Edificio vallado y voces excluidas

Todo el procedimiento de la audiencia pública por el tarifazo al servicio de gas natural desnudó la escasa vocación democrática del gobierno. En verdad, la audiencia tuvo lugar no por voluntad propia del Ejecutivo nacional sino porque lo obligó la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tuvo que intervenir ante el vendaval de recursos de amparo presentados en juzgados federales todo el país a causa de que el gobierno lanzó un descomunal aumento en el valor del gas, de una magnitud nunca vista en la historia del país y, como si no fuera suficiente, lo hizo sin cumplir con un requisito legal: las audiencias públicas para informar a la población.
El macrismo, siempre muy dispuesto al autoelogio y a presumir de su apego a las formalidades republicanas, ha exhibido en los hechos actitudes que chocan de frente con su discurso. Este aumento tarifario lo volvió a dejar al descubierto. Primero por su inicial negativa a formalizar las audiencias, y después, ya obligado a realizarlas por la Corte Suprema, por apelar a una metodología que no se destacó, precisamente, por su estímulo a la participación.
Todos las acusaciones de “autoritarismo”, de “no respetar las formas”, de “indiferencia por las opiniones ajenas” que el macrismo desde la oposición disparaba contra el gobierno anterior se han vuelto como un búmerang contra su propia gestión. Ahora, ya en el poder, está haciendo todo lo que le reprochaba al kirchnerismo. Con un agravante: tiene de su lado la formidable maquinaria propagandística de los grandes medios que invisibilizan las voces que molestan y menoscaban las manifestaciones críticas.
En Santa Rosa provocó justificada indignación la exclusión del abogado que más se interesó por el tema y más acciones promovió en defensa de los consumidores. Fue el primero en inscribirse y, a pesar de ello, lo eliminaron de la lista de oradores y le cerraron el ingreso a la sala de deliberaciones. Ni siquiera recibió una explicación por ese insólito maltrato. A un diputado provincial no le fue mejor cuando pretendió entrar a la audiencia. A pesar de su investidura y su calidad de representante del pueblo pampeano tampoco pudo trasponer el vallado.
Nuestra ciudad no fue la excepción. En todas las sedes habilitadas en el país se registraron escenas similares que motivaron airadas protestas. La mayoría de los silenciados fueron representantes de asociaciones de usuarios, lo cual da una idea cabal del perfil de la censura aplicada.
Es evidente que esta audiencia constituye un trago muy amargo para el gobierno pues tiene que dar explicaciones sobre su política tarifaria y no son precisamente buenos argumentos los que tiene a su favor. Todo se reduce a la voluntad de quitar los subsidios a los consumidores y, como contracara, aumentar abruptamente el precio que se le paga a las grandes compañías gasíferas sin una clara justificación salvo la de incrementar sus utilidades. Según un informe del FMI en la mayoría de los países del mundo -EE.UU. y Europa incluidos- se pagan subsidios al gas, incluso más altos que en el nuestro. Quizás para no escuchar este tipo de testimonios es que se vallaron edificios y se silenciaron voces.