Cierres de empresas y desempleo

En tres años de gobierno de Cambiemos, la situación laboral es tan grave como en 2001, cuando los índices de pobreza y desempleo provocaron una de las mayores crisis sociales en nuestro país.
IRINA SANTESTEBAN
La imagen del pasado lunes en Santa Rosa, cuando casi 500 jóvenes acudieron a la convocatoria de una firma que solicitaba un empleado, es una muestra en pequeño de la gravísima situación laboral y social de Argentina. Datos oficiales e informes de centros de investigación, indican un aumento del desempleo de la mano de cierres de empresas.

Menos fábricas.
Según datos de la AFIP, son 6.951 las empresas que tramitaron su baja desde el 10 de diciembre de 2015 (LA ARENA, 27/01/2019).
Ya en junio de 2018 el gobierno había admitido el cierre de miles de empresas (la mayoría pymes) cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se presentó al Congreso con un documento de 800 páginas. Aunque por esos meses, todos los funcionarios de Cambiemos hablaban de la creación de "nuevos empleos" y que el desempleo "estaba bajando", ese documento revelaba la desaparición, desde 2016 a 2018, de 4.787 firmas.
Uno de los sectores más afectados es el de la producción láctea, tal como surge de un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, que revela que la producción cayó 12,7 % en los últimos tres años, mientras que en 2018 cerraron 775 tambos.
Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav (Página 12, 28/01/2019), desde el 2015 se destruyeron más de 4.100 empleos en el sector, y las ventas de productos lácteos cayeron 10 %. Mientras los precios aumentaron un 170 %, el empleo se redujo 4,1 y la cantidad de tambos un 8,1.
Así, en los últimos tres años, de 11.666 establecimientos se pasó a un total de 10.722.
A diferencia de esos índices, en La Pampa, una planta modelo inaugurada por el gobierno provincial en General Pico en noviembre de 2018 -lácteos Mamuu- está vendiendo la totalidad de su producción, 7 mil litros de leche por día, a un precio más bajo que el resto de las marcas. Además de dar trabajo a cincuenta personas, se logró la aceptación de la población, no sólo en General Pico, sino también en otras localidades de la provincia.

Más desempleados.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los últimos tres años hubo 387.000 nuevos desempleados en los grandes conglomerados urbanos, cifra que, proyectada a todo el territorio nacional, implica 645.000 nuevos desempleados.
Para esta institución de estudio de los temas económicos y sociales, y que elabora informes con un alto nivel de rigurosidad técnica pero con lenguaje accesible, ese número surge de comparar la tasa de desempleo del segundo trimestre de 2015 (6,6%, la más baja desde 2003) con la del segundo trimestre de 2018 (9,6%).
Así, de los indicadores sociales, el desempleo es uno de los más aumentó. Esto explica también el exponencial incremento de la pobreza a pocos meses de finalizar la gestión de Cambiemos, cuya principal promesa electoral fue "pobreza cero".
El informe muestra que, de un 25,7% de pobreza que se registró en el segundo semestre de 2017, aunque todavía no están los índices totales de 2018, se estima que se ubicará entre el 31% y 32%.

Baja de salarios.
A la par de esos índices tan desalentadores para la mayoría de la población, para quienes sí tienen trabajo -formal o informal-, el panorama también es muy negativo, porque los salarios sufrieron un importante retroceso en los 3 años de Mauricio Macri.
Aquella promesa de campaña: "no te vamos a quitar nada de lo que ya tenés", fue muy mentirosa, para los que perdieron su empleo y para quienes ven disminuir el poder adquisitivo de sus salarios, jubilaciones o ingresos en general, sean trabajadores, profesionales independientes, comerciantes y hasta empresarios.
Siguiendo con el informe de CEPA, en relación al salario mínimo: mientras en 2015 llegaba a los 488 dólares, en la actualidad equivale a 251 de la moneda estadounidense, menos del valor que tenía en 2001: 259 u$s.
Los haberes jubilatorios siguieron la misma suerte: en 2015 el haber jubilatorio mínimo se ubicaba en los 373 dólares, hoy está en 207 u$s, apenas por encima de los valores de 2001, cuando se ubicaba en los 194 u$s.

Menor consumo.
Una parte de la explicación de estas pérdidas hay que buscarla en los aumentos de precios de alimentos y las tarifas de servicios públicos, que hoy insumen gran parte de los ingresos de los trabajadores; para los beneficiarios de planes sociales, ni siquiera alcanza para esos dos rubros. Ni pensar siquiera en la posibilidad de acceder a eventos culturales, gastos de esparcimiento, o viajes turísticos, que no sólo son derechos sociales sino dinamizadores de la economía.
Según datos del Indec, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que sólo incluye alimentos, se ubicó en diciembre de 2018 en 10.198 pesos para una familia de 4 miembros (madre, padre y 2 hijos) y 10.726 pesos para un grupo familiar de 5 personas (madre, padre y 3 hijos). La Canasta Básica Total (CBT), que también incluye bienes y servicios no alimentarios, (siempre para diciembre 2018) se calculó en 25.494 pesos para una familia de 4 miembros y en 26.814 para una de 5 personas.
Así se explica también otro de los datos que surgen del informe de CEPA: la retracción del consumo de alimentos, como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes sociales. La baja en el consumo de carne, otrora presente en la mesa de los argentinos, es del 54%; jugos y gaseosas, un 44%; frutas y verduras, del 43%; y lácteos, tan necesarios para la primera infancia, un 34%.
El hábitat de la población también es indicador del sector social al que se pertenece: en Argentina viven 4.117.373 personas en villas y asentamientos, lo que representa alrededor del 9,5% de la población total; es decir que uno de cada 10 argentinos vive en una villa de emergencia.
Vamos mal, estamos peor y el futuro es aún más malo, con esta gestión política.