“Cambiamos futuro por pasado”

LA REFORMA LABORAL DE CAMBIEMOS

No fue un “furcio” de la gobernadora María Eugenia Vidal, pronunciada cuando el PRO festejaba su triunfo luego del balotaje de noviembre de 2015, sino una realidad. Para el radical Jorge Sappia, la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, “atrasa 100 años”.
IRINA SANTESTEBAN
La iniciativa que ingresó el fin de semana al Congreso y que tomó estado parlamentario luego del feriado largo, si bien tiene cambios respecto al proyecto inicial, es una reforma que cercena derechos laborales. Sin embargo, el triunvirato que dirige la CGT de Azopardo, la aceptó a la espera de que sean los legisladores quienes corran con la responsabilidad de introducir cambios en un sentido positivo. De salir a la calle para pelear en defensa de los derechos de sus representados, ni hablar. En lugar de eso, dos de los triunviros (Juan Carlos Schmid y Héctor Daher) viajaron al Vaticano para ser recibidos por el Papa Francisco.

Un radical con principios.
Para Jorge Sappia, reconocido abogado laboralista, ministro de Trabajo del gobernador radical de Córdoba, Eduardo Angeloz y secretario de Trabajo durante el gobierno de la Alianza, esta reforma laboral “atrasa 100 años”. No se trata de un radical K como Leopoldo Moreau, es el actual presidente de la Convención Nacional de la UCR y un laboralista convencido que los derechos del trabajador no pueden retroceder, porque eso va en contra de la esencia misma del derecho laboral.
Así lo enseñó durante años en su cátedra de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual, quien suscribe esta columna, fue su alumna hace más de 30 años.
“Que se vistan de amarillo”, dijo al referirse a los legisladores radicales que voten la reforma laboral de Macri y consideró “inaceptables” los principales puntos del proyecto, que hoy, con cambios, inicia su proceso parlamentario de debate. El gobierno nacional quiere tenerlo aprobado antes de fin de año, para aprovechar la fuerza que le dio el triunfo en las elecciones legislativas del pasado 22 de octubre.

“Recuerden el 14 bis”.
Sappia insiste en que los legisladores radicales deben votar en función de los principios partidarios y fue más allá, al advertir que la Unión Cívica Radical está atravesando un período de falta de presencia y escaso protagonismo como identidad partidaria.
Si bien varios aspectos de la reforma fueron reformulados en el proyecto que ayer tuvo ingreso por Mesa de Entradas en el Senado, el laboralista cordobés insiste en que es un proyecto que atenta contra el concepto protectorio del Derecho del Trabajo, una doctrina que ha sido receptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la que ha adherido la Argentina hace más de 60 años.
Sappia recordó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de 1957 fue redactado por la bancada radical y establece que “el trabajo en cualquiera de sus formas gozará de la protección de las leyes”, así como la “protección contra el despido arbitrario”.
Sin embargo, este principio tutelar hacia el trabajador es reemplazado, en el proyecto de reforma macrista, por el de “colaboración”, como si ambas partes de la relación laboral: empleador-empleado, estuvieran al mismo nivel.

Reforma regresiva.
Para el ex juez de la Cámara del Trabajo de Córdoba, el Dr. César Arese, especialista en Derecho Colectivo y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, se ha instalado la idea de una reforma “regresiva en materia de derechos laborales”.
Arese, en una entrevista publicada ayer por el diario cooperativo “Comercio y Justicia”, afirmó que los cambios del Gobierno se alejan de un concepto de evolución de los derechos humanos en materia laboral para centrarse en reducir costos en perjuicio del trabajador y de la seguridad social.
Tal como se reflejara en esta columna la semana pasada, los derechos laborales conforman lo que se denomina derechos humanos “de segunda generación”, que fueron reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea General de la ONU, Nueva York, 1966), y por ello no pueden nunca ser “regresivos”. Esto quiere decir que las reformas deben ser siempre a favor de más derechos y nunca en un sentido de pérdida de derechos.

“Contrarreforma”.
Así califica Arese a este proyecto, porque en su opinión “apunta a desmontar parcialmente, al menos, la dirección progresiva y protectoria del derecho del trabajo”. Dice el ex juez cordobés que en lugar de avanzar en un crecimiento en los derechos humanos laborales, el proyecto se centra en reducir costos en perjuicio del trabajador y la seguridad social. Lamentablemente, pareciera que se ha instalado la idea -errónea- de que los trabajadores argentinos gozan de “demasiados derechos”, cuando todavía falta mucho para mejorar las condiciones de medio ambiente laboral, como el combate contra el trabajo irregular, mejorar la formación y la capacitación, en particular de los más jóvenes, para una mejor inserción laboral sin disminuir derechos.
Otro aspecto negativo de la reforma es que flexibiliza el principio de “irrenunciabilidad”, que prohíbe al empleador producir cambios en la relación laboral por debajo de lo que dispone la Ley de Contrato de Trabajo o el Convenio Colectivo del sector, en perjuicio del trabajador. Por ser la parte más débil de la relación laboral, éste va a aceptar un cambio, aunque sea en su propio perjuicio, ante el temor de perder el empleo.
Antes, este principio era inamovible, ahora se permite cambiar las condiciones de trabajo aunque se pedirá el “asesoramiento” de la organización sindical, y que dicho acuerdo sea homologado ante el Ministerio de Trabajo.

No son iguales.
Este aspecto protectorio del Derecho del Trabajo es lo que tanto irrita al presidente Macri y los empresarios, porque consideran que esa diferenciación que promueven las normas laborales son “privilegios” que tienen los trabajadores. En realidad, se trata de emparejar, en una sociedad con claras diferencias de clases, una relación muy desigual, como es la del empleador con sus trabajadores. Y se trata también, de conquistas que costaron años de lucha al movimiento obrero, tales como la jornada laboral de 8 horas; el salario mínimo, vital y móvil; el período de descanso semanal y las vacaciones pagas; el aguinaldo; los beneficios de la seguridad social (jubilaciones); etc.

No a la solidaridad.
La exclusión de la responsabilidad solidaria del empleador principal en actividades secundarias, prestadas por otras empresas -fenómeno denominado “tercerización”- es otro de los cambios que va en desmedro de los trabajadores de esas empresas, que no podrán accionar contra la empresa más grande, para la cual prestan servicios.
La reducción de sanciones relativas al empleo no registrado, aunque se proclame como una solución a ese problema, en realidad es un premio para el empresario incumplidor. Además, al trabajador sólo le permite acreditar 5 años de esa relación informal, aunque sea mayor el tiempo en el que trabajó en esa precaria condición; mientras que el empleador no va a pagar multa alguna por haber incumplido con sus obligaciones tributarias.
Estas exenciones al sector empresario, serán perjudiciales al sistema de la seguridad social, lo que obligará al Estado (y a los ciudadanos) a cubrir esos déficits, con mayores impuestos.

“Es inconstitucional”.
Para el abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, aun cuando la iniciativa del gobierno se apruebe con modificaciones, continúa siendo “una reforma laboral que flexibiliza derechos” y “no va a beneficiar a los trabajadores”. Cremonte es contundente: “no hay antecedentes en el país o incluso en otros, que el recorte de derechos o la flexibilización laboral haya generado más empleos o empleo registrado”.
Al atacar el principio de la “progresividad”, que surge de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de la Constitución argentina, y que establece que ningún Estado puede retroceder en materia de derechos sociales ya reconocidos, está marcando que estos cambios podrán ser atacados como inconstitucionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando sesionó hace algunas semanas en Uruguay, ante la queja presentada por sindicatos de Brasil y la Argentina, les dijo a los representantes de los dos Gobiernos que ninguna reforma laboral puede vulnerar el principio de irregresividad.
Para Cremonte, con esta reforma puede suceder lo que ya ocurrió con la reforma de la ley de Accidentes de Trabajo, pues al recortar derechos de los trabajadores, éstos van a tratar de recuperarlos a través de la justicia laboral. Por ello, no ha sido casual el ataque sistemático del Gobierno al fuero laboral, incluso con llamamientos del presidente para que sean destituidos aquellos jueces que fallan a favor de los trabajadores o de los sindicatos.

Los que resisten.
El secretario gremial de la CGT y líder de los camioneros, Pablo Moyano, junto al secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, y el de los Obreros Curtidores, el electo diputado nacional por Unión Ciudadana, Walter Correa, se reunieron el lunes con los jefes de las CTAs, Hugo Yasky y Pablo Micheli, y Roberto Baradel (Suteba), para organizar la resistencia al proyecto de reforma laboral.
Sería un desprendimiento de la central obrera de los triunviros, a la que se ha denominado “CGT Luján”, y que se anuncia como un intento de unidad de los que no acuerdan con la postura más que complaciente de la CGT.