Cuando el Estado es cómplice de la usura internacional

La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero que termina enriqueciendo al
prestamista y empobreciendo a quien toma el crédito.
MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE - La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: "tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley", (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En esa norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, "aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo".
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos la usura no ha tenido, por parte del Estado en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de manera preventiva. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos. Además se potencia en momentos de crisis económica como la que está viviendo el país.

Cultura especulativa.
Uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada "patria financiera" es la cultura de la especulación dineraria desmedida que fue aceptada con permisividad moral por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada "bicicleta financiera" funciona con más firmeza que en los años noventa y con mejores beneficios para los abusadores.
Asimismo, el Estado genera y propicia irresponsablemente situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y las empresas en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, muchas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar información sobre los intereses y los gastos administrativos abultados que cobran sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con modalidades usurarias. Los sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100 por ciento del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse. También distintos tipos de comercios, desde zapaterías a casas de artículos electrodomésticos entre otros, han adoptado engaños similares para otorgar créditos de consumo de sus productos. Esta modalidad tampoco es controlada debidamente por los organismos estatales pertinentes. Además, nadie investiga los depósitos de muebles que actúan como casas de empeño disfrazadas que cobran cifras desmedidas por lo que prestan, con la garantía del bien que se deja en guarda.
A estas modalidades hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial por el actual gobierno nacional que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura constituye uno de sus fundamentos. Se ha dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer astronómicamente la deuda sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, el gobierno solo se ocupa de refinanciar la deuda, tomada en dólares; deuda e intereses se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente que se extiende a perpetuidad. Ante la necesidad inexorable de Argentina de contar permanentemente con dinero, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más extremas.

Partícipes necesarios.
Esta situación se ve agravada en nuestros días a causa de la nueva crisis financiera. Por otra parte muchos de los funcionarios del gobierno nacional tienen sus dineros depositados en el exterior y han sido beneficiados con el alza del dólar. Algunos de ellos incluso son representantes locales de la usura internacional como los llamados "fondos buitres" que esquilmaron a la Argentina y que -sin saciarse nunca- inciaron nuevas demandas contra nuestro país.
El Estado no puede seguir siendo cómplice y partícipe necesario de la usura, y los que intervienen en representación de Argentina en las negociaciones no pueden seguir aceptando créditos usurarios.

*Abogado constitucionalista y ex juez federal.