Crece polémica sobre nacionalizar o no el comercio exterior

EMILIO MARÍN
Nacionalizar o no el comercio exterior ya no es un debate limitado a especialistas y militantes políticos. Es una polémica que crece porque la privatización de ese rubro, acentuada en los ’90, y la devaluación, perjudican el bienestar de las mayorías.
La devaluación dispuesta por el gobierno tras resistir algo más de dos años esa pretensión de pulpos exportadores, afectó a amplios sectores populares. Es que los 200 formadores de precios aprovecharon para remarcar gran variedad de productos, de los que se exportan y los que sólo se consumen aquí. No se echaron a dormir sobre tan mullidos colchones, porque muchos siguieron, imperturbables, aumentando precios. Los monopolios los cuidan a su manera…
A partir de la devaluación, que llevó la marca inflacionaria de enero de 2014 al 3,7 por ciento según el oficial IPCNu, la discusión política entró de lleno en la necesidad o no de nacionalizar el comercio exterior. Es que muchos suponen -y suponen bien, a juicio del cronista- que si el Estado se ocupara de esa función y captara el saldo de ese intercambio, tendría millones de dólares más. Y estaría más fuerte para resistir las presiones devaluatorias y contaría con fondos para encarar planes de desarrollo nacional y programas en pos de una mayor equidad.
Mucho antes de la devaluación, la idea de nacionalizar el comercio exterior estaba en la agenda de los sectores más politizados. Éstos se habían tomado en serio la orden de batalla kirchnerista luego de la ancha victoria de 2011: “Vamos por más”. Un ideólogo del sector, Horacio Verbitsky, en cambio, propuso “Nunca menos”, que no significa exactamente lo mismo. Su punto de vista defensista era defender lo conquistado pero no avanzar ni tomar ofensivas como recrear un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).
El 24 de enero pasado, con el dólar saltando a 8 pesos y haciendo saltar la banca de los precios, hizo que aquel debate diera un salto cualitativo. Lo del comercio exterior ya no es más una discusión de círculos de avanzada; empieza a ser una polémica más de masas, sin serlo completamente todavía.

Los del status quo
Los que no se movieron de su posición política e ideológica, por razones de pesos (de dólares), fueron los pulpos exportadores, en particular las cerealeras, el complejo oleaginoso, las mineras y petroleras. Estos monopolios concentran la mayoría de los negocios del comercio exterior y no piensan abandonarlo. Comparada con la que sucedió, por ejemplo, con la resolución 125 en 2008, cuando se elevaban las retenciones a la soja, la pulseada por el comercio exterior es muchísimo más importante. Lo es en plata, pero sobre todo por el nivel de lo que está en juego. Si los grupos dominantes de la sojamanía pusieron el grito en el cielo, los piquetes en las rutas y tocaron a degüello con Clarín, es más destructivo lo que pueden hacer si se los desalojan de un negocio que consideran su propiedad privada. Dirán que fueron expropiados, beligerantes, pintándose la cara para una “guerra santa” por los porotos y los “verdes” que son sus valores fundamentales en la vida.
Para identificar mejor al Estado Mayor enemigo, se puede citar al economista Horacio Rovelli, en “El país, el comercio exterior y el poder de las corporaciones” (Miradas al Sur, 9/2). Allí se lee: “en el 2003 el 93 por ciento de las exportaciones de granos fueron realizadas por no más de diez firmas: Cargill, Nidera, Noble Grain, Louis Dreyfus, Topfer, ADM, Bunge, Molinos, más las aceiteras General Deheza y Vicentin, quienen tienen más de 150 centros acopiadores, molinos harineros, plantas aceiteras, producción propia y puertos propios”.

Sojeros y tramposos
Con la trepada de los precios de la soja, desde los 180 dólares la tonelada en el año 2000 hasta los 600 del 2012, se agudizó la sojización del campo. El área sembrada con el poroto aumentó 120 por ciento en diez años y hoy ocupa más del 50 por ciento del total cultivada, con poca rotación de cultivos y todo lo que eso entraña en términos de afectación de la tierra y despoblación de áreas rurales.
“Las exportaciones del complejo oleaginoso aumentaron a una tasa anual promedio del 12,6 por ciento, llegando a los 18.000 millones de dólares en 2010”, sostuvo Julián Blejmar en “La Mesa Cerealera” (Miradas al Sur, 26/1).
No conformes con embolsar tantos millones, estos actores del agrobusiness son evasores. El jefe de Gabinete, en su conferencia de prensa del 4/2 pasado, declaró que el equipo económico está investigando operaciones de firmas exportadoras porque no habían liquidado 3.824 millones de dólares por exportaciones ya concretadas y no habían ingresado mercaderías por 3.000 millones de dólares, para las que habían sido autorizadas a adquirir las divisas necesarias.
Se entiende la crítica de Jorge Capitanich contra aquellas maniobras de presión sobre la cotización del dólar, pero mucho más se entiende la bronca de la población. Las cerealeras están al tope de la crítica social, muchas extranjeras y algunas como Cargill de fuerte incidencia comercializadora interna. No se salvan las firmas nacionales y que intervienen en la comercialización interna, como Aceitera General Deheza y Molinos. Sus precios de aceite y fideos por las nubes arrojaron al abismo su escaso prestigio, aunque todavía hay buena gente que confía en estas “empresas nacionales”.

La historia
Qué hacer con los pulpos exportadores no es un asunto que se debata recién en este tiempo político, como aseguran quienes cuestionan al gobierno actual por “estatista”. Es una discusión que viene desde la crisis del ’30, cuando la caída del comercio mundial fruto de ese descenso del capitalismo hizo que, incluso los productores de la Pampa Húmeda, pidieran la intervención estatal. Y de allí la Junta Nacional de Granos y su prima hermana, de Carnes.
En el primer peronismo se aumentó la participación estatal con el IAPI, que compraba las cosechas y vendía al exterior, pagando buenos precios a los productores y quedándose con la diferencia en divisas. Ese “pecado” nacionalista aceleró el revanchismo de la oligarquía, plasmado en bombardeos a la plaza de Mayo y el golpe de Estado.
En ese archivo de lo positivo del IAPI y los reclamos para su reposición, cabe rescatar la propuesta de Andrés Framini (Textiles) en el plenario de las 62 Organizaciones de Huerta Grande, en julio de 1962, a favor de diez puntos programáticos del movimiento obrero. Los tres primeros planteaban: “1 Nacionalización de la Banca y establecimiento de un sistema bancario estatal y centralizado. 2 Monopolio Estatal del comercio exterior. 3 Nacionalización de los sectores claves de la economía: Siderúrgica, electricidad, petróleo y frigoríficos”.
Antonio Caló y otros sindicalistas afines al gobierno no dicen ni mu sobre esta historia. ¿La recordarán?

Ir por más
Lo que está en juego no son sólo dólares, que importan y mucho. En 2012 el saldo favorable del comercio exterior fue de 12.690 millones de dólares (Página/12, 24/1/2013). Y aunque bajó en 2013, siguió siendo importante: 9.024 millones de dólares (mismo diario, 24/1/2014).
La opción es clara. O se dejan las cosas como están, sólo que con más controles de la AFIP sobre el stock de los acopiadores y otras acciones judiciales. O se disputa ese superávit del comercio exterior y aún se lo aumenta con recortes a la excesiva importación de combustibles y de piezas e insumos que bien pueden fabricarse en el país, con un impacto favorable en el empleo y modelo de país industrial.
Entre quienes tienen un punto de vista posibilista está hoy el gobierno nacional, que ojalá cambie por impacto de la crisis. La presidenta dijo en un importante discurso pos devaluación que no cree en un “estado empresario” y el jefe de gabinete descartó el 10/2 que el Ejecutivo analice tal nacionalización.
En auxilio de esa resignación escribió Verbitsky el 9/2 en Página/12 (“Curva Cerrada”): “(para medidas nacionalizadoras del comercio exterior) su aplicación requeriría de adecuaciones para las que al actual gobierno no le sobra el tiempo”. “Altri tempi”, subtituló. En tiempos más antimonopólicos ese periodista habría dicho “más vale tarde que nunca”…
Afortunadamente otros sectores populares, incluso intelectuales cercanos al gobierno, se inclinan por una intervención estatal en el comercio exterior, algunos en su totalidad y otros sólo en materia granaria. Los intelectuales de Carta Abierta en su Carta 15, aprobada el 8 de febrero pasado, pidieron “avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior”.
La Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) propuso una “Empresa nacional de comercialización” con un documento muy positivo, aunque con un severo límite. Es que su punto 4 la define como Empresa Mixta y ofertaron la incorporación a la misma de “las grandes empresas de capital nacional (AGD, Vicentin, etc)”.
Atilio Borón, en cambio, se mostró favorable a la estatización del comercio exterior, con “una agencia estatal que regule a la totalidad del sistema agroalimentario del país, desde su origen hasta su comercialización minorista, algo bien diferente a la JNG o el IAPI”.
Como sea, el debate político sobre el comercio exterior está instalado. Cada suba de precios es un punto más a favor de nacionalizarlo. Y eso es lo único bueno que trajo la maldita devaluación inspirada por el lobby exportador.