“Decisión política”

Si muchos pampeanos esperaban ver el apartamiento del ministro de Seguridad luego de que el TIP confirmara la sentencia de Cámara a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ocupar cargos públicos por abuso de autoridad, resultaron decepcionados. El gobernador lo ratificó en su cargo porque la condena aún no es definitiva y asumió que se trató de una “decisión política”.
El costo que está afrontando el jefe de gobierno al mantener al funcionario -cuestionado tanto por sus frondosos antecedentes como por su desempeño al frente de una policía que no para de cosechar críticas por sus abusos-, parece obedecer a la inminencia de las elecciones legislativas. El acuerdo electoral que anudaron los dos líderes políticos para los comicios de 2015 sigue vigente y puede advertirse en el gobernador, con esta medida, la intención de enviar una señal de que nada perturbará la unidad del justicialismo con la mira puesta en octubre.
El pragmatismo que caracteriza al PJ a la hora de construir sociedades para llegar al poder, o mantenerse en él, sigue mostrando el vigor de siempre. Cabe preguntarse si tendrá la misma eficacia adentro que afuera del partido. Santa Rosa, el enclave electoral más grande de la provincia no le ha sido siempre fiel al justicialismo. Ahora mismo está gobernada por un radical que, para más, defiende la alianza con Cambiemos.
Es seguro que las cabezas que piensan el ajedrez electoral -que no son pocas en el PJ- han determinado la conveniencia de mantener en el redil al condenado ministro. Y habrán considerado, también, que romper con él implica el riesgo de cederle una pieza al macrismo (las distancias ideológicas son muy cortas como para entorpecer ese salto). Pero también es cierto que el PJ no puede desdeñar el voto independiente si quiere asegurarse el triunfo frente a un adversario que tendrá todo el apoyo de Nación.
En estos términos, lamentablemente, parece jugarse la presencia de un condenado por abuso de autoridad en el gobierno provincial.

Tierra amontonada
La revelación del empresario que construirá el alteo del tramo de la ruta 35 que hoy está cortado entre Eduardo Castex y Winifreda dejó estupefactos a los pampeanos. Será una obra de tierra, sin alcantarillas, sin protección lateral para los vehículos y apenas de seis metros de ancho, lo cual reducirá notablemente su duración y podrá significar un peligro potencial para quien circule por allí. Cuando el contratista le advirtió a Vialidad Nacional que la obra “no será segura” la respuesta fue solo indiferencia.
A las pocas horas, dos declaraciones permitieron desentrañar este dislate. El gobernador de la provincia volvió a ratificar que en La Pampa no hay una sola obra pública iniciada por el gobierno central, en tanto, un diputado nacional del PJ se quejó por la discriminación evidente en la distribución del Fondo Hídrico de Infraestructura destinado a atender los problemas de las inundaciones que viene sufriendo buena parte del país. Nada menos que el 60 por ciento de esos recursos van para la provincia de Buenos Aires, mientras que menos del 2 por ciento va para Santa Fe y nada para Chubut que fue severamente castigada por las últimas grandes lluvias.
Queda muy claro que a la hora de distribuir los fondos para atender la emergencia hídrica no todas las jurisdicciones son medidas con la misma vara. “Látigo y billetera” vociferaban los medios porteños cuando acusaban al gobierno anterior. Ahora estos aliados del actual gobierno ya no dicen nada aunque el sistema sigue siendo, exactamente, el mismo: para las provincias del macrismo, o dóciles a sus mandatos, las “atenciones” no paran de llegar; en cambio para las otras las cosas son muy distintas.
Lo dicho: ahora se entiende mejor por qué el alteo de la ruta 35 será, apenas, un poco de tierra amontonada que durará lo que un suspiro.