Cuatro ex magistrados en el banquillo de los acusados

El noveno juicio en causas por delitos de lesa humanidad realizado en Córdoba tiene una particularidad. Es la primera vez que en el banquillo de los acusados se sientan cuatro ex magistrados, acusados de complicidad con el terrorismo de Estado.
IRINA SANTESTEBAN
Desde el primer juicio que condenó al genocida Luciano Benjamín Menéndez y a otros militares, en 2008, en los tribunales federales de Córdoba se realizaron ocho procesos por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Y en casi todos ellos Menéndez y sus subordinados -y en 2010 su jefe Jorge Rafael Videla- recibieron fuertes condenas.

Catorce condenas.
El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército acumula un récord de condenas: doce perpetuas y dos condenas a 15 y 25 años, aunque no todas fueron dictadas en Córdoba. Como se sabe, ese Cuerpo tiene jurisdicción sobre diez provincias, así que algunas de las sentencias fueron en procesos realizados en Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, etc.
En esta ocasión, no está el ex general en el banquillo, ni ninguno de sus subordinados de uniforme militar, policial ni penitenciario. Hoy son cuatro ex magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, que actuaron como sus cómplices para no investigar los crímenes cometidos a partir de 1976.
Son 75 víctimas de los 119 hechos que se imputan a Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Angel Puga (ex juez federal Nº 2), Carlos Otero Alvarez (ex secretario del Juzgado Federal Nº1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial). En 2012 habían sido imputados y procesados también Alí Fuad Alí (ex fiscal) y Luis Eduardo Molina (ex defensor oficial), pero ambos fueron apartados por cuestiones de salud.
Los cuatro nombrados enfrentan la acusación de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber investigado alevosos crímenes como el fusilamiento de 31 presos políticos y haber dado por válidas declaraciones sacadas en base a la tortura de los presos y secuestrados por fuerzas militares y policiales.

Con una venda en los ojos.
El caso de los 31 presos asesinados en diferentes tandas, previa salida de la UP1 o cárcel de San Martín, supuestamente para ir a declarar a Tribunales Federales y luego fusilados simulando enfrentamientos con comandos guerrilleros, fue amplia y documentadamente tratado en el juicio de 2010 que culminó con perpetuas para Menéndez y Videla. La lógica indicaba que en ese mismo juicio se debió incluir y considerar los cargos contra estos ex magistrados.
No fue así. Pertenecer o haber pertenecido a la "Sagrada Familia" -como se llama ese exclusivo círculo de poder de la Justicia Federal- tiene sus privilegios. De allí que sus casos no fueron juzgados junto con los de aquellos genocidas. Recién en agosto y septiembre de 2012 se les tomó declaración indagatoria y en algunos casos, como Otero Alvarez, fueron una cortísima temporada a la cárcel de Bouwer. Varios de los otros imputados ni siquiera eso, pues lograron la detención domiciliaria por razones de salud.

Mejor tarde que nunca.
Así puede decirse, buscándole el lado bueno a las cosas, que tras una larguísima demora, por fin está llegando el tren de la Justicia a estos ex magistrados que funcionaron como pata civil de la dictadura, sin la cual el andamiaje militar represivo no habría tenido tan rápido avance. Por ello, vale repetirlo, fue una dictadura militar y cívica.
Si bien los crímenes, los hechos y las pruebas son abundantes, como considera la Fiscalía, básicamente las mismas que condujeron a las perpetuas dictadas en 2010 a aquella dupla de generales, habrá que ver qué dice ahora el Tribunal Oral Federal Nº 2 respecto a estos ex funcionarios judiciales.
Además con el paso del tiempo, esta Justicia tan lenta, dictará su sentencia cuando Haro tiene 81 años de edad, Cornejo 80, Puga 72 y Otero Alvarez, 69. El paneo sobre cuatro ancianos puede ayudar a que sus condenas sean más benignas de lo que deben ser.
De todos modos no hay que adelantarse. Ayer comenzaron las audiencias en el TOF 2 de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino. Los fiscales son Carlos Gonella, de Justicia Legítima, joven fiscal con mucho conocimiento en estas causas por haber actuado en varias con anterioridad, y Facundo Trotta. Este reemplazó a Gonella durante dos años y tuvo un desempeño excelente en 2016 en la llamada Mega causa La Perla, concluida con duras condenas en agosto de ese año.
Ayer comenzó el juicio con una extensa lectura por secretaría de los cargos contra los cuatro acusados, tras lo cual se levantó la sesión, que se reanudará en la próxima audiencia.

Con poco espacio.
Lamentablemente el lugar elegido para el juicio es de dimensiones muy reducidas. Nada que ver con el amplio salón en el edificio de Tribunales Federales donde se realizaron otros juicios de estas características, y en el que podían acceder unas 150 personas o más como público. El de ayer era muy pequeño, al punto que el tribunal permitió el ingreso de 5 personas por las víctimas de la represión y otras 5 familiares de los acusados. Afuera, en un pequeño garage, se habían colocado unas quince sillas para que periodistas y público siguieran las alternativas en un televisor.
No obstante, la militancia de los organismos de derechos humanos nucleados en la Mesa de Trabajo, y algunos dirigentes políticos del kirchnerismo y de la izquierda (PC, PL, etc.), se hicieron presentes. El periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS, también estuvo entre los asistentes. Como siempre, había carteles y fotos de las víctimas de la represión colgadas en la puerta del tribunal, en particular uno más grande con los nombres y rostros de los 31 presos políticos masacrados con la venia de los ex funcionarios judiciales hoy acusados.

¿Será justicia?
Está previsto que las audiencias vayan avanzando hasta el 4 de septiembre próximo, fecha en la que se estima se producirán los alegatos de las querellas, las defensas de los imputados y la acusación de los fiscales Gonella y Trotta. Si esos plazos se respetan, se estima que en octubre o noviembre podría haber sentencia del TOF2.
A este proceso se lo conoce popularmente como la "causa de los magistrados", y sufrió constantes dilaciones desde que en 2008 la entonces jueza Cristina Garzón de Lascano sacó a estos imputados ex jueces del lote de los acusados del juicio que dos años más tarde terminó condenando a Menéndez y Videla.
Los cajoneos, recusaciones, apartamientos y dilaciones demoraron la causa cuatro años, hasta que en 2012 hubo toma de declaraciones indagatorias. Y desde entonces pasaron otros cinco años hasta el inicio del juicio. Así, los asesinatos de los presos políticos cometidos en 1976, aún tiene pendiente el juzgamiento y condena de estos ex jueces, a 41 años de producidos los hechos.
Ayer, entre los querellantes en esta causa estaba Luis "Vitín" Baronetto, ex preso político cuya esposa Marta, también presa, fue fusilada el 11 de octubre de 1976. Vitín fue el mayor impulsor de esta causa, desde el mismo momento en que salió en libertad y se recuperó la democracia.
Fue Baronetto quien denunció a Otero Alvarez en 2008, cuando paradojalmente era uno de los integrantes del TOF1, Tribunal que iba a juzgar a Menéndez por vez primera. Al final la querella de Hijos, temiendo la demora en el inicio de aquella causa, admitió que un funcionario tan cuestionado siguiera integrando el tribunal. Tras ese juicio, Baronetto continuó con sus justas denuncias y el acusado, buscando gambetear a la Justicia -también estaba denunciado ante el Consejo de la Magistratura-, se acogió a la jubilación en 2009.
Pero eso no le sirvió de mucho. Como se dijo, en 2012 fue indagado y fue por una corta estadía a la cárcel de Bouwer. Ahora llegó por fin el momento del juicio. ¿Será justicia?
Sería un gran premio para el esfuerzo de los familiares de los fusilados y para todas las víctimas de la represión ilegal y el terrorismo de Estado, en particular para la doctora María Elba Martínez, fallecida en 2013 y quien fuera una de las querellantes; también para Vitín Baronetto, quien nunca desfalleció en su reclamo. El pasado 24 de marzo había anunciado que el juicio oral en esta "causa maldita" iba a comenzar el 27 de abril. No fue así. Nuevas dilaciones lo estiraron hasta ayer, 25 de julio.
Como sea, por fin el Poder Judicial de Córdoba sienta en el banquillo a ex magistrados, como ya condenara en Santa Fe al ex juez Victor Brusa, y en Mendoza, con Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, ex magistrados condenados el año pasado.
Sólo así será justicia. No alcanza con condenar a represores de uniforme militar o policial, hay que hacerlo con los que usan caros trajes de doctores, empresarios, políticos. La dictadura fue militar y cívica, no hay que olvidarlo. Un gran mérito de este juicio será aportar a esa certeza.