Con tanto ajuste neoliberal, la democracia también resulta mutilada

LA SEMANA POLÍTICA

Los ajustes neoliberales, por ejemplo contra los jubilados, derivan en represión. Y también mutilan la democracia, con una lista creciente de presos políticos y decretos presidenciales contra derechos y conquistas laborales.
EMILIO MARIN – Mauricio Macri está desesperado por ubicarse en el Primer Mundo. El vagón de cola tiene la ilusión de ir en la cabina de la formación o al menos ser parte de la comitiva. A eso lo llama “insertarse en el mundo”, capitalista obvio, que para él es el único que existe.
Si el FMI le demanda achicar el déficit fiscal, una vez pasadas las elecciones de medio término, entonces a MM no le tiembla el pulso en quitar a los fondos previsionales 100.000 millones de pesos anuales. Y a esas podas las llama pomposamente “reforma previsional”, aprobada en diciembre pasado, represión policial y de Gendarmería mediante.
Ahora la novedad fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18 firmado por el presidente en sus prolongadas vacaciones en Villa La Angostura, según el cual se busca modernizar y desburocratizar el Estado, y agilizar trámites empresarios en supuesto beneficio de la economía.
Para justificar este nuevo instrumento polémico, se dijo que de este modo el país cumplirá requisitos y demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Allí habitan los países ricos del planeta. A ese club pidió ingresar la Argentina macrista, por más que el año pasado el Stanley Morgan la dejó plantado en el puesto de “fronterizo”, sin permitirle subir una categoría, a “emergente”.
Antes de analizar el fondo del decreto, conviene echar un párrafo sobre su forma. Es muy poco democrática una pieza de 192 artículos que en muchas de sus materias debería pasar primero por el análisis del Congreso. Y que se le dé carácter de “necesidad y urgencia” cuando el Legislativo está sesionando en extraordinarias, además que el 1 de marzo reanudará las sesiones ordinarias. Es una película que ya se vio en varias ocasiones: este Ejecutivo quiere gambetear al Congreso, evitar discusiones públicas, negar negociaciones con la oposición y sacar las cosas de apuro. Sólo en pocas oportunidades Macri se vio obligado a poner la reversa, como cuando había designado por DNU a dos nuevos miembros de la Corte Suprema. Acá está en plan de ofensiva y no le importa pagar el costo político de plagiar un decreto de Carlos Menem de 1991. Es la modernidad que atrasa…

Gobierno empresarial.
Se ha dicho que el actual es el gobierno de los ricos, de plutócratas. El decreto en cuestión lo confirma porque se beneficia a empresas; no sólo a las que pueden invertir sino también a viejas conocidas de la infracción a normas legales. Desde 2014 estaba vigente la ley de promoción del empleo registrado y contra el fraude laboral. Si las empresas violaban la normativa figuraban como infractoras en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Al estar en ese listado, perdían ventajas en contrataciones con el Estado, por un lapso de entre 60 días y 3 años. Otro tanto con las patronales que se negaban a aceptar una inspección del Estado para verificar el cumplimiento de normas laborales.
Con la venia de Macri ahora la suspensión se limita a 30 días y se sale del Repsal con sólo pagar una multa.
En cambio los trabajadores podrán sufrir embargos en sus cuentas sueldos. Hoy se puede embargar un 20 por ciento del salario, excediendo dos salarios mínimos. Ahora, si bien se eleva a tres salarios a partir del cual opera aquel descuento, se habilita a los acreedores a embargar la cuenta sueldo, donde el asalariado puede tener otros ahorros o depósitos. Hipócritamente, el gobierno y el Banco Central argumentan que así se favorece a los trabajadores para que obtengan más créditos bancarios, con sus cuentas sueldos como garantía. En los hechos será una nueva concesión a los acreedores y la llamada “Patria Financiera”.
Esos intereses financieros tendrán mayores posibilidades de transar con otros dineros de los trabajadores y los jubilados porque el DNU 27/18 flexibiliza y aumenta los usos que pueden hacerse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Fondos fiduciarios y otros negocios financieros con ese FGS, negocios con privados en tierras pertenecientes al Ejército, asegurar la política de “cielos abiertos” con las líneas de bajo costo, permitir a la Unidad de Información Financiera llegar directamente con sus denuncias a los jueces federales amigos del poder, eludiendo a los fiscales y la Procelac, etc.
Los especialistas en economía y los abogados laboralistas podrán hacer análisis más sesudos. Pero de partida se puede asegurar, con lo conocido, que Macri y sus CEOs quieren imitar a Divididos. No son la aplanadora del rock, sino la aplastadora de derechos y conquistas laborales.

Tratamiento diferenciado.
Quienes se identifican con el accionar gubernamental podrán argumentar que la data de la UIF viene siendo muy útil para promover acciones judiciales y llevar a la cárcel a gremialistas de vida sospechosamente enriquecida.
En efecto, la info de aquella entidad fue vital para que algunos jueces denunciaran a elementos tan corruptos en apariencia como el “Pata” Medina de la UOCRA platense, Marcelo Balcedo del SOEME también platense y en los últimos días al burócrata de la UOCRA de Bahía Blanca. Los tres personajes fueron tomados con “las manos en la lata”, fortunas en sus domicilios, armas, joyas, etc.
Ese es el costado favorable de una campaña sesgada políticamente y utilizada en forma alevosa por el oficialismo. No hace falta ser un lince para darse cuenta que detrás de esas detenciones, el gobierno saca provecho en varios sentidos.
Por ejemplo, genera ruido mediático con esos allanamientos para desviar la atención de los asuntos graves para el conjunto de la población. Visto desde ese ángulo social y nacional, el nefasto “Pata” Medina es apenas una patita minúscula, una noticia para un día de la página de policiales.
La Alianza PRO-Cambiemos mezcla las peras con manzanas, y en medio de procesos contra delincuentes comunes cuela otras órdenes de detenciones sin mayores pruebas contra dirigentes políticos. Y en medio de tantas injusticias, de pronto hay algunas reparaciones, como la libertad de Amado Boudou, exvicepresidente encarcelado por supuesto lavado de activos y facturas de poca monta. Por eso se decía recién que las denuncias de la UIF sirven para un lavado o un fregado. Y a Boudou lo fregaron durante 70 días. Salió libre pero la suciedad con que lo taparon todos los medios no se sabe si podrá limpiarla alguna vez.
El tercer manejo político del gobierno y la UIF es que al presidente, ministros, secretarios, operadores, etcétera, rara vez les impactan denuncias de ese origen. Y cuando esas excepciones se dan, los jueces y fiscales amigos se encargan de cajonearlas.
Por ejemplo, los diputados opositores del FPV han denunciado y pedido que se investigue al presidente y su círculo íntimo por las negociaciones que el grupo Macri hizo con empresas de generación eléctrica eólica en Chubut y Buenos Aires, que habían ganado licitaciones oficiales con esta administración. Según los elementos reunidos, Socma habría ganado 48 millones de dólares en esas muy fáciles intermediaciones de comprar y volver a vender esas firmas eólicas.
La causa recayó en el juzgado de Martìnez Georgi y el fiscal Eduardo Taiano, pero es muy improbable que avance. Su suerte puede ser la misma de tantas otras que involucran al jefe de Estado, como la del Correo-gate, el endeudamiento con el bono de los cien años y otras.

Esta puede progresar.
En cambio, por esa discrecionalidad política que impregna a la mayoría de los jueces y fiscales de Comodoro Py, puede que avance la denuncia contra Hugo y Pablo Moyano. Al igual que los expedientes contra otros sindicalistas-empresarios, a los Moyano se los denunció por supuesto lavado de dinero, el delito de moda promocionado por la AFIP.
Se investiga si los Moyano derivaron fondos del gremio de Camioneros hacia empresas de su entorno familiar, como las que dirige la esposa del exlíder de la CGT.
También está bajo la lupa la postal OCA, bajo el control gerencial de Moyano padre, donde trabajan 5.000 afiliados a Camioneros. La firma está bajo doble fuego, porque además de esos posibles lavados está amenazada de nuevas disposiciones que le quitarían su razón de ser: los bancos enviarían los resúmenes de tarjetas vía e-mail y no papel.
El litigio Moyano versus AFIP-Macri no es de fácil resolución. Ni siquiera debe serlo para los directos involucrados, porque han sido socios políticos desde 2009, cuando el camionero rompió de mala manera con el kirchnerismo. Han sido cómplices, con áreas de negocios en la recolección de basura y limpieza.
Moyano dejó hace muchos años de ser un trabajador del volante y es posible que tenga cuentas irregulares en el sindicato y su obra social, y el club Independiente.
El cronista no se suma a la bardeada contra Moyano, por dos motivos. Primero, porque cree que Macri es incomparablemente peor: Hugo va en camión y Mauricio en Low cost. Y segundo, porque detrás del ataque a Camioneros está camuflada la ofensiva contra los trabajadores. En suma, atacan a Moyano para forzar la “reforma laboral” antiobrera, un parto que lucía fácil para el gobierno pero ahora viene de nalga.