Como en los 90, “las joyas de la abuela”

En medio del fragor del debate que ha despertado en estos días el lanzamiento de la anunciada reforma tributaria y laboral, el gobierno nacional coló una decisión que afecta patrimonialmente a la Argentina y que remite a épocas de triste memoria. A pocos días de las elecciones, a través de un decreto del que nada se sabía hasta que se publicó en el Boletín Oficial, se dispuso la venta de activos estratégicos del país como son las plantas generadoras de energía eléctrica de ciclo abierto y de ciclo combinado cuyo valor, estiman los funcionarios del Ministerio de Energía, ascendería a unos U$S1.000 millones.
Estas centrales fueron construidas por el Estado argentino a través del Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista creado en 2005 por el ex presidente Néstor Kirchner para incrementar la oferta energética del país. A través de ese fondo se sumaron al Sistema Interconectado Nacional las centrales térmicas de ciclo combinado de 800 MW General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown, en Buenos Aires, y General San Martín, en Santa Fe.
La entrega de esas centrales a empresas privadas tiene un antecedente ominoso en la Argentina cuando el menemismo llevó adelante en los 90 la venta a capitales privados extranjeros de las empresas estratégicas estatales como Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, YPF y la privatización de la recaudación de los fondos jubilatorios cuyos dividendos se usaron para conjugar déficit y alimentar un sistema económico que devoraba recursos patrimoniales y se endeudaba para seguir la fiesta cuyo final en 2001 llevó al país a una de las peores crisis que se recuerde.
En aquellos años se llamó a esta venta de capital público a privados como la venta de “las joyas de la abuela” no solo porque esas empresas eran construcciones estatales cuya creación se remontaba al tiempo de nuestros abuelos sino además porque se trazaba un paralelismo con esas familias que empeñan las joyas de la abuela para ocultar que han dejado de generar recursos para autosostenerse.
La venta de estas empresas pone al descubierto un aspecto de “la herencia” que, al contrario de lo que se afirma, permite hoy al gobierno usufructuar políticas de acumulación y construcción de bienes materiales y de soberanía energética realizados por el kirchnerismo. Esas políticas de construcción de centrales por parte del Estado hoy le permite a este gobierno venderlas y gastar el producto de esa venta en mantener un sistema que, lejos de plantearse la soberanía energética, está enajenando ese sector clave.
Paralelamente a la destrucción de esa política energética soberana que inició el ex presidente Kirchner, el mismo decreto le quita el nombre a una de las centrales hidroeléctricas que se construyen en el sur del país y que llevaba su nombre en un homenaje a un mandatario que tuvo como una de sus preocupaciones centrales recuperar para el Estado argentino el manejo del sector energético con principal acento e la generación eléctrica.
No es casual esta decisión. Su objetivo es borrar de la memoria nacional a quienes impulsaron políticas que hoy se intenta destruir en nombre de la eficiencia y la desburocratización que oculta la entrega de las áreas estratégicas del país a capitales privados cuyos personeros integran el propio gabinete.