Cada cual haga lo suyo y va a andar

SEÑOR DIRECTOR:
Luego de que el tribunal de Casación ordenara la libertad de represores, he tratado de ver si los problemas implícitos pueden hacérseme inteligibles.
Un columnista (Mario Wainfeld, de P/12) escribe que la Suprema Corte de Justicia afronta un doble desafío, luego de lo resuelto por Casación. El primero es sentenciar con serena justicia los casos; el segundo, aunque no menos importante, es encarnar su papel de autoridad del Estado (conduce uno de los tres poderes). Lo que le pide es que sea tan exigente puertas adentro como lo es con los otros dos poderes. Debería poner manos a la obra en vez de señalar para otro lado cuando se trata de privación de justicia. El ministro Fayt acababa de “hacer una verónica” respecto de la responsabilidad del poder judicial, derivándola a los otros poderes, en particular al congreso, que no pone al día la legislación. Los miembros de la Corte, dice Wainfeld, tienden a justificar sus errores o su desidia reclamando tareas hercúleas a los otros poderes (Riachuelo, entre ellas). El columnista opina que si la justicia tiene problemas y éstos afectan al servicio a su cargo, alguna responsabilidad propia debe existir y que conviene que cada poder mire bien su casa (el ámbito de la Corte, pero también los tribunales de todo nivel) por ver si algo falta o algo falla en ella. Dice también que la Corte tiene una responsabilidad sobre todo el servicio de justicia, afirmación que, creo, vale igualmente para el tribunal superior de cada provincia. El peloteo entre poderes, cuando tiende a hacerse frecuente, reclama otra actitud de quienes están a cargo de tan altas responsabilidades. El problema les es propio, aunque otros también contribuyan a generarlo.
Un día después, en el mismo diario se pudo leer las declaraciones del ministro Raúl Zaffaroni en un reportaje en el que ratificó su intención de dejar la Corte para dedicarse a la tarea académica en la universidad (no le interesa la actividad política). Antes de irse quisiera firmar la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y el reconocimiento del matrimonio homosexual. No opina sobre el fallo de Casación, porque tendrá que hacerlo como miembro de la Corte; tampoco “hace una verónica” como Fayt. Dice que “tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la justicia. Ha habido demoras en las causas contra represores, incluso en la propia cámara de Casación; además, los querellantes interfieren mucho con sus apelaciones. Su primera afirmación (para salir del problema) fue ésta: ante hechos suficientemente investigados, lo fundamental es cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. En cuanto al tema de bajar la edad de imputabilidad, señaló que se incurre en un error técnico. La legislación excluye a los menores del sistema penal ordinario, hasta los 16 años, pero no los vuelve inimputables. Hasta esa edad, el criterio que predomina y que está en contra de la Constitución es el tutelar. “La ideología tutelar es inquisitorial: a mí que no me tutelen; que me juzguen”. Un menor de 16 años es un ciudadano y hay que probar que hizo lo que dicen que hizo; esto es, someterlo a un proceso penal, con defensa, juez, fiscal y defensor. No es verdad que en Brasil los menores son imputables desde los 12 años: no son procesables desde esa edad; se debe probar qué hicieron y, luego, la pena no puede superar los cinco años. “Dejemos el régimen tutelar y pasemos a un régimen jurídico de garantías”. Los procedimientos judiciales son, incluso, mucho más baratos que los tutelares. Dijo algo muy fuerte Zaffaroni: la campaña contra los pibes es el primer paso para matarlos.
El problema real debe ser ubicado como responsabilidad de los tres poderes y como una deuda social. “Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún VIP, no para los pobres tipos” (Zaffaroni).
Atentamente:
JOTAVE