Corrupción: las caras visibles e invisibles

Con la noción de corrupción sucede como con las de derechos humanos y democracia, se han convertido en significantes comodín, usados de acuerdo a intereses precisos, generalmente dirigidos a desestabilizar países y estigmatizar líderes no gratos para los centros de poder. Nadie niega que la corrupción es un problema apremiante, grave y permanente, tanto en América Latina como en el resto del mundo. La cuestión radica en quiénes y cuándo visibilizan el asunto y con qué fines.
No es casual que "la lucha contra la corrupción" sea parte de la agenda central de conglomerados de la comunicación a nivel mundial y de gobiernos de abierta política intervencionista como el de EE.UU. Pareciera existir un acuerdo blindado entre organizaciones que filtran datos, actores políticos de alto nivel y medios de comunicación para posicionar en el sentido común la necesidad de "hacer justicia" y vencer la corrupción, pero sólo en ciertos países y regiones, y de acuerdo a una muy conveniente y superficial noción de corrupción. Muestra palpable es que el tema central de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Lima en 2018, será "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción".

Contra líderes progresistas.
La judicialización de la política es una de las tácticas de esta estrategia bien concertada para atacar liderazgos que han desarrollado políticas progresistas. Casos emblemáticos de la judicialización de políticos progresistas fueron el golpe judicial que depuso a Dilma Rousseff y el permanente intento de imputación al expresidente y candidato Lula da Silva. También cabe mencionar la acusación y encarcelamiento del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Todos acusados, sin pruebas, por delitos de corrupción. En estos días el juez Bonadío pidió la prisión preventiva y desafuero de la expresidenta argentina y senadora electa Cristina Fernández, con una acusación completamente hollywoodense: "traición a la patria" por el supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA en 1994. El juez que interviene fue apartado de la causa AMIA por colaborar con el encubrimiento a los responsables del atentado a la mutual, lo que no es recordado por los grandes medios. Esto ocurre en medio de fuertes protestas por los ajustes económicos de Mauricio Macri y apenas unos días después de la jura de CFK como senadora.
Lo más grave de la situación general, es que la corrupción es realmente un problema acuciante y de muy vieja data para América Latina, sólo que a quiénes la utilizan como bandera de la escalada conservadora en la región no les interesa ni visibilizar causas reales ni mucho menos superarlas. La corrupción en el continente sudamericano se ha extendido principalmente por dos razones: la raigambre colonial que aún persiste en los procesos sociales y económicos, y la nunca superada primarización de la economía y la renta que esta genera. La primera conlleva a que aún se maneje el erario público como patrimonio de ciertas clases dominantes, "como una prolongación de la familia" al decir de García Linera. La segunda debido a que quienes captan la renta detentan el poder no sólo económico sino político. En el medio de ambos procesos de desfalco naturalizado y sistémico, la pugna por el Estado se traduce en desinversión social y reducción de políticas públicas.

Medios-bancos-oligarquías.
En América Latina, durante las décadas de los '80 y '90 se ejecutó un pacto entre conglomerados de medios de comunicación, instituciones financieras internacionales y oligarquías nacionales para, en nombre de la guerra a la corrupción, realizar un profundo ajuste estructural que significó el achicamiento del Estado, las privatizaciones de las propiedades y servicios públicos, y la concomitante despolitización de las sociedades. El neoliberalismo caló hondo en la región y quiénes terminaron siendo los afectados estructurales fueron las grandes mayorías, privadas del acceso a los bienes públicos y a la posibilidad de un horizonte común. Luego de más de una década de políticas progresistas en la región, las cuales reinstalaron la política como medio de disputa para las mayorías y recuperaron el rol del Estado como garante de programas de inclusión social, resurge la escalada neoliberal con el mismo libreto, pero con estrategias más aceitadas y expeditas. (Giordana García Sojo. Celag).