Correo: aquí no pasó nada

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cerró la investigación administrativa abierta por la escandalosa maniobra que intentó licuar la millonaria deuda con el Estado de una de las empresas de la familia Macri. Diez días antes, el presidente de la Nación había reconocido que el tema del Correo le provocaba un “conflicto de intereses” y por tal motivo resolvía “apartarse”. La oportuna decisión que firma ahora su vice, junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña sostiene que no hubo ninguna irregularidad en el desarrollo de la operación que buscó condonarle a la familia presidencial una deuda de 70 mil millones de pesos y que se mantuvo en secreto hasta que fue descubierta por un periodista.
A pesar de su enorme trascendencia el tema no figuró en las tapas de Clarín ni de La Nación. Tampoco Elisa Carrió ni Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, abrieron la boca. Es que todos ellos -medios oficialistas y funcionarios funcionales- tienen la costumbre de escandalizarse muy selectivamente con los casos de corrupción. Cuando queda involucrado el macrismo -y no han sido pocos los casos durante su gestión- prefieren mirar para otro lado.
Lo cierto es que el caso del Correo fue uno de los más emblemáticos de la “corrupción M”. Está demostrado que en las reuniones para llevar a cabo la maniobra participó el propio presidente, incluso en las oficinas de la Casa Rosada.
Fue el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el que pidió al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que iniciara un sumario para investigar lo ocurrido en las negociaciones entre el gobierno y los representantes del Grupo Macri. Balbín, pese a ser designado por el macrismo, dio curso al pedido, ante lo cual Macri lo echó de su cargo y puso en su reemplazo a Bernardo Saravia Frías, un ex abogado de sus empresas. La orden tajante de Saravia Frías fue: “lo del Correo hay que cerrarlo” y eso hizo, le puso punto final al sumario. El fiscal Rodríguez apeló esa medida con lo cual dejó la decisión final en manos del presidente. Como se dijo, éste se excusó porque era demasiado evidente el conflicto de intereses y le pasó la posta a Michetti, quien cumplió con diligencia el deseo de su jefe político: cerrar definitivamente la vía administrativa.
Mientras tanto en el ámbito judicial, la fiscal Gabriela Boquín resiste los embates de los operadores del gobierno que quieren apartarla a toda costa de su cargo para que no siga “molestando” con sus investigaciones. En soledad debe batallar contra dos juezas del fuero Comercial -María Gómez Alonso y Matilde Ballerini- que desde hace 17 años no hacen otra cosa que beneficiar con sus decisiones al Grupo Macri en sus intentos de no pagar la abultada deuda que acumuló durante los años que explotó el Correo.
En esta causa no hay procesamientos exprés ni prisiones preventivas, a pesar de estar documentado el perjuicio económico ocasionado por el grupo empresario del presidente al Estado al demorar durante tanto tiempo el pago de su deuda. Es la ya conocida doble vara que emplea la Justicia para actuar. Una cosa es la “corrupción K” y otra la “corrupción M”, nada de andar confundiendo las cosas.