Deuda pendiente en la justicia civil

Aún cuando el problema está lejos de ser resuelto -ni siquiera atemperado- es indudable que en el país crece cada vez más la conciencia sobre la gravedad de la problemática de los accidentes tránsito, y su triste secuela de muertes y discapacidades. Gracias a la acción del Estado y de distintas organizaciones no gubernamentales, se realizan campañas de concientización, se modifican leyes, se revisan criterios judiciales, se agravan las responsabilidades penales, todo en pos de disminuir la cantidad de siniestros viales.
Sin embargo, mientras ese ansiado objetivo se demora, no parece prestarse tanta atención a la problemática de las víctimas que siguen quedando en el camino. ¿Están los sistemas de salud preparados para lidiar con esta emergencia? ¿Cuál es la actitud de las obras sociales, las compañías de seguro, las ART? Se habla poco de estos actores responsables, como se habla poco de las estructuras judiciales, como no sea para reclamar mayores penas a los infractores.
Pocos saben, por ejemplo, que en nuestro medio, los juicios civiles que tramitan reclamando el resarcimiento de los daños ocasionados por accidentes de tránsito están sufriendo demoras de meses y hasta de años. ¿La causa? un sistema de designación de peritos que está virtualmente colapsado, al punto tal que -tras el fallecimiento de dos profesionales de larga actuación en la materia- no existen médicos traumatólogos inscriptos en las listas del Superior Tribunal.
En nuestra jurisdicción no existe un cuerpo de médicos forenses para el fuero civil, sino un sistema voluntario de inscripción de especialistas, donde hoy por hoy se verifican faltas en gran cantidad de especialidades médicas. En el caso de los accidentes de tránsito, para cuantificar el daño sufrido por una persona, es esencial el dictamen de un perito médico, que debe ser designado por el propio juzgado.
La falta hasta ahora viene siendo suplida muy deficientemente por la imposición a los interesados de la búsqueda de médicos dispuestos a realizar la tarea, que por cierto escasean. Las retribuciones magras y tardías, y la dificultad de los médicos para lidiar con las formalidades y complejidades del mundo judicial, los disuaden de involucrarse en la tarea de impartir justicia.
Desde luego, si desde el Poder Judicial se hiciera algún esfuerzo por coordinar estas problemáticas con los colegios profesionales, se designara personal para la atención de las inquietudes de los peritos sobre el funcionamiento del aparato jurídico, y se previera algún sistema eficiente para atender el pago en términos aceptables de estos servicios, buena parte de estas dificultades tendería a desaparecer.
Lamentablemente, ello está lejos de ocurrir. Y es que el Superior Tribunal de Justicia, pese a haber sido advertido reiteradamente al respecto, no parece percibir a los peritos como parte sustancial de la administración de justicia, ni toma nota de las notorias demoras que este sistema colapsado está causando a los justiciables.
Según firma uno de sus miembros en una nota reciente, “el deber de proveer los medios de prueba en los procesos contenciosos constituye un imperativo del propio interés, resultando ineludiblemente responsabilidad de quien intente valerse de ella, sin imperativo legal que imponga obligación en tal sentido al Poder Judicial”.
Se trata, desde luego, de un lamentable error. El de acceso al servicio de justicia, sin discriminaciones ni demoras injustificadas, es un derecho humano básico, consagrado en todos los tratados internacionales. Un derecho al que, hoy por hoy, los pampeanos ven gravemente impedido el acceso.