Crónica de una condena anunciada

El tribunal que condenó al ex vicepresidente Amado Boudou y lo mandó inmediatamente a prisión nunca había adoptado una decisión semejante. En todas sus anteriores sentencias -sin excepción- jamás privó de la libertad a nadie al entender que las suyas son resoluciones de primera instancia y no condenas definitivas. Incluso frente a penas de mayor cuantía procedió de tal modo. Entre los ejemplos pueden citarse los fallos condenatorios a Carlos Menem y Domingo Cavallo por los sobresueldos; María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Juan Pablo Schiavi por el accidente de Once; los empresarios condenados por el tráfico de efedrina a penas de hasta once años entre muchos otros. No es el único tribunal que procede de tal forma. Hace pocos días en Río Negro siete policías fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de un trabajador golondrina y hoy todos ellos aguardan en libertad la apelación a la instancia siguiente.
Cuando una periodista consultó sobre esta notable diferencia la única respuesta del Tribunal Oral Federal 4 fue: “Cambiamos, éste será un caso bisagra”.
Este aspecto, nada menor, de la sentencia permite ver cómo está procediendo hoy la Justicia. La cara de quien esté sentado en el banquillo puede determinar el resultado de un fallo. Los sobreseimientos exprés que lograron Mauricio Macri en el caso del espionaje telefónico, Gabriela Michetti por los paquetes con dinero en su vivienda o Gustavo Arribas por los 800 mil dólares transferidos desde Brasil por motivos nunca investigados, son solo algunos ejemplos que muestran este estado de degradación.
El periodismo que siguió de cerca este juicio y no pertenece a las corporaciones mediáticas oficialistas -que festejaron la sentencia con inocultable fruición- registró varias inconsistencias en el desarrollo y en las conclusiones del jurado. Las imputaciones sobre el acusado no lograron ser comprobadas como tampoco las relaciones con las otras personas vinculadas a la causa. Ni siquiera el origen del dinero que, todo indica, lo aportó un banquero que no estuvo en el banquillo.
El “lawfare” -guerra jurídica- está hoy en pleno auge en Argentina y la región como mecanismo de persecución contra el “populismo” y sus representantes políticos. Lula en Brasil y Rafael Correa en Ecuador son otros casos muy conocidos. Recordemos que el exvicepresidente fue al artífice de la recuperación del sistema jubilatorio para el Estado que estaba en manos de las vampíricas AFJP. Ese atrevimiento es el que le están cobrando hoy al dirigente kirchnerista. Y lo están haciendo con especial ensañamiento. La “lección” debe ser aprendida por toda la clase política para saber cuál es el límite que no se puede franquear, cuáles son los intereses intocables para la política.
Uno de los jueces del tribunal -que aplicó la condena más severa y optó por la reclusión inmediata- había sido recusado por la defensa. El magistrado se encuentra en plena negociación con el Ministerio de Justicia para lograr un ascenso como camarista. Desde luego, el recurso fue denegado y el juez puede presentar ahora como una medalla ante el Ejecutivo su valioso servicio prestado.