Corpico actuó bien

Muy sólido fue el aval que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial le dio a Corpico al evaluar su sistema de medición. El informe del organismo nacional fue contundente al expresar que la cooperativa de General Pico realizó el procedimiento adecuado para calcular la tarifa a pagar por un sector de la ciudad. Debe recordarse que el problema surgió a partir de una medida de protesta realizada por Luz y Fuerza que dejó a muchas viviendas sin tomar el estado de sus medidores. Ese verdadero boicot a las cuentas de la cooperativa generó una situación de incertidumbre a partir del reclamo realizado por un grupo de vecinos que cuestionaron a la entidad solidaria por la metodología empleada.
Ahora se sabe que Corpico procedió correctamente, y lo dice un organismo técnico del prestigio del Inti. Se terminan así las especulaciones y -hay que decirlo- las operaciones que buscaron poner en duda la honestidad con que procede la entidad solidaria con sus asociados.
En el calor del debate hasta se responsabilizó a la cooperativa por el valor desmedido de las facturas que, se llegó a afirmar, perjudicaba a los usuarios. Esa imputación desconoció que no son las cooperativas de servicios públicos las que establecen los niveles tarifarios. Es bien sabido que fue la política tarifaria del gobierno nacional la que elevó a valores astronómicos el precio de la energía eléctrica para convertirla hoy ya no en un servicio básico sino en un artículo suntuario. En La Pampa el cuadro tarifario es establecido por la Administración Provincial de Energía y las cooperativas deben atenerse a él, sumando únicamente los costos de la distribución.
Este caso debería servir de ejemplo aleccionador. Los gremios tienen un amplio abanico de posibilidades para realizar sus medidas de fuerza sin atentar contra la economía de entidades populares y de tan extensa trayectoria en la historia provincial como lo son las cooperativas. Y las eventuales agrupaciones de usuarios a esta altura deberían estar informados sobre las responsabilidades que le caben a los diversos actores que participan en la cadena de los servicios públicos.
No hay entidades sociales más democráticas que las cooperativas, con elecciones de autoridades todos los años y con sus cuentas abiertas a sus asociados. Poner en riesgo a estas instituciones con procederes o denuncias que atentan contra su desempeño es atentar contra el bienestar de los pampeanos.

Indiferencia homicida
Un pequeño de cinco años electrodependiente murió por un corte de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires. No existen palabras para calificar este acto de crueldad. La madre había alertado a Edesur y a una cuadrilla de operarios que trabajaban cerca de su casa sobre la situación, pero aún así el servicio no fue restablecido y el niño falleció por esa causa.
De condición humilde, la mujer no podía afrontar el pago de una voluminosa deuda de miles de pesos, pero además, por negligencia gubernamental, nunca se enteró del plan de asistencia oficial para casos como el de su hijo. La asociación que nuclea a los electrodependientes acusó al gobierno por no difundir adecuadamente la existencia y los alcances de esta ley con el propósito de reducir los beneficiarios de este subsidio. Esa tarea es obligatoria y figura en el texto de la ley por lo que el incumplimiento es inaceptable.
La actitud de la compañía de ignorar los ruegos de la madre ante tan desesperante situación desnuda el extremo de salvajismo al que puede llegar el afán de lucro desmedido y sin control del Estado. Este caso ominoso debería servir para que los pampeanos valoren todavía más el sistema solidario que el movimiento cooperativo eléctrico instauró en nuestra provincia. Aquí hubiera sido impensable ese nivel de indiferencia homicida, incluso sin el concurso de una ley.