Contra los cambios a la Ley de Tierras

El nuevo decretazo del presidente que pretende anular parte sustancial de la Ley de Tierras a fin de favorecer la venta de establecimientos rurales a extranjeros se instaló en el debate político justo en el bicentenario de la Declaración de la Independencia.
El gobierno de Cambiemos quiere perforar la norma sancionada en 2011 para flexibilizar la restricción que pone límites claros a la tenencia de tierras en manos de personas o empresas no argentinas. Como no podía ser de otra manera, la medida fue aplaudida por la prensa adicta al macrismo porque, alegan, significa un estímulo para el ingreso de capitales.
Pero también hubo muestras de rechazo como la que se registró en nuestra provincia con un proyecto de ocho diputados justicialistas quienes expresaron su negativa a que el territorio nacional “sea vendido o entregado a manos extranjeras” y repudiaron el “avasallamiento” del Poder Ejecutivo Nacional a la legislación sancionada por el Congreso de la Nación. En otras provincias hubo manifestaciones coincidentes con estos términos y hasta se presentaron recursos de amparo y pedidos de inconstitucionalidad ante varios juzgados.
Desde el sector rural menos concentrado, como la Federación Agraria Argentina, se alertó contra este decreto porque acelerará el proceso de acumulación de tierras en menos propietarios y estimulará la expulsión de pequeños y medianos chacareros engrosando la emigración del campo a la ciudad.
Otro aspecto preocupante es el avance del gobierno nacional sobre los provinciales al exigirles que obedezcan y se amolden a las disposiciones del nuevo decreto como si fueran meros delegados del poder central de la época de los territorios nacionales. Y se permite intimar a las provincias con un plazo perentorio para llevar a cabo la adecuación demandada advirtiendo que, de incumplir con la exigencia, el PEN procederá a actuar de hecho.
Habría que recomendar a los funcionarios de Cambiemos que se informen acerca de cómo es el régimen de propiedad de la tierra en los países que tanto admiran del llamado primer mundo, y si en esas naciones los gobiernos “estimulan” la compra de extensiones de tierras por parte de “inversores extranjeros”. Si lo hacen, se enterarán que hay severas restricciones en algunos de ellos y en otros hasta la prohibición expresa de enajenar en manos foráneas cualquier porción de su territorio.
Es de aguardar que la Legislatura pampeana no demore el tratamiento de la iniciativa presentada. Se trata de una cuestión que no tiene alto impacto informativo como otros hechos más acuciantes que desvelan a la sociedad -como los tarifazos o la caída del consumo- pero posee enorme trascendencia en un país, como el nuestro, que posee una de las llanuras más extensas y fértiles del planeta y, por lo tanto, es uno de los principales productores de alimentos del mundo.
En estos días del bicentenario de la Declaración de la Independencia, adquiere especial relevancia este decretazo que pretende destruir una ley votada por el Congreso de la Nación y que resguarda nada menos que un bien estratégico para la soberanía económica del país.

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