Contra el narcotráfico, ¿política de Macri o expresión de deseos?

UN FLAGELO QUE REQUIERE DE POLÍTICAS INCLUSIVAS

Emilio Marín – Macri prometió el 10 de diciembre pasado luchar contra el narcotráfico. Lindas palabras, reiteradas en sus anuncios de Tecnópolis. Sin embargo, para llevarlas a la práctica le faltan políticas, alianzas y equipos. Con la DEA y el FBI no habrá victoria.
Mauricio Macri en su primer discurso como presidente prometió a los más de 40 millones de argentinos que lucharía por los objetivos de pobreza cero, contra el narcotráfico y por la unidad de los argentinos.
En cuanto al primer punto, ya en abril el Observatorio de la Universidad Católica Argentina contaba 1.4 millón más de pobres. Fue el resultado rapidísimo de la devaluación, los despidos y el alza de los precios determinados por un dólar a 15 pesos y sin retenciones a los exportadores.
Ahora hay 13 millones de argentinos hundidos por debajo de la línea de pobreza y por lo menos 1.1 millón de niños en esa dolorosa situación. Cada vez hay más gente en situación de calle y personas con hambre, en un país que produce alimentos para proveer a 400 millones de habitantes.
Lo de “pobreza cero” fue y es un mero eslogan. En cuanto a la unión de los argentinos se hace todo lo contrario. El gobierno actual ofende, divide, persigue y calumnia a sus opositores. No sólo a los dirigentes políticos que critican a su proyecto, caso de CFK a quien quieren pueden meterla presa argumentado causas por corrupción. El presidente ofende a los trabajadores porque además de despedir 64.000 empleados estatales acusados de ser ñoquis y “grasa militante”, reprocha al conjunto de los asalariados el “poner palos en la rueda” y generar “la industria del juicio”.
En cuanto al tópico de lucha contra el narcotráfico lo que hubo hasta ahora fueron palabras y un enfoque doctrinario inadecuado. Palabras hubo el 10 de diciembre pasado ante la Asamblea Legislativa, planteando el triple objetivo de su gestión. Más acá en el tiempo, el 30 de agosto pasado, en el predio de Tecnópolis -tan vituperado por el macrismo por provenir de la gestión anterior-, se presentó el plan “Argentina sin narcotráfico”.
“La droga ataca el núcleo más importante que es la familia” y “capta a los chicos que terminan asesinando sin darse cuenta”, dijo Macri, en medio de otros lugares comunes y asegurar que el compromiso iba más allá de la foto. Por ahora hubo aquellas palabras y la foto con Ricardo Lorenzetti, varios gobernadores del oficialismo y la oposición, y buena parte de su gabinete.
El narcotráfico supone esos dramas aludidos por el presidente pero también muchas otras cosas más, como el deterioro de la salud de la población y el envilecimiento de la economía, con dinero del narcotráfico que se invierte acá o sale hacia guaridas fiscales, con empresas off-shore y cuentas bancarias secretas. No es ninguna alusión a Fleg Trading y Kagemusha, más bien ligadas al comportamiento evasor del establishment empresarial doméstico del que el grupo Socma fue emblemático.

Equipo y doctrina.
Para combatir al narcotráfico hay que contar entre otros elementos con equipos capacitados y multidisciplinarios de funcionarios, y con buena conexión entre sí.
No parece ser el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, más bien especialista en recortar haberes a jubilados, antes que en perseguir a narcotraficantes y carteles de la droga. Su nivel de confusión mental aumenta luego de algunas cenas y brindis, según algunos controles donde debió soplar para el control.
El secretario Eugenio Burzaco, cofundador de la Policía Metropolitana junto con el tristemente célebre comisario Jorge “Fino” Palacios, tampoco luce como un especialista. A veces le quita tiempo el tener que hacer colectas millonarias para asistir a su hermano, preso por el caso de corrupción de la FIFA por los escándalos de coimas en los contratos para la televisión.
Y hasta hace pocas semanas el oficial retirado del Ejército, Juan J. Gómez Centurión, estaba al frente de la Aduana, una llave estratégica para combatir o no el narcotráfico. Independientemente de si ese ex carapintada es un buen funcionario o no -está en duda hasta para Macri, que lo sacó provisoriamente-, esta semana fue noticia el descubrimiento de 12 tachos con 300 kilos de efedrina en la Aduana. Gómez Centurión lo sabía desde mayo, acusó su detractora Bullrich, pero lo dijo ahora al juzgado de Servini de Cubría.
Quiere decir que la coordinación entre Ministerio, Secretaría y Aduana no es de la mejor. En medio de esos desencuentros los carteles de narcos se pueden hacer el mayor festín. Y mucho más si cuentan con ayuda de policías, militares y gendarmes.
Algunos de esos comisarios ya perdieron el puesto, como el ex jefe de policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, trasladado al penal de Marcos Paz luego de ser condenado a 6 años por narcotráfico. Muchos otros policías siguen en funciones y otros son sospechados, como las denuncias de Elisa Carrió contra el comisario Pablo Bressi, “jefe de la mejor maldita policía del mundo”, como solía ironizar Horacio Verbitsky, burlándose del “Zabeca de Bánfield”.
Cuando Macri debió explicar porqué había designado a Palacios en la Metropolitana, dijo que había sido recomendado por las embajadas de Israel y Estados Unidos. Seguramente esas oficinas extranjeras le dieron el aval por los cursos hechos y misiones con la DEA y el FBI. Esos certificados no deben tomarse como de calidad. Muchas veces los que trabajan en la División Drogas Peligrosas hacen de éstas la Peligrosa División Drogas, donde el orden de los factores altera del producto. Y sino véase el caso del comisario Rafael Sosa, preso más de dos años por el caso de los “narcopolicías” de aquella división de Córdoba.
La doctrina de Macri, presentada en Tecnópolis, es de “guerra contra la droga”. El enfoque bélico es pésimo y lleva la marca en el orillo de la DEA y el FBI, que están lejos de haber vencido a los carteles y lavadores de EE UU.

Que miren a Bolivia.
Esa línea de “la guerra” se opuso por el vértice con la propugnada unos días antes por 258 jueces, fiscales y defensores. Éstos plantearon que “la guerra contra las drogas y sus políticas públicas basadas en la criminalización y represión han demostrado ser un rotundo fracaso”. A la suya se la conoció como “Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos”. Entre otras proposiciones, pidieron “una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas”, eliminar las figuras penales que castigan la tenencia para consumo personal así como el cultivo para uso propio.
Muchas veces los jueces que más claman por la “guerra a la droga”, como el de Orán, Raúl Reynoso, que hasta 2015 daba conferencias al mundillo empresarial del seminario de IDEA sobre ese flagelo, al final sería la cabeza de una asociación ilícita ligada al narcotráfico. Y como tal fue detenido y procesado por esos delitos, en mayo de este año.
A diferencia del mal trato y pedidos de destitución formulados anteayer en forma inclemente contra el buen juez Daniel Rafecas por el sionismo y la derecha local, estos intereses no le pidieron la cabeza a Reynoso cuando fue denunciado por el abogado ligado a los derechos humanos en Salta, David Leiva, en noviembre de 2015.
La doctrina bélica de Macri genera buenas relaciones con la DEA y el FBI, con sus cursos y espesas relaciones con las fuerzas de seguridad argentinas. Éstas demandan urgente cambio y democratización pues el gobierno anterior hizo sólo una mínima parte del trabajo. Y aquella “guerra” también proporciona negocios a los mismos intereses, porque está pautada la compra de aviones a EE UU para cuidar fronteras y de globos aerostáticos a Israel con la misma función. Yanquis e israelitas no dan puntada sin hilo, pese a no tener ni uno ni otro méritos para exhibir en la lucha antidrogas.
El que sí puede dar cátedra es el gobierno de Evo Morales. Si es por la celeridad con que actúa la Fiscalía General de ese Estado, la agencia Prensa Latina informó ayer que al 30 de junio de 2016 existen 290 casos en etapa preliminar; 477 en etapa preparatoria, 4.351 con acusación formal; 2.703 declarados rebeldes y que a la vez se presentaron 490 recursos, haciendo un total de 8.311 casos procesados.
El total de detenidos fueron 942. En cuanto a las sentencias, hubo 160 condenas, 69 absoluciones y por procedimiento abreviado otras 305 condenatorias.
El balance de decomiso es de 7.186.000 gramos de cocaína; 142.262 litros de cocaína líquida; 14.551.000 gramos de marihuana y 12.075 unidades de psicotrópicos. Asimismo, fueron confiscados 132.411 litros de sustancias químicas líquidas y 2.677.000 gramos de sustancias químicas sólidas. Fueron destruidos 25 laboratorios de cristalización de cocaína y 73 fábricas, siendo incautados 45 inmuebles, dos avionetas, 186 vehículos y 24 armas.
Todo eso lo hizo el gobierno de Morales sin la DEA, FBI, CIA y Usaid, y sin la embajada de EE UU pues en 2008 expulsó a esas agencias y al embajador Philip Goldberg. No vaya a creerse entonces que la de Bolivia es una guerra a lo Macri; comenzó en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos y siguió en 2008 con la declaración de país libre de analfabetismo, ayuda cubana mediante; el bono Juancito Pinto para los escolares, el Juana Azurduy para las mujeres y otras políticas totalmente opuestas a las de Macri en Argentina.