Cambio de nombres, pero no de modelo

Los enroques de funcionarios no obedecen a mala praxis sino a los límites intrínsecos del actual modelo que
ahora se profundizará con la intervención del FMI.
CARLOS HELLER
El comentario del ministro Nicolás Dujovne despejó cualquier duda: "a pesar del cambio de nombres el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo". Pasó desapercibido en la conferencia de prensa del viernes, pero da a entender que los cambios en el BCRA no obedecen a mala praxis. Más bien expresan los límites intrínsecos del actual modelo, que se profundiza mediante el acuerdo con el FMI.
En la Argentina, es la restricción externa la que está en la base de la constante tensión alrededor del dólar. José Del Río (La Nación, 15 de junio) señala, por ejemplo, que "un 65% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no hablan castellano y el 90% de los celulares y LCD que dicen fabricados en Tierra del Fuego cuentan con tecnología del exterior. Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos. A eso se suman los combustibles con su valor liberado, entre tantos otros ejes que demuestran que el tipo de cambio afecta a todos los segmentos y no puede ser minimizado".
La respuesta del gobierno ha sido la de liberar la entrada de productos del exterior, interrumpir el largo pero necesario proceso de sustitución de importaciones en la industria y eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones, entre otras decisiones desacertadas. Y encima ahora, acuerdo con el FMI mediante, ha reforzado la estrategia de dejar flotar al dólar libremente.

Más de lo mismo.
Lo que está ocurriendo no es inevitable. Remite en última instancia a la disyuntiva entre Estado y mercado. Poco tiempo atrás hemos sido testigos de la importancia de administrar el valor del dólar y la utilización de las divisas -que son bienes públicos-, de tener una política activa de gestión de las importaciones, de regular los flujos de capitales. Sin embargo no son opciones bien vistas por el establishment.
Con el apoyo de los grandes medios, los grupos hegemónicos lograron instalar durante la anterior gestión el concepto de "cepo", haciendo alusión a un instrumento de tortura que no permitía acceder al dólar. Sin embargo, hoy podríamos decir que el concepto de cepo está vinculado al elevado precio de la divisa, que lo fija el mercado y que además incide directamente sobre el poder adquisitivo del salario, estableciendo una verdadera restricción al acceso de bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población.
El eje del acuerdo con el FMI no es más que una profundización de las medidas que ya venía implementando el gobierno y respeta a rajatabla lo que pretende el organismo. Ya se empieza a proyectar el fuerte impacto negativo de las políticas, con una estimación de crecimiento que estará entre el 0,4% y el 1,4% para este año. Este último valor implica, teniendo en cuenta el alto valor del primer trimestre, que la actividad debería caer un 1,7% entre el segundo trimestre y el último de 2018. Bajo la lógica actual, una economía en virtual recesión es esencial para bajar el consumo, la inversión y las importaciones: una manera pírrica, pero típica de los programas del FMI, de tratar de reducir el desbalance comercial.

Jubilados en la mira.
En el memorándum se habla de que el gobierno alcanzará en 2020 el "déficit cero", en tanto las provincias deberán alcanzar un superávit primario del 0,25% del PBI en 2021, cuando finalizaría el stand by. Estas condiciones "sirven para asegurar que el país podrá saldar el préstamo", bien lejos de representar un auxilio para la economía real y el empleo. El gobierno se compromete "con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado" y con un esquema de metas de inflación. Esto significa que las altas tasas de interés se mantendrán en el tiempo. Las autoridades consultarán al FMI qué hacer en caso de que la inflación supere las bandas máximas, toda una muestra de resignación de soberanía, que trata de condicionar a futuros gobiernos.
También el gobierno argentino se compromete a financiar parte del gasto previsional con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Cabe recordar que cuando se aprobó la Ley de "Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", se comenzó a preparar el terreno esta medida con la eliminación de la Ley 27.181, que declaraba "de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS", al tiempo que se modificaron las restricciones que existían para vender estos activos.
Ahora con el "aval" del FMI, se concreta esta posibilidad bajo el paraguas de hacer "financieramente sostenible y más justo" el sistema previsional. No es la única alternativa posible. En vez de vender las participaciones, lo deseable sería apoyar la actividad económica y la generación de empleo para otorgarle fuentes genuinas de financiamiento a un sistema previsional público y de reparto.
Desprenderse de estos activos implica la pérdida de una herramienta en poder del Estado. La cartera de acciones del FGS incluye a grandes empresas con poder de fijación de precios de bienes y servicios básicos utilizados por la mayoría de la población.

Cueste lo que cueste.
En el memorándum se señala que el plan diseñado "es sólido, ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre, y fortalecerá a la economía argentina", y también que "la carga de la recalibración necesaria de la política fiscal será compartida equitativamente". Una nueva dosis de posverdad neoliberal si se considera el conjunto de medidas propuestas (baja del empleo público, de los subsidios, de los salarios, etc.). Para peor, si los resultados económicos fueran peores a los anticipados, se aplicarán "medidas adicionales para alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019". Es decir, el ajuste fiscal se llevará a cabo, cueste lo que cueste.
Como señaló la calificadora de riesgo Fitch: el éxito del plan depende "de la ejecución de las medidas para restaurar la política de credibilidad y reducir las vulnerabilidades macroeconómicas, que se enfrentan a una considerable incertidumbre política". Queda claro que la capacidad de resistencia de los ajustados constituye una variable que no es ignorada por los mercados. (Extractado de Tiempo Argentino).