Dictan prisión para jueces cómplices con la dictadura

La semana pasada quedaron presos cinco ex magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, acusados de complicidad e incumplimiento de sus deberes, en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
IRINA SANTESTEBAN
Gran revuelo hay por estos días en el edificio de los Tribunales Federales de Córdoba, en el Parque Sarmiento de esa ciudad, por las detenciones producidas en la llamada “Causa de los magistrados”.
Este proceso nace luego de varias recusaciones planteadas por las querellas en el juicio que se desarrolló el año pasado, por los fusilamientos ocurridos durante 1976, de veintinueve presos políticos que se encontraban detenidos en la Unidad Penitenciaria 1, de barrio San Martín.
Las detenciones comenzaron el pasado lunes 27 de agosto, cuando el juez federal de La Rioja y subrogante del Juzgado Federal 2 de Córdoba en esta causa, Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó la detención del ex juez federal Miguel Angel Puga, acusado de no haber investigado delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, cuando era magistrado. Puga fue inmediatamente trasladado a la cárcel de Bouwer.
Esta causa se caratula “Cornejo, Antonio Sebastián y otros por supuesta infracción a los artículos 248, 274 y 277 del Código Penal”. Y sufrió muchas dilaciones, principalmente por los continuos apartamientos por “amistad” que planteaban los jueces federales de Córdoba, a medida que el expediente iba recayendo en sus juzgados.
A tal punto llegaron estos apartamientos, que finalmente tuvo que tomar la brasa caliente un magistrado de La Rioja, Herrera Piedrabuena, quien ordenó durante toda la semana pasada las cinco detenciones que produjeron una conmoción en los Tribunales Federales cordobeses.

Más arrestos.
Luego de la detención de Puga, le siguieron el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro y finalmente le llegó el turno al ex camarista federal Carlos Otero Alvarez.
En el caso de Puga y Cornejo, se los acusa de no haber investigado los crímenes de José Moukarzel y Miguel Mozé, asesinados cuando estaban detenidos a disposición del Juzgado Federal de Córdoba en la UP 1.
Otero Alvarez, por su parte, es el más complicado en la causa, porque se lo acusa de 94 hechos, cometidos mientras se desempeñaba como secretario del juez Federal Adolfo Zamboni Ledesma, ya fallecido, pero considerado uno de los emblemas de la complicidad judicial en Córdoba con la dictadura militar-cívica.
Los cuestionamientos a Otero Alvarez señalan que “habría adoptado un rol absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas al momento de recibir declaraciones indagatorias y declaraciones testimoniales”.

Funcionales.
El Consejo de la Magistratura, al momento de expedirse sobre su caso, dijo que “Otero Alvarez habría autorizado el traslado de detenidos sin contar con la orden del magistrado”, traslado que era “funcional a las prácticas de torturas y homicidios perpetradas por funcionarios policiales”.
Este magistrado se jubiló en 2009 como vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, mientras que el ex defensor Ricardo Haro se retiró como camarista federal. Haro había sido designado en 2002, por decreto del ex presidente Eduardo Duhalde, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los querellantes en esta causa son Luis Miguel Baronetto, y los abogados Miguel Angel Ceballos y Rubén Arroyo. Ceballos es hijo de uno de los detenidos fusilados en la cárcel de barrio San Martín.
Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, fue prisionero político durante la dictadura militar, y su mujer, Juana González, fue una de las presas políticas asesinadas en la UP 1.

Importancia.
En declaraciones al diario El Comercial de Formosa, Baronetto destacó la importancia de esta investigación judicial sobre la actuación de la propia Justicia durante la dictadura militar.
“Costó mucho tiempo instalar la idea de que la complicidad era parte necesaria del terrorismo de Estado”, señaló, y agregó que “el accionar de los ejecutores no podría haberse realizado sin la participación activa de ese brazo tan importante como lo era el de la Justicia Federal, más cuando las personas estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia”.
Baronetto fue el primero que recusó al hoy ex camarista federal, Carlos Otero Alvarez, en 2008, en ocasión del primer juicio al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, hoy con seis condenas perpetuas por delitos de lesa humanidad.
Esta actitud de Baronetto en su momento provocó una división en los organismos de derechos humanos, pues algunos abogados y familiares de las víctimas no veían bien que se plantearan recusaciones por el riesgo de que provocaran más dilaciones a los juicios por los crímenes de la dictadura militar.
En aquel momento, se desistió de esa recusación, y entonces Otero Alvarez formó parte del Tribunal Oral Federal 1, junto con Jaime Díaz Gavier y Vicente Muscará, que en 2008 juzgó y condenó a prisión perpetua y en cárcel común al ex general Menéndez en la “causa Brandalisis”.

Procedencia.
En abril del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, resolvió favorablemente la procedencia de la investigación a ex magistrados y ex funcionarios judiciales que, habiendo actuado como tales durante la dictadura militar, hubieran incumplido con su obligación de investigar y perseguir penalmente a quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos en esa época.
Esta resolución destaca que ha habido un gran avance en el mundo en materia de protección de los derechos humanos, y en consecuencia “puede colegirse, sin lugar a dudas, la intención de la comunidad internacional de castigar tanto la ejecución del acto como los actos preparatorios, así como también toda forma de complicidad en la perpetración de aquellos”.

Defensores.
La “Causa de los magistrados” tiene más de cien ex magistrados y ex funcionarios judiciales, acusados de dictar resoluciones inconstitucionales o contrarias a las leyes, así como por haber omitido investigar las denuncias que les efectuaban los prisioneros políticos, sobre los tormentos a los que eran sometidos durante su detención, siendo que se encontraban a disposición de la Justicia y por ende, esos funcionarios eran responsables de su custodia.
En medio del “estrepitus fori” causado en los Tribunales Federales cordobeses por estas detenciones, no faltaron sus defensores.
El camarista Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal 1, que dictó la primera condena contra Menéndez, defendió a Otero Alvarez, afirmando que es un hombre “de bien” y de “conducta intachable”.
El camarista dijo estar “muy dolorido” por la situación de Otero Alvarez, y expresó su certeza de que las acusaciones son “infundadas”, y que el ex magistrado hoy detenido no fue cómplice de la dictadura militar.
En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, pidió “distinguir absolutamente la responsabilidad institucional de los jueces, que sí tienen capacidad de decisión y que eran quienes en definitiva recibían a través de declaraciones de los detenidos y acusados en esa época, cuando tenían la suerte por cierto de ser detenidos y acusados, y no simplemente desaparecidos”.
Estas afirmaciones, expresadas por una de los más altos magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, le hacen un flaco favor a las causas que están llevándose adelante en esos Tribunales, máxime cuando provienen de uno de los jueces que ha intervenido en varios de los juicios por los crímenes de lesa humanidad.

Cuestión de familia.
La “Sagrada familia”, como denominó el periodista cordobés Sergio Carreras a los integrantes de la Justicia Federal de Córdoba, es capaz de juzgar y condenar a genocidas, pero no tolera que se investigue y mucho menos se detenga a sus integrantes, aún cuando las pruebas de su complicidad con esos crímenes, sean abundantes y contundentes.
El querellante Miguel Ceballos pidió que Díaz Gavier se llame a silencio y no interfiera en forma corporativa en esta causa; y que en todo caso, si quiere defender al detenido Otero Alvarez, que renuncie como camarista y sea su abogado defensor.
También hizo oír su voz el camarista José María Pérez Villalobos, quien, a diferencia de su par Díaz Gavier, dijo que ni la Justicia ni la Iglesia habían hecho una verdadera autocrítica por su papel en la dictadura militar.