Chau relato del “mejor equipo de los últimos 50 años”

LA SEMANA POLITICA

Emilio Marín – Otra de las ficciones finalizadas es el autoelogio gubernamental del “mejor equipo de los últimos 50 años”. No hay tal cosa. Las internas afloran aquí y allá, y lo debilitan de cara a las demandas sociales.
Del marketing electoral de 2015 van quedando ruinas. “Pobreza cero” pasó para dentro de veinte años de crecimiento sostenido, de los que no se vio ninguno. La “unidad de los argentinos” fue dinamitada con acciones y discursos presidenciales contra la “pesada herencia K”, culpable de todos los males. Y la lucha contra el narcotráfico no empezó, quizás esperen hacer anuncios el 27 de abril cuando Mauricio Macri pueda al fin reunirse con Donald Trump. Aguardar una alianza con Estados Unidos para la lucha contra ese flagelo es una mentira monumental porque ese país es parte del problema y no de las soluciones.
Además el gurú ecuatoriano le proveyó a Macri otro lema engañoso: tenían en cancha al “mejor equipo de los últimos 50 años”. Era parte de la contraposición con el kirchnerismo y el habitual peso de los jefes y jefas dentro del peronismo. ¿Acaso la alianza del PRO-Cambiemos no tiene un jefe y una jefa bien marcados? Por supuesto que los tiene. Son Macri y María Eugenia Vidal, los únicos que mantienen entre sí una relación de unidad. Por necesidad política casi son un matrimonio de conveniencias (que perdone la expresión la Primera Dama, Juliana Awada, que embarcará rumbo a Washington para su papel decorativo a la moda, posando con Melania Trump).
Fuera de aquella dupla, el resto del equipo está disperso y con enemistades que ya desembocaron en renuncias. La última había sido la de Martín Lousteau a la embajada en EE UU, para venir a jugar en la interna en Capital Federal.
A ese dato se le sumaron otras dos peleas en ámbitos distintos, lo que da idea de que las pugnas no respetan áreas. Fue echado el titular del Incaa, Alejandro Cacetta, a quien el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, acusó de ineficacia en la lucha contra la corrupción supuestamente generada por directores del gobierno anterior. La sanción generó asambleas y críticas del mundillo artístico afín al macrismo; Juan Campanella, entre otros, salió a defender al expulsado y deplorar la “horrible y torpe opereta” de Avelluto.
La otra pelea tuvo más que ver con lo económico: renunció José Luis Sureda, número 2 de Juan J. Aranguren, con una carta contra el autoritarismo del ministro. El fondo del asunto es que el ex CEO de la Shell apuesta todo a que esta firma y otras hagan centro en la explotación de Vaca Muerta, llevando todas las inversiones a Neuquén. Eso dejaría afuera del negocio a otras empresas y pozos de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
De ser cierta esta interpretación, no se trataría sólo de planes en un sentido u otro sino también, y sobre todo, de un nuevo “conflicto de intereses” tan común en este gobierno de CEOs. Aranguren otra vez está en el centro, por sus decisiones favorables a Shell, a tal punto beneficiosas que la angloholandesa tiene en venta su red de estaciones de servicio y refinerías para centrar todo en la extracción de crudo y gas (léase Vaca Muerta).

Jujuy siempre es noticia
La provincia desgobernada por Gerardo Morales está en el candelero desde el inicio del ciclo macrista por la detención arbitraria de Milagro Sala, calificada como tal por el organismo respectivo de las Naciones Unidas, la CIDH y otras entidades internacionales.
Esa batalla por la libertad de la luchadora jujeña tendrá otro round diplomático y político en mayo, cuando arribe al país la CIDH; Morales y el gobierno nacional están preparando un programa de entrevistas para ver si modifican en algo la visión crítica de la comisión.
El gobernador puede presumir que hasta ahora viene logrando el objetivo de mantener presa a la líder de la Tupac Amaru, pero en política está perdiendo la pulseada. El dictamen de Alejandra Gils Carbó, a pedido de la Corte Suprema, fue favorable a su salida de la cárcel de Alto Comedero, aunque es difícil que Ricardo Lorenzetti tome ya esa brasa ardiente. Con tal de ganar tiempo se pidió ese dictamen a la procuradora, para que corran las semanas y ese asunto se enfríe, algo que no va a ocurrir.
Y menos se aquietarán las aguas por Sala cuando en la misma Jujuy la policía repite procedimientos tan ilegales como su allanamiento sin orden de la Universidad Nacional, de donde se llevó a dos estudiantes detenidos. Fue tan alevoso el procedimiento, vulnerando la autonomía de la universidad, que las autoridades de aquella casa de estudios lo deploraron públicamente.
Y entonces a Morales no le quedó más remedio que salir a rechazar lo actuado por su policía. Dijo que “es una vergüenza que pase esto en mi gobierno” y que dispuso “la separación de los responsables”. En realidad lo sucedido no fue incoherente con todas las cosas que pasan en la provincia del noroeste sino una parte más del mapa de arbitrariedades y represión del conflicto social.
Hablando no de esa provincia sino del país, el jurista Raúl E. Zaffaroni declaró que “lamentablemente no falta mucho para que haya un muerto”. Se refería al clima de endurecimiento de la represión policial y de Gendarmería que se vio en cómo se maltrató a un piquete en la Panamericana el 6 de abril y el ataque policíaco del domingo 9 contra los docentes que armaban la “Escuela Itinerante” frente al Congreso.
Mañana lunes está pautada una reunión entre Vidal y los sindicatos que hicieron numerosos paros demandando la paritaria nacional docente y un aumento salarial del 35 por ciento. La gobernadora cree llegar fortalecida por la declinación del pico de huelga. Está en un error porque tal descenso no se debe a falta de convicciones del magisterio sino al impacto de los descuentos por los días de huelga. Y si el gobierno insiste en llevarse puestos a los maestros, éstos buscarán las maneras de mantener viva su lucha, como con la “Escuela Itinerante” que al final fue autorizada por una semana.

Unos tanto…
Lo que el oficialismo no puede argumentar para su negativa a un aumento a los educadores es que “no hay plata”. Dos ejemplos lo dejan en evidencia. Marcos Peña en su informe en Diputados admitió que la quita de retenciones a los sectores agropecuarios, mineros e industriales implicó una transferencia de 70.000 millones de pesos (el jefe de Gabinete rebajó esa suma a 58.000 millones, pero la correcta es la otra). Si el Estado deja de recaudar ese dinero es porque está muy bien de billetera o quiere favorecer a quienes son su base social de sustentación.
Y la otra evidencia de que plata hay surge del Banco Central, respecto a la cantidad que ganaron los bancos entre febrero de 2016 y mismo mes de 2017: 69.655 millones de pesos. La “Patria Financiera” goza de muy buena salud y no hay en ciernes ninguna reforma tributaria progresista para que una parte de esas ganancias tenga destino estatal y fines sociales.
Esos son sectores a los que les va excelente bajo el paraguas de Macri. Otras apoyaturas eventuales, en cambio, se están fundiendo, como surge de la Carta al Presidente que le envió el dueño del conocido “Taller Elías”, de Córdoba. Le escribió contando que tiene 22 empleados y se está yendo a la quiebra, que no puede pagar las facturas de gas y luz, que él lo votó y que “haga algo por nosotros”, las Pymes.
Esa carta es papel mojado. No modificará un ápice la hoja de ruta macrista, orientada por los monopolios.

A 30 años
A treinta años de las Pascuas de abril de 1987, cuando gobernaba Raúl Alfonsín y se levantaron los militares “carapintadas” liderados por Aldo Rico, se puede observar con satisfacción que no hay en el horizonte cercano riesgos de ruptura institucional que vengan de las FFAA.
Y esa mayor seguridad democrática no fue algo gracioso obtenido de los uniformados sino -sobre todo- de los avances en derechos humanos de estos años, ligados a la denuncia del terrorismo de Estado implementado por los militares. Al bajar a los militares del pedestal se les quitó capacidad de engaño y de presión sobre los gobiernos civiles, algo que mantenían en buena medida en 1987 cuando se dijo que “la casa está en orden” y no lo estaba.
También en este plano hay una involución bajo el actual gobierno, muy interesado en la “reconciliación” con los viejos represores y en volver a armar con munición gruesa y de origen norteamericano a cuarteles no suficientemente depurados en democracia.
De todas maneras está fresco el gesto multitudinario de la población, el último 24 de marzo y sin la mínima presencia del PRO, de ratificar los valores de Memoria, Verdad y Justicia.
No obstante, es un dato negativo que el recientemente designado obispo castrense, Santiago Olivera, haya declarado a favor de la reconciliación con los represores para que los genocidas condenados, mayores de 70 años, puedan gozar todos del beneficio de la prisión domiciliaria. Olivera se pronunció por “una reconciliación mirando hacia adelante” y sin “justicia selectiva”.
En este punto el nuevo obispo es la continuidad de Antonio Baseotto, un defensor de los represores que alegóricamente justificó los “vuelos de la muerte”. Leyendo las declaraciones de Olivera se podía creer que eran del obispo Baseotto. El cronista no conoce los secretos del Vaticano pero esta designación le parece una gruesa pifiada del papa Francisco.