Crecen las dudas sobre Portezuelo

Las declaraciones de un ex directivo de Industrias Metaúrgicas Pescarmona añadieron un nuevo argumento a las objeciones que se vienen planteando a la represa Portezuelo del Viento. Esas expresiones son valorables en dos aspectos: el primero porque se originan en quien fuera un alto directivo de Impsa, empresa muy relacionada con los grandes emprendimientos hidroeléctricos del país; y el segundo porque apunta a una cuestión muy sensible de la obra: el muy alto costo de la energía a producir.
El último de los factores involucra directamente la financiación del embalse, ya que el gobierno, embretado en las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, apuntaba al sistema de participación público privada (PPP). Sin embargo todo indica que los potenciales inversores verán con desconfianza ese elevado precio porque demorará considerablemente, en términos financieros, el tiempo de recupero del dinero colocado en la obra. Además cualquier aporte privado no podrá dejar de considerar el alto riesgo-país que hoy caracteriza a la Argentina.
El empresario también mencionó tres condiciones para la conclusión del embalse: completar la obra en no más de un lustro, conseguir financiamiento externo y niveles tarifarios que justifiquen obra y financiamiento. Sin embargo entre las objeciones expuestas no figura ninguna referida a los aspectos ambientales y agroeconómicos que se derivan de la construcción de la represa. Tampoco se aclara si los cáculos económicos de la generación eléctrica contemplan una producción constante -en cuyo caso las alteraciones negativas del curso serían enormes- o si estarían subordinados a los requerimientos del mercado, con pulsos hidráulicos que harían indispensable un dique compensador ante los graves peligros erosivos aguas abajo del embalse.
Allí radica la objeción fundamental de La Pampa que ahora -recién ahora- comienzan a ver con inquietud las demás provincias condóminas del río, cuyos gobiernos también se han visto sorprendidos por el descomunal aumento del presupuesto de la obra que se ha incrementado varias veces. Si la rentabilidad se llega a manejar con un enfoque meramente economicista el peligro potencial sería enorme. La sospecha se acrecienta con la pretensión de Mendoza de limitar solo a su territorio el estudio de impacto ambiental, oponiéndose al enfoque integral de unidad de cuenca que rige desde los orígenes del Coirco.
Al respecto también resultó muy llamativa la sorpresiva decisión de Nación de realizar su propio estudio de impacto ambiental en un plazo muy exiguo para semejante trabajo: apenas seis meses. La inesperada medida del gobierno nacional no puede menos que inquietar a nuestra provincia, que ya se ha visto marginada en otras iniciativas vinculadas a políticas hídricas desarrolladas en torno a los ríos interprovinciales.
Por otra parte sigue vigente la duda acerca de la postura que mantendrán las demás provincias condóminas con relación a la represa. El sinuoso aval otorgado a la construcción y a un estudio de impacto ambiental de dudosa rigurosidad alimenta la sospecha de que las razones políticas pesan más que las científico-técnicas.