Economía sigue dando pésimas señales al común de la gente

LA SEMANA POLÍTICA

Emilio Marín – El Indec informó que la tasa de desempleo había aumentado al 9,3 por ciento. Y que en consecuencia hay 1.550.000 desempleados a nivel nacional, con todo lo que eso implica. No son casualidades. Macri lo hizo.
Esta vez el gobierno no podía echarle a culpa a Cristina, la herencia recibida ni a las dudosas amenazas anónimas que dicen haber recibido Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
No. Esta vez el golpe en el mentón se lo dio el Indec intervenido por esa nueva administración y que por eso mismo enmudeció en los primeros meses con la excusa de la regeneración. El Instituto dio a conocer su Encuesta Permanente de Hogares sobre una treintena de ciudades, que proyectado a nivel nacional arrojó una tasa de desempleo del 9,3 por ciento. Equivale a algo más de 1.5 millón de desempleados, a los que hay que sumarles otra legión de personas que trabajan menos horas de lo que quisieran, por las limitaciones del mercado laboral exacerbadas por los ajustes macristas.
Hay que remontarse a más de diez años hacia atrás para dar con una marca tan negativa en lo económico-social. En cambio la última medición del gobierno de CFK, en 2015, había arrojado una marca del 7 por ciento de desempleo, por lo que ahora en sólo seis meses -el dato del organismo de Jorge Todesca se refiere a junio pasado- se añadieron 2,3 puntos porcentuales.
Como la cuesta abajo siguió profundizándose en julio y lo que va de agosto, es legítimo suponer que el índice actual ya es de dos dígitos, superior al 10 por ciento. Como el presidente siempre busca un atajo para escapar de la realidad, su comentario sobre el particular fue que lo preocupante no sería tanto la tasa de desocupación sino que sólo trabaje el 40 por ciento de la población. Como si ambos porcentajes no fueran diferentes maneras de expresar la misma y preocupante realidad.
Como la marca kirchnerista del desempleo en 2015 era bastante inferior, el discurso de la “pesada herencia” no tiene ningún sostén. También en este tópico el grueso de los argentinos estaba mejor en esos años. Los lamentables registros que ahora reveló el Indec no nacieron de la casualidad sino la consecuencia inevitable de una concatenación de causas y efectos determinadas por las políticas económicas de Macri. El auge del desempleo en la órbita estatal y privada, la disparada de la inflación, el parate de la obra pública, los brutales tarifazos y la apertura generalizada de la economía a la importación, más los súper anchos márgenes de rentabilidad que dejan los negocios financieros, incidieron en esa marca de pesadilla para tantos hogares. Queda claro que no se trató de una mera casualidad o coincidencia sino el resultado de decisiones oficiales que se sabía iban a provocar ese saldo negativo.

Pruebas varias.
No vaya a creerse que las informaciones sobre pérdida de empleos son invención del Indec, el menos interesado en minarle el terreno al presidente.
Son datos objetivos, con un margen de error como suelen tener todos los estudios. Y desde la vida económica-laboral siguen llegando noticias en la misma y triste dirección, por caso las nuevas suspensiones de miles de obreros de la industria automotriz cordobesa en Fiat, Renault y Volkswagen, que van a durar los próximos dos meses como mínimo. Luego de eso, si no hay solución con una mayor demanda del mercado y de la exportación, muy frenada por el parate de Brasil, pueden llegar en forma de lluvia los odiosos telegramas de despidos.
Los industriales que apoyan al gobierno del PRO-Cambiemos, como los integrantes de cámaras reunidas por el Council of Americas en un hotel de Buenos Aires, confesaron mucha simpatía por el curso adoptado por Macri pero que aguardan mejores resultados para 2017. El famoso “segundo semestre” se hizo humo.
Entre los popes del empresariado que admiten no habrá mejoría hasta el año entrante está Cristiano Rattazzi, de Fiat, uno de los que incumplió la tregua de 90 días donde supuestamente respetarían los puestos de trabajo, según el papel mojado que firmaron en Balcarce 50.
El Estado seguirá drenando al menos otros 10.500 empleados públicos a los que no se les renovará el contrato, según adelantó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Llegado a este punto se empieza a clarificar adónde apunta el gobierno con tantas disposiciones que fomentan directa e indirectamente un mayor desempleo. El objetivo no es otro que bajar “el costo argentino”, con disminución del nivel salarial pagado y flexibilizando el empleo. El ministro de Trabajo Jorge Triaca, que niega enfáticamente que se hayan producido mermas salariales que ameriten la reapertura de paritarias, estaría elaborando el borrador de una flexibilización del empleo.
El ministro Francisco Cabrera, ex CEO de una AFJP, planteó reducir el costo del empleo. Y no hay que remontarse a más funcionarios sino directamente a declaraciones del presidente, para echar luz sobre su objetivo antisalario. Desde la planta de un laboratorio, Macri se quejó de los trabajadores que ponen palos en la rueda, que faltan sin razón a su empleo y que promueven la llamada “industria del juicio”.
El Ejecutivo aseguró que con su giro copernicano respecto a la gestión lloverían inversiones de miles de millones de dólares, un fenómeno que no se verificó. Ahora, pulverizado ese voluntarismo alienado de la realidad, están buscando crear las mejores condiciones para captar esas inversiones. Y a tal efecto antisocial la mejor carnada es aplanar los salarios, en un marco adverso caracterizado por la merma o eliminación de subsidios varios, entre ellos los que existían en energía y transporte.
Hoy la tasa de desempleo es del 9,3 por ciento, pero en ciudades como Rosario, Mar del Plata y Córdoba, es del 11,7, 11,6 y 11,5 respectivamente. Son valores similares a los vigentes en el conurbano bonaerense. Si esos guarismos se elevan hasta el 15 por ciento o más, entonces a las grandes patronales y el gobierno afín les será perfectamente posible recortar salarios y flexibilizar el empleo. Es que circundados por un mar de desocupados y subocupados, a los trabajadores ocupados se los apremiará con que son y serán afortunados si simplemente conservan el trabajo, y deben aceptar se les succione una mayor cuota de plusvalía bajo la fuerte presión de tanta gente que quiere desplazarlos y emplearse allí por menos dinero y estabilidad.
El único descargo presidencial es que la inflación irá disminuyendo. En esto es fiel al libreto de Menem y Cavallo, que también se vanagloriaban de esa baja, en medio del desempleo, la pobreza y una crisis que reventó en 2001.

¿Quiénes son animaloides?
Fiel al libreto oficialista que a lo sumo admite la versión menemista de “estamos mal pero vamos bien”, el gobierno no quiere rectificar rumbos ni siquiera en los rubros donde tuvo un aplazo memorable, caso del tarifazo del gas.
Su idea es ir finalmente a la audiencia pública del 16 de setiembre para cumplir las formalidades y tratar de burlar la resolución de la Corte Suprema que habilitaba discutir en ese ámbito el precio del gas en boca de pozo. El gobierno rechaza visceralmente tal debate porque quiere que ese asunto lo decida sólo en conciliábulos con los pulpos petroleros y gasíferos, con la transferencia de miles de millones de dólares que el tarifazo suponía.
Abrir la válvula de escape a la bronca contenida mediante audiencias limitadas, sólo podría darle un poco de tiempo al presidente y su ministro de Energía Juan J. Aranguren, gran responsable del desbarajuste. Si insisten en cobrar enormidades, aunque las reduzcan respecto a los anuncios de abril, eso no calmará las aguas ya encrespadas que se vieron en los dos ruidazos masivos en el orden nacional. Si creen que pueden aflojar un par de meses a los consumos residenciales y cobrar de prepo a Pymes, industrias y clubes de barrios, quiere decir que no han tomado debida nota del fallo de la Corte. Es que éste les abrió a estos consumos no particulares la vía de presentaciones judiciales similares a las de Cepis y otras entidades. O sea que en pocas semanas más esas miles de Pymes también podrían tener fallos favorables para frenar las facturas delirantes de Aranguren.
Eso que dispuso el ex CEO de Shell con todo el apoyo del ex CEO de Socma, o sea “Mauricio, que es Macri”, como solía ironizar Néstor Kirchner, ha sido una animalada.
Una columna contra “la fornicación”, del obispo de La Plata, Héctor Aguer, en el diario El Día, se despachó en estilo troglodita contra la homosexualidad, el sexo de los atletas en los Olímpicos por la cantidad de preservativos repartidos, las diminutas mallas, los juegos eróticos, el derecho de adopción de miembros de matrimonios igualitarios, etc. Para él la masturbación es una práctica “animaloide”. Las opiniones de monseñor fueron “animaloides” o propias de personas muy primitivas que vivieron varios siglos atrás.
Para el cronista, animaloide es la cartera de Energía que ordenó tarifas con salvajes aumentos. Animaloide es la ministra Patricia Bullrich, que ordenó a Gendarmería una violenta represión en la autopista Buenos Aires-La Plata contra desocupados de la CTD Aníbal Verón. Animaloides son los autores de un plan económico al servicio de los monopolios, que elevó la cuenta de desocupados a más de 1.5 millón de argentinos.

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