Cumbres borrascosas

¿Cuándo fue la última vez que hubo ataques violentos a salas de teatro o de cine motivados por las obras que se exhiben al público? Hay que exigir bastante a la memoria para responder esa pregunta porque hace mucho tiempo que eso no ocurría en nuestro país. Hoy, con el macrismo en el gobierno, volvió a suceder. Un grupo de encapuchados atacó el cine porteño donde se estrenó el documental que narra los sucesos que condujeron a la muerte de Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería en la provincia de Chubut.
El dato no es menor y nos habla del clima que se respira en la Argentina de nuestros días.
El endurecimiento de las políticas represivas es un hecho imposible de ocultar. A los pocos meses de la muerte de Maldonado en Cushamen ocurrió la de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, en cercanías de Bariloche, esta vez bajo las balas de la Prefectura. Aún hoy sus homicidas están libres. Efectivos policiales han matado muchachos en el conurbano bonaerense y en el interior en episodios que muestran abuso de armas y, peor todavía, justificación y defensa de las máximas autoridades nacionales.
Se ha vuelto frecuente que las manifestaciones de protesta finalicen con demostraciones de brutalidad policial, redadas y detenciones masivas, como nunca se había visto desde la finalización de la dictadura hasta nuestros días.
La persecución por ideas políticas se ha reinstalado en el país. En numerosos organismos públicos han sido despedidos miles de trabajadores por portación de ideología: la llamada “grasa militante”. El último caso emblemático es el de Télam, con 257 periodistas cesanteados sin causa laboral.
Una atmósfera opresiva ha descendido sobre el país. Los dueños de un medio de comunicación no oficialista están detenidos sin condena. Lo mismo ocurre con varios ex funcionarios del gobierno anterior. Un diputado kirchnerista fue desaforado y encarcelado. Con imputaciones más graves una diputada macrista eludió tanto el desafuero como la cárcel.
Buena parte de la Justicia Federal se encuentra cooptada por el Poder Ejecutivo y sus operadores que, a la vista de todos, influyen en investigaciones, sentencias y en la instalación o remoción de jueces y fiscales. Un tribunal entero fue defenestrado por un fallo que no le gustó al gobierno: liberó a detenidos que “debían” permanecer tras las rejas.
Cuando las investigaciones apuntan al oficialismo, los operadores actúan cual comandos exprés. Un ejemplo obsceno es el relevo del fiscal que tenía a su cargo la investigación del escandaloso caso de los “aportantes truchos” que apunta a la plana mayor del macrismo de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Otro caso sublevante es el de Milagro Sala, perseguida en Jujuy por jueces y fiscales que son marionetas del poder político y le fabrican causas mediante la manipulación de testigos.
En este escenario el presidente de la Nación resolvió por decreto involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Esto también ocurre por primera vez desde el retorno de las instituciones democráticas.
Ser opositor, artista no complaciente, dirigente social o sindical que protesta, mapuche o músico callejero puede ser tarea de alto riesgo en estos días. Cuando le preguntaron a un veterano actor por el atentado contra el cine dijo: “siento miedo; me hace acordar a los tiempos del fascismo que creí superados”.