaceada. A lo sumo se escuchan declaraciones que hablan de una merma en la superficie a causa de que “no alcanza con el agua disponible”. Una forma ladina de decir: “no hay agua para los pampeanos”. Pero ahora se sabe que no es por falta de agua sino por un proceso de concentración de la tierra y abandono de establecimientos por razones de escala lo que viene reduciendo la superficie bajo riego. Los números son elocuentes: hay 12 mil productores menos que en 1990.
En el primer juicio por el Atuel, Mendoza tuvo la habilidad de imponer su “derecho” (en realidad su privilegio) a regar 75 mil hectáreas con las aguas del río, una superficie que, siempre se supo, fue deliberadamente sobrestimada. Como devolución de gentilezas, bien podrían ahora los pampeanos exigir ante la Corte Suprema el derecho al 30 por ciento del caudal del río. Si esa es la merma de los establecimientos bajo riego, como lo reconocen ahora en la provincia vecina, sería de estricta justicia que un caudal equivalente -y que hoy estaría ocioso- llegue por fin a tierras pampeanas después de siete décadas del corte del río. ¿O no?